Greenpeace y el OGACLI denuncian que el proyecto de Ley del Clima de Galicia apenas reforzaría la lucha contra la crisis climática

Coincidiendo con la semana final de la conferencia climática de Belém do Pará (COP30), Greenpeace y el Observatorio Galego de la Acción Climática (OGACLI) reclaman una Ley del Clima de Galicia ambiciosa. Para las organizaciones, el proyecto de ley actualmente a debate en el Parlamento de Galicia carece de los objetivos y medidas necesarias para acelerar la reducción de las emisiones gallegas de gases de efecto invernadero, que siguen siendo superiores a la media española en términos per cápita (1). 

El mayor defecto del proyecto de Ley del Clima de Galicia presentado por la Xunta es la ausencia de metas e instrumentos para promover un rápido abandono del uso de combustibles fósiles, origen del 72 % de las emisiones brutas de nuestro país (2023) (2). La desvinculación entre la política climática y la energética se consagra con el cambio de nombre del actual Plan Regional de Energía y Clima, que pasará a llamarse de Acción Climática. 

“Resulta sorprendente y, por supuesto, censurable que el texto de Ley del Clima no mencione ni una sola vez los combustibles fósiles y no aborde la transición energética. La Xunta debería saber mejor que nadie que la dependencia de Galicia de la importación de combustibles fósiles es muy significativa y que no se puede avanzar en una transición real sin abrir un debate social sobre la planificación del abandono de la energía fósil en todos los sectores”, afirman las organizaciones.

Según Greenpeace y el OGACLI, la principal acción climática a impulsar, que no la única, es una transición energética rápida y justa para alcanzar un sistema energético gallego 100% renovable antes de 2040. Para eso, es fundamental planificar el fin del sector energético fósil (refinería, centrales de gas fósil, regasificadora) e impulsar tanto el desarrollo responsable de las energías renovables como una mayor electrificación de la economía. El proyecto de Ley del Clima pasa totalmente de perfil por estas cuestiones, a pesar del estancamiento actual de la transición energética en Galicia (3). En los últimos años, el único avance importante ha sido el cierre de las centrales de carbón, causa principal de la caída del 39 % de las emisiones de gases de invernadero entre 2018 y 2023.

Las organizaciones también denuncian que la falta de medidas para desbloquear e impulsar la transición energética, junto con la no definición de objetivos para la reducción de las emisiones brutas y las absorciones netas de carbono en el sector “Uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura”, restan credibilidad a la meta de la Xunta de lograr la neutralidad climática (emisiones netas cero) en 2040 (2). Una meta que sí supone un avance con respecto al anteproyecto de ley sometido a consulta pública en 2023, que retrasaba el objetivo a 2050, y que las organizaciones celebran.

Otras carencias notables del proyecto de ley tienen que ver con la falta de determinación  de medidas sectoriales para la mitigación y adaptación al cambio climático, la no aplicación de instrumentos de fiscalidad verde, el olvido de la transición justa o la escasa promoción de la educación ambiental y de la participación ciudadana.

Greenpeace y el OGACLI también llaman la atención sobre algunos retrocesos del actual texto con respecto al anteproyecto de ley de 2023. Por ejemplo, ha desaparecido el deber de establecer presupuestos de carbono para períodos de cinco años, la integración de la perspectiva climática en las políticas sectoriales (transporte, energía,…) ha pasado de tener poca concreción a no tener ninguna y se han eliminado los programas de descarbonización de las administraciones públicas.  

Los únicos avances para la lucha climática a destacar son la creación de la Oficina Gallega de Cambio Climático, que no estaba prevista en el anteproyecto de ley, y la regulación de la contratación pública verde, derivada de la normativa europea. No se puede considerar un avance la creación de un mercado voluntario gallego de carbono al servicio del lavado verde empresarial y de la promoción de las plantaciones forestales. 

“El proyecto de Ley del Clima de Galicia, de no ser objeto de mejoras importantes durante su tramitación parlamentaria, será un instrumento muy poco útil para la reducción de las emisiones de gases de invernadero y la adaptación a la crisis climática en Galicia”, concluyen las organizaciones.