Greenpeace pide el fin de la impunidad para las multinacionales por agresiones a las personas y al planeta

© Greenpeace / Ex-Press / Flurin Bertschinger

Un informe de Greenpeace recopila 20 casos que evidencian las lagunas legales ante las agresiones al medio ambiente y los derechos humanos, incluyendo el caso de una filial del grupo español ACS

Greenpeace propone diez principios fundamentales necesarios para evitar que las empresas cometan estos abusos

A cinco días del comienzo de la Cumbre de Davos en Suiza (1), Greenpeace denuncia la impunidad bajo la que operan las grandes multinacionales y ha recopilado una serie de casos en un informe que demuestran la falta de responsabilidad cuando sus actividades provocan abusos medioambientales o humanos.

Para llamar la atención sobre esta situación, activistas de Greenpeace Suiza han instalado esta mañana en las afueras de Davos una estatua de seis metros de altura que representa la figura de la diosa Justicia. 

El informe, titulado Justicia para las personas y el planeta, documenta las profundas raíces estructurales de las violaciones ambientales y de los derechos humanos cometidas por las grandes corporaciones del planeta y realiza una propuesta de diez principios fundamentales necesarios para evitar estos abusos. 

Greenpeace insta a los Gobiernos a imponer reglas efectivas y vinculantes a las corporaciones para que sean responsables de sus acciones hacia las personas y el planeta. El informe expone 20 casos que ilustran cómo las corporaciones han configurado un marco regulatorio internacional favorable a sus intereses; tienen gran influencia en ámbitos de decisión política; propician las puertas giratorias; favorecen acuerdos comerciales y de inversión y ponen barreras a la justicia internacional, con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los derechos humanos y el medio ambiente. El informe denuncia que detrás están los gobiernos, quienes en lugar de imponer normas y leyes, se han convertido voluntaria o involuntariamente en cómplices de esta arquitectura de la impunidad. 

ACS, bajo la lupa

Entre los 20 casos de estudio expuestos en el informe, destaca el caso del Grupo Cobra, filial del grupo español ACS, por su participación en un proyecto hidroeléctrico en Guatemala que ha causado un grave impacto medioambiental y sobre las comunidades locales, y del que ha salido impune hasta ahora. También aparecen las actividades de Monsanto en México, que han tenido un grave impacto en la población y la riqueza naturaleza del país. Pero además aparece el escándalo del  “Dieselgate” que permitió que Volkswagen escapara impune en Europa, mientras que fue multado con miles de millones en los EE. UU., o también cómo el gigante papelero Resolute Forest Products ha utilizado denuncias por difamación (conocidas como SLAPP, Strategic Lawsuit against public participation) como forma de intentar acallar las voces críticas, o el de las 47 empresas más contaminantes demandadas en Filipinas.

Para Greenpeace, el caso de ACS es especialmente significativo porque ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles estándares y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero en calidad de subcontratas. La subsidiaria de ACS, Grupo Cobra, ha participado en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros. 

Además de los graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. Y la reducción drástica del caudal del río ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí. La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo argumentando que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, quien era en última instancia la responsable del proyecto.  

Estos 20 casos exponen el comportamiento deshonesto de las grandes corporaciones en relación al cambio climático, la deforestación, la contaminación, las violaciones de los derechos indígenas, la represión contra las ONG y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, la evasión fiscal, la corrupción, la manipulación fraudulenta del debate público, etc. 19 de las empresas mencionadas en el informe son socios o participantes en el Foro Económico Mundial (2). 

Principios de Responsabilidad Corporativa

Greenpeace demanda en su informe hacer responsables a las empresas y las personas de las violaciones ambientales y de los derechos humanos que cometan tanto en su país de origen como en el extranjero a través de empresas bajo su control y prohibir a las empresas llevar a cabo actividades en el extranjero prohibidas en su país de origen por razones de riesgo para los derechos humanos o ambientales.

«En Davos, la élite mundial se reúne para hablar del futuro de la economía, pero la verdadera agenda de las multinacionales sigue siendo la expansión de su poder y sus beneficios a costa de los ciudadanos y el medio ambiente. Si queremos proteger nuestro frágil planeta, necesitamos justicia corporativa”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.