La Alianza Cero Deforestación exige la urgente aprobación de la ley española que implemente el Reglamento Europeo contra la deforestación
Organizaciones sociales, sectores empresariales y grupos parlamentarios en el Congreso coinciden en la urgencia de actuar para garantizar cadenas de suministro de materias primas libres de deforestación y proteger los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales.
Ayer, 12 de mayo, el Congreso de los Diputados acogió la jornada ‘Un futuro libre de deforestación’, organizada por la Alianza Cero Deforestación (coalición de 12 organizaciones ambientales y de consumidores), donde se debatió la implementación en España del Reglamento europeo contra la Deforestación (EUDR 2023/1115). El evento contó con la participación dela Subdirectora General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de los grupos parlamentarios en el Congreso, representantes de sectores productivos y miembros de la sociedad civil de países afectados por la deforestación (como Brasil), quienes coincidieron en la necesidad de aprobar en el Congreso una ley ambiciosa y con recursos suficientes para aplicar esta normativa esencial y salvaguardar la biodiversidad del planeta.
• Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, debido fundamentalmente a la expansión de la agricultura industrial en manos de grandes empresas.
• La deforestación es responsable del 11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
• El 40 % de las importaciones españolas de materias primas como soja, carne, caucho o aceite de palma proceden de regiones con alta deforestación (datos de WWF, 2024).
Un marco histórico, pero insuficiente sin acción inmediata
El EUDR, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Europeo en 2023, prohíbe la entrada en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación o al incumplimiento de las leyes nacionales. Sin embargo, su éxito depende del desarrollo de una legislación efectiva en España.
Durante la jornada, se destacó que el gobierno debería:
1. Llevar al Congreso en los próximos meses el anteproyecto de ley estatal de productos libres de deforestación que garantice la aplicación homogénea del EUDR, con mecanismos de control y sanciones efectivas.
2. Dotar de recursos a las administraciones para supervisar cadenas de suministro y asegurar la trazabilidad.
3. Seguir manteniendo el diálogo en el Estado español con las asociaciones sectoriales y sindicatos afectados –de las cadenas de suministro de soja, aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao y caucho– para ampliar el conocimiento de la norma entre los sectores productivos, facilitar su cumplimiento a través de la formación o incrementar la digitalización en estos sectores.
4. Cooperar con los países productores para proteger los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, actores clave en la conservación de los bosques, así como colaborar con la pequeña producción de café, cacao, soja, aceite de palma, etc con el fin de que pueda formar parte de las cadenas de suministro libres de deforestación.
5. Evitar retrocesos en el alcance y objetivos de la norma, mejorando su ambición climática y social, sin dejar a nadie atrás.
Llamamiento a la coherencia política y empresarial
«El tiempo de las declaraciones ha terminado. España debe liderar esta transición con hechos», han señalado desde la Alianza Cero Deforestación. «Exigimos al Gobierno que priorice esta ley en la agenda parlamentaria para que esté aprobada antes del verano y que las empresas asuman su responsabilidad en la transformación de sus cadenas de valor».
La jornada cerró con un mensaje claro: la deforestación importada es un problema global enorme y su solución requiere voluntad política, colaboración e implicación de los sectores afectados y movilización ciudadana.
Próximos pasos
La Alianza Cero Deforestación anunció que intensificará su labor de incidencia ante el Gobierno y el Congreso de los Diputados, y anima a los medios de comunicación a vigilar este proceso decisivo para la credibilidad climática de España.