La Amazonía brasileña registró en junio la peor cifra de incendios en 14 años
- El récord coincide con el anuncio del Gobierno brasileño de adoptar las mismas medidas que han fracasado en los dos años anteriores
- Greenpeace demanda un cambio de rumbo en la política del Gobierno brasileño respecto a la protección de la selva y los derechos indígenas
- La tala y quema de la selva amazónica tiene graves consecuencias para los pueblos indígenas, agrava la emergencia climática y modifica el régimen de lluvias de la región
Manaos, 1 de julio de 2021. El pasado mes de junio ha registrado el mayor número de alertas de fuego (puntos calientes que advierten que probablemente habrá un incendio) en la Amazonía desde 2007, según los últimos datos publicados por el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE). Los satélites han mostrado 2.308 puntos calientes, lo que representa un incremento del 3% respecto a junio de 2020, la última vez que se superó el récord histórico.
Este incremento de la deforestación se ha producido coincidiendo con el anuncio del Gobierno brasileño de que seguirá manteniendo la misma estrategia de años anteriores. El mismo plan que ha fracasado estrepitosamente en los últimos dos años: una moratoria al fuego y el despliegue de las fuerzas armadas, mediante el decreto de Garantía de Ley y Orden (GLO), una norma que pretende combatir la tala, deforestación y quema de la Amazonía.
«Lamentablemente, este récord en el mes de junio no es ninguna sorpresa, ya que Bolsonaro sigue con su política anti-ambiental e insiste en utilizar una herramienta cara e ineficaz, como el despliegue de tropas militares. De hecho, esto es un fracaso de la estrategia ya que además de ser de menor duración que en años anteriores, el decreto incluso advierte a los que hacen la deforestación y a los acaparadores de tierras donde estarán patrullando los militares durante este período», ha declarado Rômulo Batista, responsable de la campaña de Amazonía de Greenpeace Brasil.
Mientras tanto, las señales que envía el gobierno desde la capital administrativa de Brasil, Brasilia, alientan una nueva deforestación e invasiones de tierras públicas. Un ejemplo de esto son los proyectos de ley 2633 y 510 que se encuentran en trámite en el Congreso de Brasil y que tienen como objetivo flexibilizar los criterios de regularización de títulos de propiedad, otorgar amnistía a los acaparadores de tierras y fomentar nuevas deforestaciones. Las propuestas para abrir las tierras indígenas a actividades depredadoras, como la PL 490, son otro ejemplo más.
Greenpeace advierte de que el escenario para los próximos meses difícilmente será diferente al que hemos visto en los últimos dos años, con un alto incremento de la superficie afectada por los incendios al comienzo del verano amazónico, meses con una disminución natural de las precipitaciones en el Amazonas.
En el actual contexto de emergencia climática, la tala y quema de las selvas tropicales y de otros tipos de bosques naturales es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, lo que agrava aún más esta crisis.Ya se está experimentando un cambio en el patrón de lluvias, otra consecuencia de la deforestación y los incendios.
“Estamos viviendo un momento dramático en la Amazonía y sus pueblos indígenas. Estos pueblos están siendo atacados por todos lados, ya sea por los causantes de la deforestación, los acaparadores de tierras, los madereros y mineros que avanzan hacia los bosques o territorios o por medio del Congreso y del Poder Ejecutivo. El Gobierno brasileño no solo no combate estos delitos y daños ambientales, sino que los incentiva, ya sea por acción u omisión”, concluyó Rômulo.