La declaración de emergencia climática debe concretarse en medidas reales con urgencia y para ello hace falta un gobierno

Ante la interpelación urgente presentada hoy en el pleno del Congreso sobre la declaración de emergencia climática (1) (y que se votará la próxima semana) Greenpeace señala que esta debe transformarse con urgencia en medidas y políticas para hacer frente a este gran reto y para eso hace falta un gobierno. Greenpeace asegura que estamos ante una emergencia climática y ante una crisis planetaria causadas por las actividades humanas y que para hacerlas frente se necesitan políticas valientes que reduzcan las emisiones a cero neto en 2040.

“La declaración de emergencia climática será papel mojado si finalmente la falta de acuerdo para conformar gobierno por parte de los grupos parlamentarios que decidan apoyarla nos llevan a elecciones anticipadas”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. “Para que la declaración de emergencia climática sea real y efectiva es ineludible que este mismo año se apruebe una ley de cambio climático y un Plan Nacional de Energía y Clima mucho más ambiciosos que los planteados por el actual Gobierno y unos Presupuestos Generales del Estado acordes con ella”.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) afirma que la próxima década es decisiva para tener una cierta probabilidad de éxito de no superar 1,5 ºC la temperatura global y que para ello a nivel mundial las emisiones deben reducirse a la mitad, el uso del carbón en 2/3 partes y el de petróleo a la mitad.

Greenpeace apela a la urgencia para la acción y denuncia que no haya todavía ninguna política climática y energética que responda a las recomendaciones científica y al Acuerdo de París.

Greenpeace propone las siguientes medidas concretas frente a la emergencia climática:

1. La Unión Europea debe llevar sus emisiones netas a cero en 2040. Y para llegar ahí, teniendo en cuenta el peso económico y la responsabilidad histórica europea, la reducción de emisiones debe acelerarse, de manera que en 2030 tiene que revisarse el objetivo vigente y situarlo en un 65% de reducción respecto a 1990. España debería contribuir proporcionalmente con al menos un 55% de bajada, no el exiguo 20% que propone actualmente.
2. El sistema energético completo debe ser 100% renovable lo antes posible, en coherencia con lo anterior. Ya en 2030, la práctica totalidad de la electricidad que consumimos en España debería ser 100% renovable. En España disponemos de un recurso renovable abundante e indiscutible, de la tecnología, la capacidad industrial y humana. Es sólo cuestión de voluntad política. España debe recuperar la posición que merece como primera potencia mundial en renovables.
3. Hay que dejar de quemar carbón con urgencia. En 2025, todas las centrales térmicas (y las nucleares, según caduquen sus licencias de explotación actuales) deben estar cerradas.
4. El sector del transporte debe dar un volantazo. A lo largo de la próxima década, debe quedar prohibida la venta de coches que utilicen gasoil o gasolina y favorecer su sustitución por un sistema de transporte inteligente y eficiente, con mucho mayor peso del transporte público y de los modos no motorizados. Un sistema en el que los vehículos que circulen sean eléctricos y preferentemente de uso compartido. Otros países ya lo están haciendo.
5. Hace falta un marco jurídico estable que recoja todos estos objetivos y que garantice su cumplimiento. Para ello debe aprobarse cuanto antes una Ley de Cambio Climático y Transición Energética contundente y elevar la ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que España tiene que aprobar este año para cumplir con las directivas europeas.
6. El marco legislativo necesita también la inclusión de la reducción de emisiones en otros sectores clave: agricultura, forestal, residuos, industria o turismo, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación.