La empresa vasca Sidenor sabía que el acero que vendía a Israel se destinaba a la fabricación de obuses

La Policía Nacional registró el pasado 10 de febrero la sede principal de la empresa vasca Sidenor (Basauri, Bizkaia), en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos de la compañía por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio. Durante esa actuación se localizó documentación a la que ha tenido acceso la campaña «Fin al Comercio de Armas con Israel” -de la que forma parte Greenpeace- que evidencia que Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses.

Entre los hallazgos más relevantes figura un correo electrónico impreso encontrado en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados. El documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para “obuses”, así como Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias. 

Se trata de una cadena de comunicaciones —la más reciente fechada el 5 de marzo de 2025— que hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024. En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar. De confirmarse que dichas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), los hechos serían calificables como delito de contrabando.

El caso Sidenor es uno de los primeros en España que vincula exportaciones industriales con delitos contra la comunidad internacional, abriendo la puerta a la responsabilidad penal de la empresa por el suministro de materiales utilizados para la fabricación de armamento, en pleno genocidio del pueblo palestino. 

Bloqueo por parte de la Fiscalía

La Comunitat Palestina de Catalunya, personada en la causa en representación de la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la entrada y registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución que los había acordado. También está tratando de impedir que comparezca en el procedimiento en condición de víctima una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo. 

Los delitos de genocidio y de lesa humanidad, en el derecho penal del Estado español, requieren para su prosecución que se interponga querella por parte de alguna víctima o del Ministerio Fiscal. El próximo 2 de marzo está previsto que declare como víctima del genocidio una persona palestina que actualmente reside en España y que ha manifestado su voluntad de comparecer como querellante particular en la causa. Si el juez reconoce su condición de víctima, la Audiencia Nacional tendría plenas competencias para juzgar por complicidad con un delito de genocidio a Sidenor y sus altos cargos.

La campaña «Fin al Comercio de Armas con Israel” considera inadmisible que el Ministerio Fiscal trate de impedir el testimonio de una persona palestina desplazada a causa de la intervención militar de Israel en Gaza, donde ya son más de 70.000 personas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023. Con dicha obstaculización, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está tratando de impedir que Sidenor y sus directivos puedan ser juzgados por la complicidad en delitos contra la comunidad internacional.

A la luz de los nuevos hallazgos documentales, la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel” reclama:

• Que el procedimiento judicial continúe sin interferencias y que se practiquen todas las diligencias necesarias para determinar la eventual responsabilidad penal de los directivos de Sidenor y de la propia empresa por presuntos delitos de contrabando y de complicidad en un crimen de genocidio o de lesa humanidad, derivado de la exportación de materiales destinados a la fabricación de armamento en un contexto de genocidio contra el pueblo palestino.
  
• Que las administraciones públicas excluyan a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y del otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas, hasta que se esclarezca su grado de participación en los presuntos delitos detallados.
  
• Que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.
  
• Que los Tribunales de Justicia en uso de sus competencias investiguen a aquellas empresas que tengan acuerdos comerciales con empresas israelíes del sector armamentístico en la venta de materiales de doble uso.
  
• La adopción por parte del Gobierno de las medidas efectivas para evitar la complicidad de empresas e instituciones con el genocidio del pueblo palestino, entre ellas, la tramitación de las enmiendas al Decreto-Ley 10/2025 y de la Proposición de Ley presentada en julio de 2024 para que haya un embargo integralde armas a Israel.