La Mesa Social del Agua reclama una transición hídrica justa

La Mesa Social del Agua en Andalucía -formada por sindicatos y organizaciones sociales, agrarias, ecologistas, empresariales, ciudadanas y científicas- ha presentado un decálogo para una transición hídrica justa, un consenso ejemplar para toda España. Ante la salida del estado de alarma y la entrada en una incierta etapa de nueva normalidad, los debates urgentes sobre el agua se acumulan. Por una parte, el fin de la prohibición de los cortes de agua a las familias vulnerables puede descubrir situaciones sociales y empresariales complicadas. Por otra, en plena dificultad derivada de la situación de pandemia, la planificación hidrológica y el pacto del agua siguen avanzando sin la necesaria atención y participación pública, procesos de decisión, que condicionarán las políticas del agua en los próximos años. 

Este decálogo es fruto del diálogo, la colaboración y el entendimiento en materia de agua de un grupo muy diverso de entidades como CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. Desde la sociedad civil, las entidades que componen la Mesa Social del Agua quieren contribuir de manera activa a producir cambios importantes, a través de un llamamiento al compromiso y la participación en la gestión, conservación y uso eficiente del agua.

El momento actual, con la emergencia climática, una crisis de seguridad hídrica de fondo y una nueva coyuntura de crisis económica tras el impacto del coronavirus, plantea la necesidad de un debate urgente sobre el modelo de gestión del agua. Este nuevo modelo debe incorporar criterios de sostenibilidad en términos ambientales y sociales para iniciar una transición hídrica justa.

También es necesario implicar a la sociedad en el conocimiento del valor del agua como elemento básico de la naturaleza y de nuestra salud. En este sentido hay que recordar que es una responsabilidad esencial de las autoridades públicas, garantizar el correcto uso de este bien público, así como el acceso al agua potable y al saneamiento desde las instituciones locales, provinciales y nacionales, para asegurarlo como un auténtico derecho básico universal. 

Las entidades que forman la Mesa Social del Agua solicitan a la Junta de Andalucía un acuerdo para gestionar el agua como bien público, basado en la salud de los ecosistemas y de todas las personas. Defienden que el Pacto Andaluz por el Agua no tiene ningún sentido si no incorpora una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública, las inversiones en las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental. 

Estas directrices básicas de trabajo se sintetizan en el siguiente decálogo.

DECÁLOGO PARA LA TRANSICIÓN HÍDRICA JUSTA Y EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN ANDALUCÍA 

1. El espacio para la definición de las políticas hídricas debe basarse en los principios y los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua y en los planes hidrológicos de demarcación, especialmente ante la actual la revisión del tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027), que es el auténtico marco dónde deben tomarse las decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva.

2. En consonancia con lo anterior, la prevención del deterioro y la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras, y el buen estado de las aguas subterráneas tiene que ser un objetivo inaplazable de la política de aguas andaluza. Así como la fijación del caudal ecológico y de las necesidades de agua de las especies y hábitats en los espacios protegidos.

3. Para ello resulta clave garantizar el equilibrio entre las demandas del recurso y los recursos realmente disponibles, asumiendo los límites actuales de cada demarcación hidrográfica y previendo la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático.

4.  Todo ello obliga a reorientar la política del agua de Andalucía hacia un nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa cuyo objetivo sea la sostenibilidad en términos ambientales y sociales.

5. Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria.
6. Realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar. Es importante establecer unos mecanismos de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio.

7. Redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional. Esta orientación requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como a la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral. También es necesario apoyar la reutilización de aguas regeneradas y la desalación, siempre que sea ambientalmente posible, para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos sobreexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos.

8. El Pacto del Agua tiene que asumir y promover un modelo de participación activa, justa, diversa, comprometida y equilibrada, en el que puedan intervenir todos los actores socio-económicos en igualdad de condiciones.

9. El Pacto debe asumir y hacer prevaler, como eje central de las políticas del Ciclo Integral, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Para ello es preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía, tomando como referencia el Proyecto de Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía.
10. Es necesario desarrollar un proceso de pedagogía social efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica justa, que exigen la transformación de los modelos sociales y de pensamiento.