Las organizaciones ambientales exigen al Gobierno blindar el reparto justo de derechos de pesca de acuerdo con las directrices europeas

19-11-2025

  • La UE acaba de publicar una guía sobre repartos de oportunidades de pesca en la que se recomienda a los Estados miembros adoptar un sistema transparente basado en medidas ambientales, sociales y económicas. 
  • Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife, y WWF exigen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adaptar el reparto de cuotas pesqueras a las nuevas directrices europeas en el Real Decreto que está elaborando.
  • Las organizaciones ecologistas alertan de que el borrador de decreto actual es poco ambicioso y no garantiza la transición justa hacia la pesca de bajo impacto.

Las organizaciones ecologistas, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, valoran positivamente la nueva guía de la Comisión Europea, que orienta a los Estados miembros sobre cómo deben repartir sus oportunidades de pesca. Por primera vez, la institución insta de forma explícita a los Estados miembros a abandonar el criterio exclusivo de histórico de capturas y adoptar un sistema de reparto basado en criterios ambientales, sociales y económicos, tal como exige el Artículo 17 de la Política Pesquera Común. 

Macarena Molina, portavoz de Ecologistas en Acción y pescadora artesanal, ha explicado que “aunque el artículo 17 nació con la intención de promover justicia y equidad en las pesquerías, las cuotas se han concentrado siempre en la misma dirección: en beneficio de los grandes”. Por ello, la organización ecologista ha comunicado esta misma semana al Comisario de Pesca, Costas Kadis, en el encuentro Make Fishing Fair en Bruselas, que “es crucial situar la pesca artesanal en el centro de las políticas pesqueras de la UE, reconociendo su papel fundamental a la hora de contribuir a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos’’.

En este sentido, el caso del atún rojo es paradigmático. Como plantea Raúl García Rodríguez, coordinador del programa de pesquerías de WWF, “aunque se ha recuperado y hay un Total Admisible de Captura (TAC) históricamente alto, sigue siendo una pesquería controlada por unas pocas familias. Es un recurso público, que se debe repartir teniendo en cuenta también la mala situación ambiental y sobreexplotación de caladeros artesanales. De hecho, el reparto de atún debería contribuir a la recuperación de otras pesquerías». 

Las organizaciones consideran que esta nueva guía es una herramienta que marca un punto de inflexión ya que, por primera vez, se recomienda a los Estados miembros a recompensar a quienes pescan de forma más respetuosa y a apoyar a la pesca costera de bajo impacto. 

Por un Real Decreto de reparto transformador

La guía de la Comisión Europea llega en un momento clave, ya que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está ultimando un Real Decreto que regulará el sistema de reparto de oportunidades de pesca. 

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife, y WWF advierten de que el borrador actual, aunque supone una mejora con respecto al sistema anterior, es insuficiente y corre el riesgo de consolidar el statu quo —al seguir permitiendo el reparto histórico frente a criterios ambientales y sociales— sin capacidad para impulsar una verdadera transición hacia la pesca de bajo impacto. 

Por ello, las organizaciones reclaman al Ministerio que incorpore plenamente las recomendaciones de la Comisión para asegurar una transición ecosocial justa, premiar las prácticas de menor impacto y garantizar un reparto más equilibrado entre flotas, sin olvidar la parte social (relevo generacional, incorporación de la mujer al sector y creación de empleo de calidad). 

Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife, ha declarado: “Introducir criterios ambientales y sociales en el reparto de oportunidades de pesca no es solo una cuestión de justicia: es esencial para asegurar el futuro del sector y la salud del océano. La ciudadanía quiere políticas públicas que garanticen un consumo responsable y un tejido de pescadores y pescadoras fuerte y justo. Una aplicación correcta del artículo 17 permitiría orientar la gestión hacia la sostenibilidad y premiar a quienes pescan con menor impacto”.

Javier López, director de la campaña de pesca sostenible de Oceana en Europa, ha añadido: “España afirma querer equilibrar criterios ambientales, sociales y económicos, pero el borrador solo garantiza un 10 % para los ambientales. Si queremos un reparto justo y transformador, cada bloque debe tener al menos un 20 %. Solo así se premiará a quienes pescan con menor impacto y se avanzará hacia una transición ecosocial justa que beneficie al sector y a las comunidades costeras”.

Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos y Pesca de Greenpeace, ha concluído: “No debemos olvidar que la flota que predomina en nuestro país es la artesanal y, sin embargo, es la menos favorecida cuando se toman este tipo de decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de revertir esta situación incorporando criterios ambientales, sociales y económicos al Real Decreto, que impulsen este modelo de pesca, caracterizado por su bajo impacto ecológico y su alto valor social”.


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