Las organizaciones de Greenpeace apelarán la sentencia de 345 millones de dólares dictada por un tribunal de Dakota del Norte en la demanda por intimidación presentada por Energy Transfer

Mandan, Dakota del Norte, 28 de febrero de 2026.- Greenpeace Internacional y las oficinas de Greenpeace en Estados Unidos anuncian que solicitarán un nuevo juicio y, si es necesario, apelarán la decisión ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte tras la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Dakota del Norte que concede a Energy Transfer (ET) 345 millones de dólares estadounidenses. La demanda SLAPP [1] de ET sigue siendo un intento flagrante de silenciar la libertad de expresión, borrar el liderazgo indígena del movimiento Standing Rock y castigar la solidaridad con la resistencia pacífica al oleoducto Dakota Access. Greenpeace Internacional también seguirá reclamando daños y perjuicios por las demandas intimidatorias de ET en virtud de la legislación anti-SLAPP de la UE en los Países Bajos.

AUDIO DE EVA SALDAÑA, DIRECTORA EJECUTIVA DE GREENPEACE ESPAÑA

Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, ha afirmado: “Los intentos de Energy Transfer por silenciarnos están fracasando. Greenpeace Internacional seguirá resistiendo las tácticas de intimidación. No nos callarán. Solo alzaremos más la voz, uniéndonos a nuestros aliados de todo el mundo contra las empresas contaminantes y los oligarcas multimillonarios que anteponen los beneficios a las personas y al planeta”.

“Con las libertades que tanto nos ha costado conseguir amenazadas y la crisis climática acelerándose, lo que está en juego en esta batalla legal no podría ser más importante. A través de apelaciones en Estados Unidos y del innovador caso anti-SLAPP de Greenpeace Internacional en los Países Bajos, estamos explorando todas las opciones para que Energy Transfer rinda cuentas por sus múltiples demandas abusivas y para demostrar a todos los acosadores ávidos de poder que sus ataques sólo darán lugar a un movimiento popular más fuerte”.

Por su parte, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, ha manifestado: “Esta sentencia refleja un mundo fracturado. Hoy nos enfrentamos a la dolorosa ironía de una realidad al revés: aquellas personas que luchamos por un mundo más verde, más justo y más pacífico somos criminalizadas, mientras que quienes lo contaminan con sus combustibles fósiles viven con total impunidad. Pero que nadie se equivoque: nuestra voz no será silenciada por una sentencia como esta. La historia no la escriben quienes destruyen, sino quienes resisten. No permitiremos que el miedo nos silencie; seguiremos manteniéndonos firmes, construyendo el mañana que todas merecemos. Hoy, Greenpeace no es solo una red, es un acto de resistencia más necesario que nunca”.

La sentencia definitiva del Tribunal rechaza parte del veredicto del jurado dictado en marzo de 2025, pero sigue concediendo cientos de millones de dólares a ET sin una base jurídica sólida. Los acusados de Greenpeace seguirán insistiendo en sus argumentos de que la Constitución de los Estados Unidos no permite imputar la responsabilidad legal en este caso, que ET no presentó pruebas que respaldaran sus alegaciones, que el Tribunal admitió pruebas provocadoras e irrelevantes en el juicio y excluyó otras pruebas que respaldaban la defensa, y que el jurado de Mandan no pudo ser imparcial. [2][3]

Las demandas consecutivas de ET contra Greenpeace International y las organizaciones estadounidenses Greenpeace USA (Greenpeace Inc.) y Greenpeace Fund son ejemplos claros de SLAPP, demandas que intentan ahogar a las organizaciones sin ánimo de lucro y a los activistas en gastos legales, empujarlos a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia. [4] Greenpeace International, con sede en los Países Bajos, está buscando justicia en Europa, con una demanda contra ET en virtud de la legislación neerlandesa y la nueva  directiva anti-SLAPP de la Unión Europea, una prueba histórica de la nueva legislación que podría ayudar a sentar un poderoso precedente contra el acoso corporativo. [5]
 
Marco Simons, consejero general interino de Greenpeace EE. UU. y Greenpeace Fund, ha señalado: “Denunciar a las empresas que causan daños medioambientales nunca debería considerarse ilegal. Es un derecho garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y es esencial para la protección de las comunidades y la salud de la democracia. Se trata de un revés, pero el movimiento para defender a las personas y al planeta siempre se ha enfrentado a reveses y resistencias, y Energy Transfer fracasará en su objetivo de silenciar a sus detractores”.

“Lo absurdo de esta sentencia se puede ilustrar fácilmente. Estas organizaciones de Greenpeace han sido consideradas responsables de, supuestamente, retrasar un oleoducto que, a día de hoy, no tiene autorización legal para operar y que, en realidad, se retrasó por decisiones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La sentencia incluye decenas de millones de dólares por firmar una carta que también firmaron otras 500 organizaciones y que se hacía eco de declaraciones realizadas en informes de las Naciones Unidas. Si los tribunales aún creen en la justicia, este resultado no se mantendrá”.

Las demandas SLAPP de Energy Transfer forman parte de una oleada de demandas abusivas presentadas en los últimos años por grandes empresas petroleras como Shell, Total y ENI contra entidades de Greenpeace. [3] Algunos de estos casos se han paralizado con éxito. Entre ellos, se encuentra el de Greenpeace Francia, que derrotó con éxito la SLAPP de TotalEnergies el 28 de marzo de 2024, y el de Greenpeace Reino Unido y Greenpeace Internacional, que obligaron a Shell a retirar su SLAPP el 10 de diciembre de 2024.