Las organizaciones ecologistas manifiestan su oposición al anuncio de la mayor inversión de la historia en aeropuertos 

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan el anuncio del presidente del Gobierno de un plan de inversión histórico de casi 13.000 millones de euros para la modernización y ampliación de capacidad de la red de aeropuertos gestionados por Aena, una decisión que choca frontalmente con los compromisos adquiridos como país.

Mientras se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y en un contexto en el que España ha asumido el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte un 42 % para 2030 respecto de 2005, el Gobierno español ha anunciado un plan que sigue reforzando el transporte más contaminante. Este anuncio es incompatible con la lucha contra la emergencia climática y supone un retroceso en los esfuerzos para reducir las emisiones del sector del transporte, el más emisor de la economía española, con una contribución  32,6 % [1] al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España.

Para las organizaciones, ampliar aeropuertos supone estimular de forma directa el aumento de vuelos y, por tanto, de emisiones y de contaminación local, afectando al clima, a la salud de las personas y a la biodiversidad de los territorios donde se ubican. Según un estudio de la ONG europea Transport & Environment, la contaminación producida por los aviones sería la causa de 52.205 casos de hipertensión, 64.918 de diabetes y 5.340 de demencia en torno a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.

“El anuncio de la mayor inversión aeroportuaria de la historia justo durante la Semana Europea de la Movilidad lanza, además, un mensaje claro de incoherencia, en el que el discurso sobre la movilidad sostenible se queda en un plano simbólico, mientras se sigue apostando por el crecimiento del transporte más contaminante por pasajero-km transportado”, han afirmado las organizaciones.

Entre 2013 y 2019, las emisiones del sector aéreo en España aumentaron un 45 %, muy por encima de otros países como Francia (18 %), Alemania (16 %) o Reino Unido (19 %). En 2024, el transporte aéreo de España fue el segundo con más emisiones de toda la Unión Europea (UE): generó 22,6 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale a casi la mitad de todas las emisiones de Suecia en ese año.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, presentado ayer por Pedro Sánchez, contiene, entre otras, intervenciones encaminadas a la ampliación de capacidad de 13 aeropuertos de la red de Aena en España: Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Madrid (ya con proyecto de ampliación), por un lado; y Barcelona, Málaga, Melilla, Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza, por otro, en fase de diseño funcional.

Las organizaciones han concluido: “Los proyectos de ampliación de aeropuertos constituyen ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad promovida por el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos: un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población, incluyendo especialmente a quienes disponen de menos recursos y no tienen acceso al avión, y no la rentabilidad económica de unos pocos operadores económicos”.

Un problema social y ambiental contra el interés general

Las organizaciones firmantes han apuntado tres razones principales por las que exigen al Gobierno la cancelación del proyecto de ampliación de aeropuertos:

1. Impactos climáticos y ambientales. Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado. 
   En 2019, el aeropuerto de Barcelona-El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO₂, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad. Por su parte, el aeropuerto de Madrid-Barajas es el cuarto más emisor de toda la UE.  Según diferentes estudios, las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat supondrían un aumento de las emisiones de CO₂ de un 35 % y un 33 % respectivamente. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómico.
   Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno. 
   
2. Impactos sociosanitarios en la población. A pesar de ser un problema frecuentemente invisibilizado, el transporte aéreo y la actividad aeroportuaria son una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del rendimiento cognitivo.
   
3. Destrucción de la naturaleza y proyectos en contra del interés general. Estos proyectos responden asimismo a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener réditos a corto plazo en la crisis global actual. Un modelo que está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento exponencial en las emisiones de CO₂ y la pérdida de espacios agrarios y naturales, como la destrucción de la laguna de la Ricarda que supondría la vulneración de  las directivas europeas y un golpe mortal al Delta del Llobregat.

Por una movilidad sostenible

Por todo lo anterior, las organizaciones y colectivos firmantes reclaman al Gobierno las siguientes actuaciones:

• La paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de  la población y del  planeta.
  
• La eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los objetivos climáticos.
  
• Su responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras del interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes como Aena.
  
• La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos modos más justos social y ambientalmente, que garanticen una movilidad sostenible al conjunto de la población.