Más de 30 organizaciones denuncian la devolución de favores, la opacidad y las puertas giratorias en el proceso de transición energética

• Las organizaciones suscriben el manifiesto “Los sin cromos” en el que demandan una mayor participación de la ciudadanía en la transición energética
• La falta de transparencia e independencia en la cadena de toma de decisiones podría socavar los intereses sociales y medioambientales de la transición energética

Madrid, 4 de diciembre-. A las puertas del quinto aniversario del Acuerdo de París, varias organizaciones de diversos ámbitos sectoriales han reclamado mayor transparencia e independencia respecto a intereses privados tras las decisiones y actuaciones de la Administración Pública para la implementación de una transición ecológica y energética justa en España.

En un manifiesto denominado ‘Los sin cromos’, impulsado por la Fundación Renovables y Greenpeace, las organizaciones firmantes denuncian que los recientes avances normativos, legislativos y estratégicos (con sus diferentes objetivos, configuración del mercado eléctrico y nuevas tecnologías) han puesto en evidencia que el engranaje de puertas giratorias ha funcionado a la perfección y que la política pública no está cumpliendo su finalidad, trabajar por el interés colectivo y no hacer de comparsa de intereses económicos del sector que convenga.

El manifiesto apunta a los conflictos de interés y, por tanto, a la devolución de favores, como práctica habitual, entre la administración pública y el sector privado. Este mecanismo de “intercambio de cromos” es algo demasiado frecuente, denuncian las organizaciones, que señalan que los intereses del oligopolio energético son determinantes en la toma de decisiones vitales para la ciudadanía y para el medio ambiente.

“Las puertas giratorias, una realidad sobrevenida y ampliamente comprobada, permiten transitar sin problema entre los despachos de los diversos ministerios hasta los consejos de administración de las grandes empresas, sin olvidar que este tipo de favores bilaterales empiezan mucho antes de llegar a lo más alto del nivel administrativo. Este mecanismo, que las principales fuerzas políticas han normalizado y alimentado a lo largo de los años, genera una pérdida de credibilidad en la democracia representativa y el poder ejecutivo, cultivando la inmoralidad política y la pugna de intereses en los sectores regulados a los que afecta, y mucho, la legislación que se discute en el Parlamento”, señala el documento.

Los ejemplos se cuentan por doquier, sea cual sea el ámbito, pero una de las principales dificultades para una transición energética realmente justa y equitativa, reside en que las empresas de operación y propiedad de las redes de transporte, a cargo de Enagás y de Red Eléctrica, tienen un patrón recurrente: todos los altos directivos son ex altos cargos de un amplio espectro político. Esto provoca que las decisiones, lejos del ámbito de la gestión pública en la que se encuentran, sean meramente empresariales y retributivas, olvidando y denostando la mejora del servicio a la ciudadanía, denuncian las organizaciones. Además, las puertas giratorias actúan en todas las grandes empresas privadas energéticas, que consiguen de facto un acceso privilegiado para influir sobre las decisiones de los organismos públicos, incluidos los reguladores.

Aquí es donde se enmarca la puesta en valor del amplio tejido social de “Los Sin Cromos”, al no tener nada que ganar ni beneficios económicos que repartir como devolución de favores, afirman las organizaciones: “Nuestra opinión, nuestra voz y nuestras propuestas están pensadas para el bien general, por el interés común y social, siendo el necesario contrapeso en la balanza del poder, sea éste público o privado. No podemos ofrecer nada a cambio, ni nos llevamos nada. Lo que proponemos beneficia a la mayoría, a la colectividad y al planeta. No cobramos de sectores o empresas concretas. No hay un toma y daca, no tenemos cromos para intercambiar”.

En el ámbito de la transición energética, es crucial contemplar la energía como un derecho y, como tal, se ha de fomentar la participación de las asociaciones sociales y de la ciudadanía en su conjunto en la toma de decisiones estratégicas de un sector clave para el bienestar de la sociedad. Para ello, es necesario dejar de ver la energía como un mero vector económico y empoderar a la sociedad como ciudadanía consciente y activa en el uso, gestión, generación y almacenamiento de la energía, de forma tanto individual como compartida, siendo fundamental la creación de un marco legislativo propicio para ello.

Por tanto, las organizaciones que firman el manifiesto, abierto a más adhesiones, demandan:

• El establecimiento de un Comité de Expertos u órgano científico que informe y asesore a las instituciones europeas y nacionales a la hora de diseñar y evaluar los planes y políticas.
• La modificación de la Ley de Incompatibilidades (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y actualizaciones posteriores).
• La creación o refuerzo de organismos de control o reguladores independientes, al servicio del interés público, que no estén compuestos por las propias empresas reguladas ni condicionados por ellas.
• Un aumento de transparencia tanto del Gobierno como de empresas consideradas dentro del ámbito de la gestión pública, creando un portal abierto de transparencia institucional donde la ciudadanía pueda acceder libremente.
• Evitar la formación de monopolios u oligopolios y forzar la desaparición de los existentes: regulando por ley que ninguna empresa (o empresas de un mismo grupo empresarial) pueda controlar una elevada cuota de mercado en sectores regulados y obligando a una separación horizontal completa de la propiedad, que impida que las mismas empresas (o las pertenecientes a un mismo grupo empresarial) puedan realizar actividades reguladas y no reguladas.
• Regular dentro de la Ley de Cambio Climático la publicidad engañosa, desleal y no verificable por parte del sector de los combustibles fósiles.
• Modificar la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y modificación del 28 de marzo de 2014) en materia de productos, bienes y servicios emisores de gases de efecto invernadero, para evitar la publicidad ilícita y, en concreto, la engañosa y desleal.
• Los Fondos Next Generation de la Unión Europea deben ser destinados a proyectos que hayan sido declarados elegibles previamente por el Gobierno, bajo unas condiciones estrictas de sostenibilidad, replicabilidad, innovación, digitalización, soporte para pymes, inclusivos y cuya ejecución repercuta favorablemente en los consumidores.