No sólo se juzga a Valle de Odieta, sino todo un modelo ganadero con fuertes impactos medioambientales, sociales y de salud

Hoy, martes 2 de septiembre, se celebra en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona el juicio por la contaminación producida presuntamente a consecuencia de la actividad de la macrogranja de Caparroso Valle de Odieta en el río Aragón en 2021. El proceso va a enjuiciar las posibles responsabilidades de las personas físicas que conformaban entonces el Consejo de Dirección de Valle de Odieta: Alberto Guerendiáin Azpíroz, Pedro José Guerendiáin Azpíroz, María Cilveti Oyarzun, Pedro María Cilveti Oyarzun e Iñaki Guerendiain Azpiroz.

En febrero de 2021, se produjo un grave episodio de contaminación, presumiblemente por regar con digestato (el residuo resultante del proceso de biometanización de los purines de Valle de Odieta) parcelas agrícolas cercanas a sus instalaciones, utilizando un sistema de riego por aspersión.

La contaminación podría haber provocado importantes escorrentías de purines, que habrían llegado a  generar auténticas cascadas por los barrancos de la zona. Así, la contaminación habría podido llegar incluso a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitats de especies en peligro de extinción como el visón europeo, el galápago europeo y varias especies de murciélagos. También habría podido afectar a áreas próximas al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.

Ante estos indicios, diversos colectivos ecologistas y sociales denunciaron estos vertidos para que fueran conocidos por la opinión pública, y elevaron también sus denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra. Este es el origen del juicio que se va a realizar hoy, y en el que la Fundación Sustrai Erakuntza y Greenpeace se han personado como acusación popular, para seguir defendiendo los intereses de las organizaciones que denunciaron los hechos.

Tras la denuncia en 2021, el proceso se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tafalla, y posteriormente pasó al Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona. En el juicio, el Ministerio Fiscal sólo acusa a las dos primeras personas del Consejo de Dirección de Valle de Odieta, y lo hace por delitos contra el medio ambiente cometidos por imprudencia grave. Para ellas solicita penas de cuatro meses y medio de prisión, multa de ocho meses a razón de 20 euros diarios, e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la ganadería. Las organizaciones que componen la acusación popular amplían las acusaciones a todas las personas que formaban el Consejo de Dirección, elevando las peticiones de pena hasta los 3 años de prisión.

Durante la sesión del juicio de hoy van a declarar las personas acusadas de los delitos, testigos de los hechos (agentes del Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, del Guarderío de la CHE, agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, y el propietario de una de las fincas afectadas por los vertidos), así como peritos que analizaron los hechos y redactaron informes sobre lo ocurrido.

“Hoy se sienta en el banquillo a Valle de Odieta por un presunto delito ambiental. Desde las organizaciones que nos hemos personado como acusación popular, Fundación Sustrai Erakuntza y Greenpeace, tenemos la esperanza de que se dicte una sentencia ejemplar, que no sólo sirva para que la empresa pague por su actividad delictiva, sino que siente también un precedente en la lucha contra el destructivo modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas”, ha afirmado Pablo Llorente portavoz de la Plataforma en contra de las Macrogranjas.

Las organizaciones que forman la Plataforma en contra de las Macrogranjas de Navarra advierten que van a continuar vigilantes para que el proceso judicial se lleve a cabo con todas las garantías, y que se defiendan el medio ambiente y la salud de la población ante la contaminación que las empresas de macrogranjas en general provocan tanto en los suelos agrícolas como en las aguas superficiales y subterráneas. 

“Es necesario recordar que la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero se está extendiendo por toda Navarra. No en vano, el Gobierno de Navarra ha tenido que aumentar las zonas contaminadas por nitratos de las 4 que así estaban designadas en los años anteriores, a las 12 que lo están después de la última revisión aprobada el mes de julio pasado”, ha declarado Lorea Flores Compains, portavoz de de la Plataforma en contra de las Macrogranjas y coordinadora de Greenpeace en Navarra. 

“La situación es grave y preocupante. Y lejos de corregirse, el Gobierno de Navarra sigue apuntalando el modelo ganadero industrial con inadmisibles consecuencias en la salud, en la calidad del medio ambiente y en el tejido ganadero local. No se comprende que el Gobierno haya renunciado a personarse como parte interesada en esta causa. Creemos que las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra en la vigilancia y control de las macrogranjas no han sido suficientes, porque no han servido para prevenir este tipo de situaciones de riesgo para el medio ambiente”, ha afirmado Pablo Lorente, portavoz de la Plataforma en contra de las Macrogranjas y miembro de la Fundación Sustrai Erakuntza.

Los representantes de la Plataforma en contra de las Macrogranjas afirman que no se trata de un posible caso de contaminación puntual, sino que este caso es el resultado de un modelo ganadero con fuertes impactos medioambientales, sociales y de salud. Por ello, reclaman una vez más la implicación efectiva del Gobierno de Navarra en la defensa e integridad de los espacios protegidos que son de su incumbencia, así como de la salud de todas las navarras y navarros. Igualmente, exigen al Gobierno de Navarra una postura enérgica frente al lobby agroganadero industrial.

“El papel de la Administración no puede limitarse a constatar la contaminación creciente por nitratos del territorio navarro. Le exigimos voluntad, medios y recursos para revertir la situación de manera estructural. Por ello, le pedimos al Gobierno de Navarra que abandone su apuesta por el modelo de agroganadería industrializada y que, en su lugar, impulse un sistema agroecológico local, desconcentrado y con políticas públicas de choque que favorezcan el cuidado del territorio, la salud pública y el retorno al campo con condiciones de vida económicas y materiales dignas para quienes trabajan en él”, ha concluido Pablo Lorente.