Nueva victoria de Madrid Central en los tribunales

Como es sabido, el Ayuntamiento de Madrid intentó, mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019, suspender el sistema de multas de Madrid Central como mínimo durante tres meses, entre julio y septiembre.

Gracias a la petición en los tribunales de medidas cautelarísimas por parte de Ecologistas en Acción de Madrid y de Greenpeace, ese acuerdo se suspendió por orden judicial a la semana de ponerse en práctica. Ahora, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de Madrid dicta sentencia, confirmando aquellas disposiciones cautelares: la suspensión de multas que se aprobó en Junta de Gobierno y que puso en práctica el Ayuntamiento no se ajusta a derecho y se anula el acuerdo en el que se aprobaron. Da la razón en todos sus argumentos a Ecologistas en Acción y Greenpeace, aunque no condena en costas al Ayuntamiento. 

La orientación de la contundente sentencia se puede resumir en el siguiente párrafo literal de la misma: “La existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente. Lo primero que debe destacarse es que ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es Madrid Central, el Acuerdo municipal no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar, ello en el plano medioambiental. La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.

En un exhaustivo repaso, en las veinte páginas de sentencia, el juez valida todos y cada uno de los argumentos empleados por Ecologistas en Acción y Greenpeace frente a la defensa del Ayuntamiento de Madrid, cuyos razonamientos son inconsistentes: que los supuestos problemas con las multas no implicaban una necesidad de suprimir el funcionamiento de Madrid Central; que el Ayuntamiento no acredita debidamente que el número de incidencias fuera inmanejable; que no se entiende la incompatibilidad que alegaba el Gobierno municipal de hacer una auditoría con el hecho de mantener simultáneamente el funcionamiento de la zona de bajas emisiones; etc.

En definitiva, el juez no admite pasos atrás en la protección de la salud o del entorno, dejando claro que estas consideraciones son prioritarias frente a pretextos mal justificados por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Para la Plataforma en Defensa de Madrid Central esta sentencia judicial es una magnífica noticia, que da la razón a quienes defienden el derecho de las personas que viven en Madrid a respirar aire limpio, frente a aquellos que priorizan el supuesto derecho a circular con vehículos contaminantes, aún a costa de la salud de los demás. «Esperamos que el Gobierno municipal recapacite y abandone definitivamente sus planes para desmantelar Madrid Central, al tiempo que pone en marcha con decisión las medidas del vigente Plan A en todo el territorio municipal», señala la plataforma.