Organizaciones ecologistas denuncian que la Red Natura 2000 es incapaz de proteger el Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros

La Directiva Hábitat, aprobada el 21 de mayo de 1992, es la norma que regula y protege a la Red Natura 2000. Su artículo número 6 punto 3 establece que “todo plan o proyecto  que pueda afectar  de forma apreciable a un lugar de la Red Natura 2000 debe evaluarse adecuadamente. Las autoridades competentes solo aprobarán el proyecto si se aseguran de que no causará perjuicio a la integridad del lugar”. La Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción denuncian que no se ha hecho una “evaluación  adecuada” de los vertidos mineros procedentes de las minas Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena), que van a causar un vertido al Guadalquivir de 130 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, insuficientemente depuradas. Este vertido es 10 veces mayor que el ya producido durante el primer periodo de funcionamiento de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 y que ha contaminado gravemente los sedimentos  y seres vivos del estuario.

Aunque los vertidos de ambas minas se han sometido a un procedimiento de evaluación ambiental entre 2018 y 2024, dicha evaluación se ha basado en el supuesto de que los metales pesados que se viertan al Guadalquivir  serán transportados disueltos en el agua hasta la desembocadura y se diluirán en el océano Atlántico sin producir una contaminación significativa. Sin embargo, científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han demostrado que esto es falso tras estudiar el vertido ya provocado por la mina de Las Cruces entre 2009 y 2023. Por el contrario, la mayor parte de los metales se unirán a partículas de arcilla y materia orgánica muy abundantes en el estuario y se depositarán en los sedimentos del fondo del río. 

A pesar de que la Junta de Andalucía conoce dichos estudios, publicados en la prestigiosa revista Integrated Environmental Assessment and Management (14 diciembre  2025), no ha atendido la petición de los autores, así como de diversas organizaciones sociales y ayuntamientos del Bajo Guadalquivir, solicitando que se constituya un comité científico independiente para evaluar mediante nuevas investigaciones el problema y que temporalmente se declare una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir.

“La Junta de Andalucía, más allá de un caso de sordera científica, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa al mantener los permisos ambientales para dichos vertidos conociendo que se basan en supuestos científicos falsos”, han declarado desde las organizaciones. 

Por último, las organizaciones señalan que, además de la Directiva Hábitat, se está incumpliendo el Principio de No deterioro de la Directiva Marco del Agua, que subraya la necesidad de prevenir una mayor degradación de los entornos acuáticos. 

El Estuario del Guadalquivir abarca unas 4.700 hectáreas. Es el tramo de río con influencia mareal comprendido entre la presa de Alcalá y la desembocadura. Se trata de un área de excepcional valor natural  que está incluida en la Red Europea Natura 2000 con la denominación de “Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir” y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana.