Organizaciones sociales y ecologistas instan al Gobierno de Sánchez a redimensionar AENA y a que no rescate a la multinacional IAG Iberia

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Zerøport, la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Palma, el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), Greenpeace, la Asociación por la Promoción del Transporte Público y la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico han presentado una carta al presidente del Gobierno a raíz de la decisión de AENA de negociar dos créditos por valor de 2.000 millones de euros con entidades financieras para enfrentar la caída de sus ingresos. 

En la actual crisis del sector, señalan, una posible insolvencia de AENA contribuiría a agravar aún más la propia crisis económica generada por la Covid-19, socializando las pérdidas de esta compañía, en caso de rescate público. Del mismo modo, se oponen a que con fondos públicos se rescaten multinacionales privadas como Iag Iberia, que forma parte del holding aéreo IAG (que agrupa a Iag Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL). Piden por ello que se deniegue el aval de ICO a los créditos que han solicitado Iberia y Vueling por un valor 1.010 millones de euros.

En ambos casos, solicitan a Sánchez que el Gobierno reconsidere estas decisiones, argumentando que responden a intereses privados de capitales internacionales, son contrarias a la razón del interés general y seguramente ocasionarán un cargo sobre las cuentas públicas que tendrá enormes costos sobre la población. Recuerdan que los accionistas privados mayoritarios de AENA son fondos y gestores de fondos de inversión internacionales como BlackRock Inc, con acciones en los propios bancos a los que AENA está solicitando los créditos, como son el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, entre otros. 

Por todo ello, piden:

• Un plan de viabilidad y redimensionamiento de AENA que incluya los siguientes aspectos:
  • Un plan de reducción de vuelos para lograr una reducción anual del 7,6% de las emisiones de CO2 en cumplimiento con los objetivos climáticos, como reclama la comunidad científica en el último informe de Naciones Unidas. 
  • Cierre de aeropuertos deficitarios que se dedican exclusivamente a vuelos domésticos y eliminación de vuelos en trayectos cortos con alternativa de ferrocarril.
  • Suspensión definitiva de cualquier ampliación de capacidad, sea en los aeropuertos existentes o en nuevos
  • Protección a los trabajadores afectados, aplicando la política de proteger a las personas, no a los puestos de trabajo concretos.
• Un plan de choque para la adaptación del sistema ferroviario a la nueva movilidad. Para ello se deberá capacitar nuestro sistema ferroviario para absorber la mayor parte de la demanda aérea intrapeninsular. La práctica totalidad de vuelos peninsulares tienen origen y destino en ciudades con excelente acceso ferroviario; sólo se necesita fortalecer la capacidad del servicio actual con trenes, cocheras y talleres. Para trayectos más largos de 7 horas, hay que recuperar los trenes nocturnos como están haciendo varios países en Europa.
• Transparencia con relación a este plan de viabilidad y a cualquier posible ayuda con fondos públicos a AENA o a Iag Iberia.
• Que cualquier ayuda pública se destine a favorecer los modos de movilidad más sostenibles y al transporte público, no al sector de la aviación, que ha demostrado sus externalidades negativas y sus limitaciones.
• El establecimiento de un sistema de gravamen a la aviación (vía IVA, tasación del queroseno y de los viajes frecuentes…) que elimine los actuales privilegios fiscales de los que goza el sector y que incorpore las externalidades negativas que genera.

Las organizaciones insisten en la urgencia de realizar un cambio profundo en las nefastas políticas insostenibles de transporte que desde los años 90’ han venido privilegiando a un sector altamente contaminante como la aviación mediante inversiones públicas, subsidios y privilegios fiscales a las compañías aéreas en detrimento de los sistemas de transporte más sostenibles y públicos.

La profunda crisis económica y social que vive el país unida a la caída de ingresos públicos obliga a establecer prioridades en las políticas y fondos públicos para fortalecer los servicios básicos esenciales, el sistema social de protección para atender a los sectores más vulnerables y a las personas que perderán el empleo, así como para el impulso de sectores económicos esenciales en el contexto de la crisis global, energética y climática. En la dura situación que enfrenta el país consideran inaceptable repetir los errores del pasado, generando sobre (endeudamiento) público para rescatar grandes capitales financieros y mantener el mismo modelo económico injusto e insostenible.