Reactivo a la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la asignación de los fondos Next Generation de la Unión Europea

Tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), y a la espera de conocer más detalles, Greenpeace recuerda que las decisiones que tome el Gobierno español en los próximos años respecto al destino de los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE) determinarán el progreso de los países europeos en el camino hacia la neutralidad climática y la sostenibilidad ecológica, pero también en la lucha contra la desigualdad, la superación de la brecha de género, la reducción del gasto militar o el necesario reequilibrio territorial para revitalizar el medio rural. 

Tal y como ha señalado Sánchez en rueda de prensa, el plan consta de 210 acciones (102 reformas y 110 inversiones) e incluye aspectos como la  gobernanza, los controles y las auditorías para gestionar los fondos europeos. El volumen de inversiones será de 70.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, de los que el 39% se destinará a la transformación ecológica. 

“Más allá de la financiación de sectores estratégicos en materia de energías renovables, nuevos vectores energéticos (hidrógeno) o el coche eléctrico, es fundamental apuntalar nuevas bases económicas y financieras que sean capaces de generar un cambio sistémico que limite el aumento de la temperatura al 1.5 ºC, revierta la crisis de biodiversidad y construya una sociedad más segura y más equitativa”, ha declarado Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace. 

Para Greenpeace, la recuperación y transformación que hará de la sociedad española más resiliente debe incluir cinco grandes líneas:

• Un enfoque integral y ambicioso de la transición ecológica. Garantizar un papel transformador de la financiación de la recuperación asignando al menos el 40% de todas las inversiones a la acción climática y a la protección y restauración de los ecosistemas.

• Compromisos para la reforma de las políticas ecológicas y una planificación más ecológica y racional. Garantizar reformas estructurales, como la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente, un mayor uso de la compra pública verde, reformas fiscales medioambientales u otros incentivos para permitir la transición ecológica. Los objetivos, hitos y metas deben diseñarse en consecuencia.

• No financiar proyectos que dañen el medio ambiente o apoyar falsas soluciones como el gas fósil. Asegurar la aplicación rigurosa del principio de “No hacer daño”. Ninguna medida de recuperación debería ejercer presión sobre los ecosistemas ni invertir en activos que pronto quedarán varados, como el gas fósil, un combustible altamente contaminante para el clima.

• Evitar que los fondos sean acaparados por las grandes empresas con mayor músculo económico y tecnológico, facilitando el acceso a los fondos de las pymes, empresas de economía social y solidaria y personas autónomas, y aquellos sectores y clusters cuya actividad contribuya a una recuperación justa y verde. 

• Mejorar la transparencia y asegurar una mayor participación pública. Garantizar la participación de la sociedad civil en la planificación e implementación de los planes de recuperación contribuirá a generar sensación de propiedad y mejorará la calidad de los planes.

Al hilo de este último punto, Greenpeace observa con preocupación la falta de participación en el proceso de la sociedad civil, que está siendo excluida en la toma de decisiones sobre la asignación de estos fondos.