Reactivo: La ley pronuclear que el Congreso ha acordado tramitar deja la política energética en manos de las grandes eléctricas privadas
Greenpeace, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) denuncian que el Partido Popular y los dueños de las centrales nucleares están vistiendo de interés público un asunto económico al proponer la extensión de la vida útil de las nucleares, al tiempo que cargan sus costes y riesgos sobre la ciudadanía. Así lo han declarado estas organizaciones tras la aceptación ayer del Congreso para admitir a trámite la propuesta de ley del PP sobre el alargamiento de la nucleares.
“Lamentamos que ciertos partidos políticos, aliados de las grandes eléctricas, replanteen su calendario pactado de cierres, e instamos a que el Gobierno defienda su compromiso tanto con el fin de las nucleares como con la transición energética con una solución que aúne la seguridad energética, la sostenibilidad y los costes de la factura. El MIA recuerda la urgencia de tener un sistema eléctrico renovable para combatir el cambio climático y la necesidad de adaptar y mejorar el sistema eléctrico para ello de tal forma que se pueda pasar página del viejo sistema basado en combustibles fósiles y nuclear. La nuclear nos hace dependientes de un uranio enriquecido que no tenemos, además emite CO2. Las energías renovables son la única garantía de un futuro seguro, limpio y próspero”, ha destacado Cristina Rois, portavoz del MIA.
La propuesta pretende limitar la capacidad de los Gobiernos para establecer la política energética, la deja bajo control de las empresas nucleares y busca dar continuidad a las plantas nucleares, sin fecha de cierre, hasta que los operadores lo estimen conveniente o el Consejo de Seguridad Nuclear lo exija. Además, propone modificar el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para no asumir la mayor cantidad de residuos radiactivos que habrá que gestionar durante un periodo arbitrario de 10 años. Sin entrar en consideraciones de cómo se va a financiar eso.
Esta propuesta de ley que inicia hoy su trámite parlamentario se suma a la ofensiva de los dos propietarios principales de centrales nucleares, Endesa e Iberdrola, después de que presentaran una propuesta en esa línea pero centrada en la central de Almaraz, que el Gobierno ha descartado momentáneamente.
“El espectáculo político de ayer en el Congreso no puede esconder la realidad, que es tozuda: alargar la vida a las viejas plantas nucleares no puede garantizarse con seguridad sin enormes inversiones. Además, como vimos con el apagón, la mera existencia de estas grandes plantas de operación tan restringida hace que el sistema eléctrico sea más frágil y demandante de inercia. Por su falta de flexibilidad, tampoco tienen cabida en un sistema eléctrico donde las energías renovables y el almacenamiento son el presente y aún más van a ser el futuro. Ha de prevalecer, además, el principio de ‘quien contamina paga’, por lo que los costes del alargamiento y de los residuos deben pagarlos las empresas propietarias, no los usuarios o los contribuyentes. Seguimos exigiendo que se mantenga el actual calendario de cierre”, ha destacado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra la Energía Nuclear de Greenpeace.
“La propuesta de ley presentada en el Congreso es una muestra del servilismo de algunos políticos a las grandes empresas eléctricas. No solo avala la rebaja en garantías de seguridad de las operaciones de las centrales, sino que además, abre la puerta a gastar una millonada para salvar el ruinoso sector nuclear” ha comentado Javier Andaluz, coordinador de Clima y energía en Ecologistas en Acción. Añade que “resulta muy preocupante que las eléctricas pretendan saltarse al CSN y la normativa pidiendo una prórroga de solo 3 años”.
