Retroceso inaceptable en la última versión del proyecto de Real Decreto de envases

• El proyecto de Real Decreto de Envases, que acaba de remitirse al Consejo de Estado, invalida parte de la Ley de Residuos aprobada en abril al permitir que Ecoembes se autoevalúe 
• En consecuencia, la llegada del Sistema de Depósito de envases de bebidas, con el que se lograría poner fin a los 35 millones de envases de bebidas que cada día contaminan el entorno y dañan la salud de las personas, corre peligro de retrasarse una década 
• La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha ignorado repetidamente las advertencias de las entidades ecologistas, que también denuncian el retroceso que implica la eliminación de la prohibición del uso de sustancias tóxicas en envases alimentarios como los Ftalatos y el Bisfenol A, contemplada en el Real Decreto 

1 de diciembre de 2022. Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Retorna y Surfrider España denuncian el retroceso que supone la última versión del proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y que podría invalidar una parte sustancial de la Ley de Residuos, aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril.

El Real Decreto de envases desarrolla los objetivos de recogida separada de botellas de plástico establecidos en la Ley de Residuos, una medida encaminada a reducir la grave contaminación por plásticos en el entorno terrestre y en el mar. Con este fin, la Ley determinó que, si para 2023 no se recuperaba a través del contenedor amarillo el 70 % de las botellas de bebidas puestas en el mercado, se establecería un Sistema de Depósito para latas, botellas y bricks. Esta medida fue aplaudida por las organizaciones ecologistas, contando con que una entidad independiente se responsabilizase de evaluar el cumplimiento de dicho objetivo. Sin embargo, en el texto del Real Decreto recién enviado al Consejo de Estado, como paso previo a su aprobación final, se determina que será el propio gestor de la recogida separada de residuos de envases, es decir, Ecoembes, quien se encargará de contabilizar los envases recuperados separadamente.  

El Sistema de Depósito para envases de bebidas, el devolver el casco de toda la vida, lleva años recibiendo una fuerte oposición por parte de las empresas que componen Ecoembes. A pesar de que múltiples fuentes como gobiernos autonómicos, estudios del propio Ministerio, investigaciones independientes o estudios de la sociedad civil, sitúan las cifras de recogida separada de botellas y resto de envases de bebidas, a través del contenedor amarillo, apenas por encima del 20 % y muy lejos del 70 % marcado para el año que viene. Un baile de cifras que las organizaciones ecologistas han denunciado en reiteradas ocasiones.

Lamentablemente, el Real Decreto en su actual redacción perpetúa los fallos del actual modelo: la falta de transparencia y trazabilidad de los residuos de envases y la ausencia de mecanismos de control independientes sobre las cifras de recogida separada que ofrece la propia industria. Esto es así por dos motivos. En primer lugar, el texto no obliga a los productores a decir cuántas botellas de plástico de bebidas ponen en el mercado, lo que imposibilita hacer cualquier cálculo a posteriori. En segundo lugar, no define la metodología necesaria para poder determinar el porcentaje de recogida separada logrado. El texto deja una vez más la definición de estos porcentajes en manos de la industria, Ecoembes, a pesar de las dudas que ha suscitado la veracidad de las cifras de reciclaje aportadas por esta organización.

“Ecoembes va a poder hacer ver que cumple, no solo con el 70 %, sino con la cantidad que ellos quieran, con lo que van a retrasar la llegada del Sistema de Depósito a España durante una década y van a perpetuar su posición de monopolio por la que esta entidad está siendo investigada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, ha declarado Julio Barea responsable de residuos de Greenpeace.

“En varias ocasiones durante los últimos meses, diferentes entidades expertas de la sociedad civil hemos enviado una propuesta para enmendar este punto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de Marta Gómez Palenque y ha sido directamente ignorada. Es un sinsentido que se perpetúe un error histórico en la gestión de residuos. Ecoembes no puede ser su propio auditor en el cumplimiento de este objetivo, y menos cuando se ha demostrado la falta de solidez en las cifras de reciclaje presentadas en años anteriores”, ha alertado Barea.

Las organizaciones denuncian, a su vez, el paso atrás que conlleva haber eliminado la prohibición de usar Ftalatos y Bisfenol A en los envases alimentarios. Esta prohibición estaba contemplada también en la Ley de Residuos y, con ella, el Gobierno se ponía a la cabeza a la hora de actualizar la legislación europea en lo referente a sustancias tóxicas conocidas por sus impactos en determinados cánceres. Las mismas entidades, que en su momento aplaudieron la inclusión de esta medida en la ley, tampoco entienden este paso atrás en el Real Decreto.

Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Retorna y Surfrider reclaman que la versión final del RD de envases incorpore:

1.- La obligación a los productores de informar sobre las botellas que se ponen en el mercado usando el Registro de Productores para este fin.

2.- Una metodología para calcular la recogida separada a través del contenedor amarillo de las botellas de plástico que sea neutra y transparente, que incorpore a las Comunidades Autónomas, que siga la decisión de ejecución 21/1752 de la Comisión Europea y que no permita a Ecoembes ser juez y parte del proceso.

3.- La reintroducción de la prohibición de Ftalatos y Bisfenol A en los envases alimentarios, tal y como recoge la Ley de Residuos.

“Los reglamentos se hacen para poder cumplir la ley, no al contrario. La Ley de Residuos fue aprobada en el Congreso de los Diputados con 279 votos favorables, 51 abstenciones (las del grupo parlamentario de Vox), y solo un voto en contra, por lo que pedimos que tanto la directora general Marta Gómez Palenque como el resto de personas responsables del ministerio, la respeten en vez de invalidarla”, han concluido las organizaciones.