Se estrecha el cerco a las macrogranjas en la UE

La Comisión Europea publicó ayer una propuesta para actualizar la Directiva sobre emisiones industriales, una normativa que exige que las instalaciones industriales altamente contaminantes, tales como centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de residuos, fábricas de productos químicos y la ganadería intensiva, reciban permisos nacionales para operar y limitar sus emisiones contaminantes.

La nueva propuesta se aplicaría, por primera vez, a las explotaciones intensivas de vacuno y también cambiaría los umbrales, por lo que más explotaciones porcinas y avícolas deben obtener los permisos preceptivos, declarar sus emisiones y reducir las emisiones de todos los contaminantes, incluidos los gases de efecto invernadero.

Si se adopta esta propuesta con su redacción actual, las reglas se aplicarán a las explotaciones con 150 o más Unidades de Ganado Mayor (UGMs). Esto equivale a 150 vacas adultas, 375 terneros de cebo, 10.000 gallinas ponedoras, 500 cerdos de cebo o 300 cerdas reproductoras. Esta es una mejora sustancial de la normativa existente, ya que las explotaciones intensivas de vacuno estaban exentas de cumplir sus requisitos y solo se aplicaba a las explotaciones a partir de 40.000 pollos, 2.000 cerdos o 750 cerdas.

Sin embargo, un borrador filtrado de la propuesta, obtenido por el periódico Contexte, reveló que la Comisión tenía la intención de que la directiva fuera aún más estricta y se aplicara a todas las explotaciones industriales con más de 100 UGMs. En un movimiento de último minuto, debido a la supuesta presión de la industria agropecuaria, se aumentó este umbral. La propia Comisión calculó que establecer el límite en 100 UGMs supondría beneficios para la salud de más de 7.300 millones de euros al año, debido a la reducción de las emisiones de metano y amoníaco. Ahora que el umbral se ha elevado a 150 UGMs, los beneficios para la salud se estiman en 5.500 millones de euros anuales, lo que significa una pérdida económica para la sociedad en su conjunto de 1.800 millones de euros cada año.

“Reducir la contaminación de las explotaciones industriales de vacuno, porcino y de aves de corral es esencial para hacer frente a las crisis climática y de biodiversidad, para evitar miles de millones de euros en costes sanitarios y medioambientales, y para iniciar una transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Los intereses de un pequeño número de grandes agronegocios han cargado a nuestra sociedad con miles de millones en costes ambientales y de salud cada año. Requerir que estos gigantes de la ganadería industrial obtengan un permiso para sus emisiones contaminantes es lo mínimo que la UE les puede pedir” ha declarado Marco Contiero, director de política agrícola de la UE de Greenpeace.

La cría de animales, en particular la ganadería industrial, tiene un impacto negativo en la calidad del agua, el aire y el suelo, además de afectar gravemente al clima y la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión, el sector ganadero es responsable del 80 % de las emisiones agrícolas de amoníaco a la atmósfera y de nitrógeno al agua de la UE. Como se reconoció en un reciente informe de la Comisión sobre la implementación de la legislación sobre contaminación del aire de la UE , “las emisiones de amoníaco siguen siendo una excepción a las mejoras generales hasta la fecha. El sector agrícola deberá comprometerse más para alcanzar las reducciones requeridas”. De acuerdo con la evaluación europea del nitrógeno, la contaminación por nitrógeno cuesta a la Unión Europea hasta 320.000 millones de euros al año.

En España, según los últimos datos publicados, el sector agrícola es ya el tercer sector que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de la cabaña ganadera y sus emisiones. Llamativo es, sin duda, el caso de las emisiones de metano, ya que la ganadería en España es la responsable del 61,74% de las emisiones estatales de este gas. Respecto al amoniaco, sobre el cual seguimos incumpliendo los umbrales establecidos, cabe destacar que la ganadería industrial es la responsable del 94% de las emisiones declaradas bajo la actual Directiva de Emisiones Contaminantes. Ante este escenario, es incomprensible que una explotación como la macrogranja de vacuno de leche de la empresa de Valle de Odieta en Caparroso (Navarra), con más de 5.000 vacas, recibiera el beneplácito para explotar hasta las 7.200 vacas, sin estar obligada a declarar sus emisiones.

“Es hora de estrechar el cerco a la destructiva ganadería industrial y sus macrogranjas. La ciencia climática acaba de instar a que se incremente la acción política para evitar llegar a un punto de no retorno. Por ello, desde Greenpeace pedimos al Gobierno español, y en particular a la ministra Teresa Ribera, así como a los eurodiputados, que apoyen tajantemente la propuesta de actualización de la Directiva de Emisiones Contaminantes presentada por Comisión Europea o que pidan que sea aún más estricta, como en su redacción original”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Con cada oportunidad perdida será más difícil evitar el colapso del planeta y asegurar nuestra propia sobrevivencia. Cada acción cuenta, ahora, más que nunca” concluye.

Próximos pasos

Se espera que los países de la UE y el Parlamento Europeo inicien negociaciones sobre el expediente antes del verano y que las discusiones en torno a la normativa sean dirigidas por el comité de medio ambiente y salud del Parlamento Europeo y por los ministros de medioambiente del Consejo.