The Metals Company, líder de la minería submarina, se salta el proceso de la ONU y solicitará una licencia minera conforme a la normativa estadounidense de los años ochenta
Madrid, 28 de marzo de 2025.– The Metals Company (TMC) ha anunciado que solicitará un permiso de explotación minera en aguas profundas con arreglo a la normativa minera nacional estadounidense de los años ochenta. Este anuncio se produjo momentos antes de su encuentro con los inversores y el día antes de que su solicitud de explotación minera comercial se debatiera en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA en inglés), sabiendo que no conseguirían una vía clara para ello e intentando mitigar el daño a su negocio [3].
En respuesta, Marta Martín-Borregón, responsable de océanos de Greenpeace ha declarado: “Esta es otra de las patéticas tácticas de The Metals Company y un insulto al multilateralismo. Demuestra que una moratoria a la minería submarina es más necesaria que nunca. También demuestra que los planes del CEO de la compañía, Gerard Barron, nunca se centraron en soluciones para la catástrofe climática. Como dijo Greenpeace al comienzo de esta reunión de la ISA, The Metals Company está desesperada y ahora fomenta una violación del derecho internacional al anunciar su intención de explotar los fondos marinos internacionales mediante la Ley de Recursos Minerales Duros de Aguas Profundas de Estados Unidos»[1][2].
“Esto se produce después de que The Metals Company haya pasado años ejerciendo una inmensa presión sobre la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para tratar de obligar a los gobiernos a permitir la minería en los fondos marinos internacionales, patrimonio común de la humanidad. Los Estados, la sociedad civil, los científicos, las empresas y las comunidades indígenas siguen oponiendo resistencia a estos esfuerzos. Tras haber intentado y fracasado en su intento de presionar a la comunidad internacional para que atienda sus demandas, este temerario anuncio es una bofetada a la cooperación internacional”, concluye Martín-Borregón.
Shiva Gounden, responsable de océanos de Greenpeace Australia-Pacífico, afirmó que la medida es una «una puñalada por la espalda» para el Pacífico y una amenaza para el multilateralismo:
“TMC está mostrando su verdadera cara: codiciosa, peligrosa y desesperada. Está muy claro que a TMC nunca le ha importado la prosperidad económica o el empleo para los habitantes de Nauru, Kiribati o Tonga, ni tampoco abordar la crisis climática. A TMC sólo le ha importado una cosa: llenarse los bolsillos con dinero ganado a costa de nuestra sangre vital del Pacífico: el océano. El Pacífico no es una mercancía; la industria minera de los fondos marinos está presionando para explotar los recursos y las comunidades del Pacífico con fines lucrativos; no puede seguir ocurriendo”.
“Esta medida corre el riesgo de dejar en la estacada a Nauru, Kiribati y Tonga, y es un insulto al multilateralismo. TMC ha estado intentando presionar a la comunidad internacional para que atendiera sus demandas en la ISA, presionando y manipulando a los gobiernos del Pacífico con la promesa de un futuro más brillante y más verde. Ahora la fachada se ha desmoronado, y TMC deja tras de sí un reguero de promesas incumplidas”.
“La minería submarina está en apuros. TMC puede estar aprovechando la primera oportunidad que se le presenta para dar la espalda a Nauru, y está aprovechando cualquier vía para sacar adelante su desesperada y moribunda agenda, en este caso, incluso aunque pudiera infringir el derecho internacional. La desesperación genera engaño, y TMC nunca ha estado más desesperada”.
Por su parte, Marta Martín-Borregón añade:
“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se levante y defienda el multilateralismo frente a actores deshonestos como TMC. Los fondos marinos internacionales son patrimonio común de la humanidad y ningún Estado debe adoptar medidas unilaterales para explotarlos. Para poner fin a esta industria, los gobiernos deben avanzar rápidamente hacia la adopción de una moratoria”.
“Esta acción perpetúa la temeraria carrera por los recursos, cuyas consecuencias se sabe que son desastrosas en todo el mundo. El Pacífico no es un bien inmueble que se pueda comprar, vender o robar”.
Notas
[1] TMC tiene 3,5 millones de dólares en efectivo y 44 millones en créditos no garantizados ofrecidos por sus dos mayores accionistas.
[2] Hasta ahora no se ha anunciado lo que TMC tiene previsto hacer y que ha solicitado oficialmente una consulta previa a la NOAA.
[3] La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en sus siglas en inglés) se creó por exigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM). Por tanto, la ISA y sus miembros están sujetos a las normas y obligaciones de esta Convención. Estados Unidos firmó la CNUDM, pero no la ratificó. Esto significa que no son un Estado miembro de la ISA. Sin embargo, puesto que firmaron (aunque no lo ratificaran), están obligados a no actuar de manera que se desvirtúe el objeto y la finalidad del Convenio. EE.UU. también se acogió provisionalmente al Acuerdo de 1994, por lo que están obligados por este Acuerdo a menos que decidan retirarse del mismo. Esto significa que si EE.UU. decidiera unilateralmente minar en aguas internacionales, estaría infringiendo el derecho internacional.
