Briefing de prensa: La huella de EE. UU. en la agenda de desregulación de la UE
La UE impulsa una desprotección de los consumidores cediendo a la presión de Trump
En la cumbre europea de los días 19 y 20 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debaten y acuerdan los próximos pasos para desregular los mercados en los que operan las industrias de la Unión. El apartado 48 del borrador de conclusiones del Consejo con fecha de 13 de marzo, obtenido por Politico, muestra cómo los gobiernos nacionales quieren que la Comisión Europea «presente nuevas iniciativas ómnibus y otras medidas de simplificación», además de ordenar a la Comisión que «realice una revisión normativa exhaustiva del acervo de la UE» (el conjunto de su cuerpo legal).
Ursula von der Leyen y otros comisarios afirman que la llamada «simplificación» podría generar 15.000 millones de euros al año en «ahorro administrativo», lo que supone en torno al 0,07% del PIB de la UE.
Este dossier de prensa presenta ejemplos notables que demuestran cómo la Administración estadounidense bajo el mandato de Donald Trump está dictando una agenda de desregulación a la UE, presionándola activamente para desmantelar sus estándares ambientales y sociales.
La Ley de la UE contra la Deforestación (EUDR)
En 2025, Trump aseguró a los grupos de presión agrícolas que se quejaban de la Ley contra la Deforestación de la UE de 2023 que, si le entregaban «una declaración de dos párrafos», él conseguiría«cambiar eso rápidamente» y las instituciones de la UE «obedecerían».
Estas preocupaciones se incluyeron en el acuerdo marco entre la UE y EE. UU., que compromete a la Unión a «trabajar para abordar las preocupaciones de los productores y exportadores estadounidenses con respecto al Reglamento de Deforestación de la UE, con el fin de evitar un impacto indebido en el comercio entre EE. UU. y la UE», basándose en la premisa de que «la producción de las materias primas pertinentes en el territorio de los Estados Unidos plantea un riesgo insignificante para la deforestación mundial».
Recientemente, una delegación del gobierno de EE. UU. ha visitado Berlín, Bruselas, Madrid, París y Roma en un intento de persuadir a la UE y a sus Estados miembros para que reabran la EUDR y garanticen que la ley no se aplique a los productos estadounidenses, revisando por completo el sistema de evaluación de países y creando una nueva categoría de países con «riesgo insignificante» de deforestación. El mensaje de la delegación fue que, de no hacerlo, la UE perdería el acceso a importaciones agrícolas clave de EE. UU., incluida la soja, que se utiliza ampliamente en la UE para alimentación animal.
Cabe señalar que EE. UU. ya está clasificado como país de «bajo riesgo» bajo la EUDR y que, por este motivo, sus materias primas y productos ya están sujetos a requisitos de diligencia debida simplificados y a controles mínimos por parte de las autoridades competentes.
Debilitamiento de los informes de diligencia debida sobre sostenibilidad
La Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), aprobada inicialmente, habría aportado pruebas sobre el impacto en el medio ambiente y en las comunidades locales a lo largo de la cadena de suministro de combustibles fósiles, incluidos los procedentes de EE. UU. La ley fue una de las primeras víctimas de la nueva ofensiva desreguladora. Las actividades de presión de la Administración Trump para vaciar o anular esa ley incluyeron un cabildeo muy activo por parte de la Embajada de EE. UU., al tiempo que se aprobaba la Ley de Protección de EE. UU. (Protect USA Act), cuyo objetivo era «prohibir que las entidades integrantes de los intereses nacionales de los Estados Unidos participen en cualquier regulación extranjera de diligencia debida sobre sostenibilidad, incluida la Directiva de la Unión Europea».
Abandono de la ambición climática de la UE
Además, la Administración estadounidense ha puesto en el punto de mira el Reglamento de la UE sobre el Metano. El metano es el segundo factor que más contribuye al calentamiento global y a la contaminación atmosférica después del CO2. El reglamento impone requisitos obligatorios de vigilancia, notificación y reducción del metano a las importaciones de combustibles fósiles, incluido el Gas Natural Licuado (GNL). La ley, que entró en vigor en 2024, está ahora bajo la presión de la Administración Trump para que se reconozcan las leyes estadounidenses sobre el metano -que Trump ha desmantelado recientemente– como equivalentes a las europeas.
Aumento de la dependencia de la energía de EE. UU.
Al mismo tiempo, la UE se comprometió a comprar productos energéticos estadounidenses (GNL y petróleo) por valor de 750.000 millones de dólares y a invertir 600.000 millones de dólares en EE. UU. para 2028 (final del mandato de Trump) en un acuerdo marco UE-EE. UU. de 2025. Este acuerdo aumentaría la dependencia energética de la UE respecto a EE. UU., sometiendo a la Unión a la agenda de dominación energética de Trump, arriesgando la seguridad energética y poniendo en peligro los objetivos climáticos y la transición energética en curso. La fiabilidad de EE. UU. para cumplir el acuerdo también está en duda, ya que Washington ha seguido lanzando amenazas que van más allá de sus términos y el Tribunal Supremo de EE. UU. ha fallado en contra de algunas de las políticas comerciales de Trump.
Ya en 2025, el gas de esquisto (fracking) estadounidense representaba el 27% del total de las importaciones de gas de la UE y el 57% de sus importaciones de GNL. Con la aplicación del acuerdo marco comercial, EE. UU. podría representar ya el 40% de las importaciones totales de gas y hasta el 80% de sus importaciones de GNL.
Impuestos a las grandes tecnológicas para financiar el presupuesto de la UE
En 2025, el presidente Trump emitió un memorándum que ordenaba medidas de represalia contra cualquier país que adoptara un impuesto sobre los servicios digitales. Poco después, la UE abandonó su propuesta de tasa digital, a pesar de que se estimaba que reportaría 37.500 millones de euros anuales. Muchos interpretaron esto como una clara victoria para Trump, quien amenazó con imponer aranceles a los países que gravaran con impuestos a las grandes tecnológicas estadounidenses.