Carta al Gobierno de España sobre la transparencia de las autorizaciones de la licencias de exportación de armas españolas
Greenpeace y el resto de organizaciones de la coalición Armas Bajo Control han enviado una carta abierta al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con copia al vicepresidente Pablo Iglesias, para pedir que deroguen, con carácter inmediato, el acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, que declaró secretas todas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), organismo responsable de autorizar la venta de armas a terceros países. Esta medida debería ser adoptada en el próximo Consejo de Ministros mientras se tramita en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
Este acuerdo ministerial fue realizado al amparo de esta ley franquista de 1968 y cubre con un manto de secretismo todo lo que tenga que ver con la exportación de armas españolas. Es especialmente preocupante, la opacidad sobre las razones y garantías con las que se conceden las licencias de exportación y si estas se realizan acorde con lo que establece la Ley de Control de Comercio de Armas, lo que genera una impunidad de facto sobre el Gobierno que es inaceptable en una democracia sana.
Madrid, a 9 de marzo de 2020
CARTA ABIERTA AL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN DE ARMAS ESPAÑOLAS
Al Sr. presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón
- Sr. vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias Turrión
En el marco de esta nueva legislatura, nos dirigimos a usted para llamar nuevamente su atención sobre el conflicto de Yemen. Un conflicto que comenzó hace casi cinco años y que ha causado, según la ONU, la muerte de más de 7.200 civiles como resultado directo del conflicto y más de 11.600 personas heridas. Más de 24 millones de personas, el 80% de la población yemení, necesitan ayuda humanitaria urgente. Según denuncian la ONU y distintas ONG en reiterados informes, los bombardeos indiscriminados, los asesinatos y detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia sexual y de género, y el bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria, constituyen el horror y la barbarie a la que la población civil de Yemen debe hacer frente cada día. Muchas de estas violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario son cometidas por la coalición que lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Por ello llamamos su atención sobre la necesidad de cumplir la recomendación del Grupo de Expertos sobre el Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de “abstenerse de proporcionar armas que podrían emplearse en el conflicto”.
Recientemente, y con varios meses de retraso, se han conocido los datos de exportaciones españolas de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de doble Uso entre julio de 2018 y junio de 2019. Estos datos han confirmado que el Gobierno ha continuado en este período exportando armamento y munición a países de la coalición saudí, así como autorizando nuevas licencias de exportación. Con el consentimiento del Gobierno de España se continúa vendiendo armas a países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos a pesar del riesgo sustancial de ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y del derecho internacional humanitario (DIH). Esto supone una violación de la prohibición de autorizar transferencias de armas convencionales cuando un estado tiene conocimiento de las armas que podrían utilizarse para cometer, entre otras prácticas, crímenes de guerra, de conformidad con el artículo 6, párrafo 3 del Tratado sobre el Comercio de Armas del que España es Estado parte.
El último informe del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que la legalidad de las transferencias de armas de diversos países a las partes del conflicto yemení sigue siendo dudosa y observa que el suministro continuo de armas a las partes involucradas en el conflicto en Yemen perpetúa el conflicto y el sufrimiento de la población. Según este informe, con el número de informes públicos en los que se denuncian y, a menudo, prueban violaciones graves del derecho internacional humanitario, ningún estado puede pretender que no tiene conocimiento de que tales violaciones se cometan en Yemen.
Sin embargo, su Gobierno sigue autorizando la exportación de armamento y munición a países de la coalición saudí y lo hace al amparo de la franquista Ley de Secretos Oficiales (LSO) de 1968, una norma utilizada sistemáticamente para clasificar información relativa al comercio de armas que garantiza al Gobierno total impunidad.
Además, en la aplicación de esta ley, el Gobierno cuenta con otra norma para denegar la información: el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 1987, que establece el secreto de todas las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), responsable de autorizar las exportaciones de armas.
Hace falta una nueva LSO para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta reforma debería garantizar el principio general de transparencia y asegurar que los nuevos textos no limitan el acceso a información para prevenir, reducir o mitigar abusos y violaciones de derechos humanos en el comercio de armas y la rendición de cuentas del Gobierno. Una ley que permita que las autorizaciones sean públicas y recurribles ante la justicia; que establezca la obligatoriedad de motivar la clasificación de “secreta”, y excluya de dicha clasificación las materias que afectan a los derechos humanos.
Pero, mientras se aprueba esa nueva ley, bastaría algo tan sencillo como derogar el Decreto de 1987 en el próximo Consejo de Ministros, lo que permitiría conocer las razones del Gobierno para continuar vendiendo armas a terceros estados que las podrían estar usando en graves violaciones de los derechos humanos.
Este Gobierno, su presidente y su vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, han establecido un compromiso con la Agenda 2030 y hacer cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (núm. 16). Desde Armas Bajo Control consideramos incompatible desarrollar esta Agenda y cumplir con los compromisos marcados por la ONU, con integrar un Gobierno que se ampara en una Ley franquista de Secretos Oficiales para mantener en la absoluta opacidad la información relativa a la exportación de armas, que en demasiadas ocasiones tienen como destino países que violan gravemente los derechos humanos. Estamos convencidos de que su Gobierno comparte que se debe acabar con situaciones tan profundamente injustas e inaceptables en un estado democrático de la Unión Europea, como sin duda es esta.
Este Gobierno tiene una oportunidad magnífica para comprometerse con los derechos humanos y la paz. También con los de los yemeníes. Por esta razón les pedimos:
- Impulsen desde el inicio de la Legislatura la reforma de la Ley de Secretos Oficiales;
- Mientras se adopta la reforma, que deroguen de forma inmediata, en el próximo Consejo de Ministros, el Acuerdo de 1987 que declara secretas las actas de la JIMDDU,
Este gobierno debe permitir a la ciudadanía y a los grupos parlamentarios acceder a la información sobre las decisiones relativas a las exportaciones de armas españolas y poder en su caso impugnarlas ante los tribunales si vulneran la legislación nacional e internacional sobre comercio de armas. Es una ocasión única para demostrar que es un Gobierno diferente: preocupado por la vida de las personas y los derechos humanos.
Esta carta está firmada por las organizaciones que forman parte de la Campaña Armas Bajo Control:
Amnistía Internacional España
Fundipau
Greenpeace España
Oxfam Intermón
