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El BBVA decepciona a los pueblos indígenas de Norteamérica (y al medio ambiente)
Los pueblos indígenas de Canadá se han levantado contra los proyectos de la industria petrolera para construir oleoductos a través de sus territorios para llevar el petróleo de arenas bituminosas hasta el océano Pacífico y transportarlo en barcos. Y también se han levantado contra el sector financiero internacional que apoya estos proyectos. Entre ellos está el banco español BBVA (si, el patrocinador de la Liga BBVA), que da apoyo financiero a las empresas constructoras de oleoductos.
Tras años de resistencia, la industria petrolera ha empezado a perder apoyos del sector bancario debido al alto riesgo de estos proyectos. Por eso, a finales del pasado mes de mayo el Gobierno canadiense tuvo que rescatar (con dinero de los ciudadanos) el polémico proyecto de oleoducto Trans Mountain Pipeline Expansion Project (TMEP), antes propiedad de la empresa Kinder Morgan, que lo abandonó por las dudas sobre su viabilidad financiera y los altos riesgos ambientales del proyecto. El TMEP permitiría el transporte de grandes cantidades de petróleo de arenas bituminosas extraídas en la región de Alberta hasta el puerto de Vancouver, para su exportación al resto del mundo.
Mapa de oleoductos de Estados Unidos y Canadá
Este rescate, además de cuestionar la viabilidad de dicho proyecto, pone en evidencia el supuesto liderazgo ambiental del que presume el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que es consciente de la imposibilidad de construir nuevos oleoductos para las arenas bituminosas y cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París al mismo tiempo. Se estima que debido a su composición y especiales características, este petróleo es tres veces más perjudicial para el clima que el convencional.
Pero el problema sigue. El banco BBVA, a través de su filial estadounidense, BBVA Compass, junto a otros 11 bancos internacionales (Banco de Tokyo Mitsubishi, Barclays, Credit Agricole, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Mizuho, Banco Real de Canadá, Toronto Dominion y Wells Fargo), está financiando a las empresas que construyen estos gigantescos oleoductos para el transporte de petróleo procedente de arenas bituminosas, poniendo en peligro la calidad de las aguas, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas.
En febrero de 2017, el BBVA aprobó una nueva política de responsabilidad corporativa que excluye expresamente a los clientes y/o transacciones involucradas en la «exploración y producción de arenas bituminosas«. Pero hay truco. Dado que son precisamente los oleoductos los que permiten la expansión de las arenas bituminosas, el BBVA no ha hecho extensible esta prohibición a la financiación de proyectos de transporte, infraestructura y oleoductos para transporte de petróleo de arenas bituminosas. Por si esto no fuera suficiente, BBVA Compass continúa financiando a la polémica empresa de oleoductos Energy Transfer Partners (ETP), y financia parte del proyecto de oleoducto de Dakota (DAPL), así como otros préstamos corporativos para ETP.
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Pero ¿qué son las arenas bituminosas y por qué son tan polémicas?
Las arenas bituminosas (tar sands en inglés) son una combinación de arcilla, arena, agua y bitumen (una sustancia parecida a la brea) que se encuentra en grandes cantidades en diversas partes del mundo, sobre todo en Canadá. De estas arenas se extrae un betún con características similares a las del petróleo, que puede ser refinado para obtener diferentes compuestos orgánicos, entre ellos petróleo.
La industria ha fijado su punto de mira en ellas recientemente. Y lo cierto es que pueden resultar unas grandes competidoras frente al petróleo, pues se estima que solo las reservas de Canadá podrían ser bastante mayores que la totalidad de las existencias petrolíferas conocidas en el mundo. En la región de Alberta ya se ha destruido una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados, más que Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid juntas.
© Greenpeace / John Woods. Mina de arenas bituminosas y refinería en Alberta, Canadá
La extracción del petróleo de estas arenas bituminosas se realiza mediante minería a cielo abierto sobre enormes extensiones, previa deforestación del bosque boreal predominante. Además de remover ingentes cantidades de terreno, para el lavado de estas arenas se consumen enormes cantidades de agua dulce (se necesitan aproximadamente entre 300 y 500 litros de agua por cada barril que se extrae) y se generan grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos y sólidos, que se almacenan frecuentemente de manera inadecuada.
Lo que se obtiene al terminar el proceso es un petróleo extrapesado, de peor calidad y más difícil y peligroso de transportar, que emite más sustancias contaminantes y genera más residuos en las refinerías que el petróleo convencional.
El proceso de extracción de petróleo de arenas bituminosas emite entre tres y cuatro veces más gases de efecto invernadero que la extracción de crudo convencional, y teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, estas emisiones se estiman un 30% superiores a las del petróleo normal.
El petróleo de arenas bituminosas no solo es una amenaza para el clima. Su construcción viola los derechos de los pueblos indígenas y los probables accidentes y vertidos de petróleo suponen una amenaza para los ríos, el acceso a agua potable y la biodiversidad, tanto terrestre como marina.
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La contestación global ante la fiebre de oleoductos en EE.UU. y Canadá
Para exportar este petróleo extrapesado la industria necesita construir oleoductos. Dado que estas infraestructuras atraviesan territorios de los pueblos indígenas, el Gobierno canadiense está obligado a realizar una consulta para obtener el permiso libre e informado de estas tribus, pero no lo ha hecho de manera correcta. De hecho, 150 diferentes comunidades indígenas han firmado una Alianza contra la expansión de estas arenas bituminosas (Treaty Alliance against Tar Sands Expansion)
El año pasado, el movimiento liderado por estos pueblos indígenas en Standing Rock puso en jaque la construcción del oleoducto Dakota Access, y consiguió generar un apoyo global internacional y en contra de las empresas que construyen los nuevos y peligrosos oleoductos.
Como respuesta a las movilizaciones, la empresa que construye el oleoducto de Dakota Access, Energy Transfer Partners (ETP), ha demandado a las organizaciones de la sociedad civil, Greenpeace entre ellas, acusándolas de “organización criminal” y acogiéndose a una legislación ya obsoleta creada hace decenas de años para combatir a la mafia. ETP acusa a las organizaciones de la sociedad civil de ser «empresas criminales» que han orquestado las protestas de Standing Rock e instigado a la “violencia” para dañar a la compañía.
(c) Greenpeace. Protesta contra los oleoductos en la Columbia Británnica
La estrategia de interponer este tipo de demandas, ya utilizadas por otras grandes empresas es definida como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP), y su objetivo es intimidar e intentar silenciar a quienes protestan mediante la asfixia económica por el alto coste de la defensa en los tribunales.
Pero esta gran ola de contestación civil y la retirada de algunos bancos está provocando problemas a este sector. El pasado 29 de mayo, el Gobierno federal canadiense anunció que había llegado a un acuerdo para comprar a la empresa Kinder Morgan el proyecto de oleoducto Trans Mountain (TMEP), así como los oleoductos e infraestructuras de terminales existentes. El Gobierno rescata un proyecto con graves riesgos financieros y operacionales.
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Al final de la tubería. Riesgo de vertidos en tierra, ríos y el mar
El pasado mes de abril, Greenpeace Estados Unidos y Waterkeeper Alliance publicaron un informe que detalla el historial de incidentes de la empresa Energy Transfer Partners (ETP) y sus subsidiarias, tanto durante la construcción de los oleoductos como en la ya existente red de oleoductos.
El informe revela que desde 2002 hasta fines de 2017, las empresas ETP, Sunoco y sus subsidiarias informaron a la administración federal de 527 incidentes en sus tuberías de líquidos peligrosos, con un promedio de un incidente cada once días en sus instalaciones. Estos vertidos liberaron un total de 87,273 barriles de líquidos peligrosos, incluidos 66,515 barriles de petróleo crudo. Se informó que 67 de los incidentes con líquidos peligrosos contaminaron diferentes canales de agua, 18 de ellos acuíferos subterráneos.
© Monika Wieland Shields / Greenpeace. Un vertido en la costa noroeste de EEUU tendría consecuencias devastadoras.
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¿Qué soluciones pide Greenpeace?
Greenpeace espera que BBVA (y su filial en Estados Unidos) manden un mensaje claro de que no habrá dinero ni servicios financieros para este tipo de proyectos, por su peligrosidad para el medio ambiente y las comunidades indígenas. El BBVA se evitaría así seriosriesgos financieros y reputacionales.
Hay que recordar que la nueva política de responsabilidad corporativa del BBVA incluye el objetivo de alinear su actividad con el escenario de calentamiento global y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El BBVA defiende el cumplimiento del Acuerdo de París y trabajará para no superar los 2º C de incremento de la temperatura media del planeta. Y no solo eso. Dentro de esta nueva política, esta entidad bancaria ha establecido normas sectoriales para la diligencia ambiental y social, normas entre las que destacan la prohibición de financiar la exploración y producción de arenas bituminosas.
Para cumplir el Acuerdo de París y realizar todos los esfuerzos para no superar el 1,5 ºC de calentamiento global es necesario acelerar la transición energética para un futuro 100% renovable y abandonar los combustibles fósiles en la primera mitad de este siglo. De hecho, las personas expertas en cambio climático han establecido que a fin de limitar los peores impactos del calentamiento global al menos una tercera parte de las reservas de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80% de las reservas de carbón actuales deben permanecer intactas en los próximos 40 años. Además, añaden que el 85% del petróleo de arenas bituminosas no debería quemarse para mantener las esperanzas vivas de lograr los objetivos.
La negativa del BBVA a hacer extensible su política a los oleoductos y otras infraestructuras críticas necesarias para la explotación de arenas bituminosas hace dudar de su voluntad de luchar contra el cambio climático. Hasta que el BBVA no dé este paso, sigue siendo parte del problema.
Por tanto, Greenpeace demanda a las entidades financieras como el BBVA:
- Ampliar explícitamente su política actual sobre la arenas bituminosas para incluir proyectos de expansión, transporte y proyectos de oleoductos.
- Comprometerse a excluir cualquier financiación futura, incluidos los préstamos corporativos, que puedan apoyar directa o indirectamente la construcción, la expansión o la operación de los oleoductos para arenas bituminosas.
- Finalizar su relación financiera con ETP, incluida la venta de su participación actual en el préstamo del proyecto DAPL.
