Armas Marca España, el oscuro negocio de la guerra

Tratados internacionales, normas comunitarias, leyes nacionales. España parece, sobre el papel, un ejemplo de lucha contra la venta internacional de armamento a países que puedan utilizarlo para violar los derechos humanos y las leyes de la guerra.

 

El 2 de abril de 2014, España depositaba en la sede de las Naciones Unidas su instrumento de ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas, en cuyas negociaciones había participado activamente. Como miembro de la Unión Europea, forma parte del grupo de países que adoptaron hace diez años la Posición Común 944/2008/PESC, que establece como criterio para exportar armas el respeto a los derechos humanos en el país de destino final, el respeto del derecho internacional comunitario y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.

Sin embargo, cuando se levantan los ojos de los tratados y leyes, la realidad es distinta. Entre 2008 y 2016, España autorizó exportaciones de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso con un valor económico de 22.603 millones de euros a más de cien países. El 27,34%, 6.181 millones de euros, fue a 50 países preocupantes o potencialmente preocupantes, según se desprende del análisis de los informes estadísticos anuales realizados por la Secretaría de Estado de Comercio y los contrainformes de la campaña Armas Bajo Control que elaboran Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón.

Los países preocupantes o potencialmente preocupantes son aquellos de los que se sospecha o se tienen indicios de que han cometido violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, crímenes contra el derecho internacional o aquellos en los que exista un alto riesgo de uso ilegítimo (es decir, contrario al derecho internacional), entre otros motivos principales.

Arabia Saudí, Venezuela y Egipto lideran esta clasificación con el 13,66% de todas las ventas realizadas a países preocupantes en la última década. En el caso de Arabia Saudí y Egipto, preocupan especialmente debido al riesgo sustancial de que el material exportado contribuya a cometer o facilitar las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que están cometiendo ambas partes del conflicto de Yemen. En el caso de Egipto, también preocupa su potencial uso en la represión de protestas o para cometer las graves violaciones del derecho internacional que se están produciendo en la Península del Sinaí y Libia.

Respecto a Venezuela, país al que España suspendió las exportaciones de material antidisturbios desde abril de 2014, la preocupación se debe al riesgo sustancial que existe de que se utilice dicho material para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Hecha la ley, hecha la trampa

«Un alarmante número de personas muere cada día por el empleo de armas convencionales. España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones son coherentes con los compromisos vigentes de conformidad con el Derecho Internacional de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomentan la violación de los derechos humanos, no avivan los conflictos armados ni contribuyen de forma significativa a la pobreza». Preámbulo de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.

A finales de 2007, hace ya una década, España se dotaba al fin de una ley propia sobre el comercio de armas. Una norma que pretendía «garantizar la transparencia en la información oficial» sobre exportación de armas y obligaba a denegar una exportación «cuando existan indicios racionales de que las armas puedan ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, exacerbar tensiones o conflictos, ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, para la represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, o vayan a países con evidencia de desvío».

La realidad ha demostrado que, como la pretendida transparencia está muy lejos de cumplirse, resulta imposible verificar si se están aplicando correctamente los principios que establece la propia ley para autorizar una exportación de armas. Aunque, desde la entrada en vigor de la citada ley, el Gobierno envía al Congreso de los Diputados un informe semestral con información sobre las exportaciones de material de defensa y una vez al año comparece ante la Comisión de Defensa del Congreso el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, el grado de detalle de la información es tan limitado que no permite saber cómo se ha hecho la evaluación de riesgo de que las armas se utilicen para violar el derecho internacional.

La información que se hace pública incluye el valor total de las exportaciones por cada país al que están destinadas, las categorías descriptivas de los productos (lo que impide saber a ciencia cierta si son rifles, pistolas, granadas, aviones o repuestos), el uso final que se les va a dar, si el usuario final es público o privado (policía, fuerzas armadas o empresas) y las denegaciones efectuadas. Debido a que las actas del órgano que toma las decisiones son secretas desde 1987, no se facilita información sobre las cuestiones que se han analizado en la evaluación del riesgo y han llevado a autorizar o no la exportación de armas a un país concreto ni sobre la documentación aportada por dicho país para garantizar que no hace un uso del material contrario a los tratados internacionales firmados por España y a sus propias leyes.

Incluso cuando existen indicios más que razonables de que se está quebrando la legalidad internacional, como ocurre con Arabia Saudí en su intervención en el conflicto en el Yemen, el Gobierno se escuda en compromisos y garantías reforzadas ofrecidas por la propia Arabia Saudí que nadie, ni el poder legislativo ni la ciudadanía, puede consultar ni conocer en detalle ni el Gobierno de España tiene capacidad de comprobar sobre el terreno.

El blindaje normativo que se ha diseñado en torno a este sector de la economía ha convertido en papel mojado la pretendida transparencia, empezando por el proceso para obtener la autorización necesaria para exportar armas fuera de España.

Cómo lograr una autorización

 

Los requisitos para exportar armas desde España son básicamente dos: estar inscrito en el registro de exportadores, el REOCE, y haber recibido autorización para realizar la exportación. Ambos requisitos dependen de un mismo organismo, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyos informes son preceptivos y vinculantes.

El perfil de la Junta ya dice mucho de los criterios que se ha querido que tengan un mayor peso en las votaciones, ya que deja gran parte de la decisión en manos de responsables de las áreas económicas del Gobierno. De hecho, el presidente de la JIMDDU es por ley la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y se sientan además como vocales el director general de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del mismo Ministerio; el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y el secretario general técnico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con dos puestos, incluida la vicepresidencia, a los que se suman las vocalías del director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, que dependen de Interior, y el director general de Armamento del Ministerio de Defensa.

Intuir en qué basan sus decisiones es un ejercicio de política ficción porque las actas de las reuniones de la JIMDDU son secretas. Así lo decidió el consejo de ministros en 1987 haciendo uso del poder que le otorgó una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Las decisiones sobre exportación de armas no tienen ni siquiera que tomarse en el transcurso de una de las reuniones de la JIMDDU. Existe un procedimiento de urgencia (recogido en el artículo 18.7 del reglamento que desarrolló la Ley, aprobado por Real Decreto en agosto de 2014) al que es posible acogerse «en los casos en los que el operador solicite de manera razonada la necesidad de llevar a cabo una exportación antes de la reunión de la JIMDDU». Si en 48 horas nadie de la Junta se ha pronunciado en contra, se considera concedida la autorización.

En el camino entre la autorización de la exportación de armas y la llegada física de esas armas a un punto concreto del planeta han levantado un grueso muro que impide controlar si se han tomado las medidas oportunas para que materiales salidos desde España no acaben impactando contra los derechos humanos en otro lugar del mundo.

Este país cuenta con un férreo armazón normativo que corta el paso a todo intento de obtener información concreta y pormenorizada sobre exportación de armas. Demuestra tu habilidad siguiendo los vericuetos legislativos para tratar de conseguir esa información.

Medio siglo de secretos

El 5 de abril de 1968, se forjaba en el Palacio de El Pardo una poderosa llave para cerrar a cal y canto toda aquella información que los gobiernos no quieran dar a conocer a la ciudadanía: la Ley de Secretos Oficiales. Una norma preconstitucional, modificada en 1978, que permite declarar «materias clasificadas», ya sea con carácter secreto o reservado, todo lo que le parezca al consejo de ministros o a la Junta de Jefes del Estado Mayor, siempre que argumenten que su conocimiento puede «dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».

La norma no solo impide acceder a documentos actuales, ni siquiera fija un plazo de desclasificación a futuro, como hacen buena parte de los países con los que se compara España.

Los gobiernos de la democracia no han dudado en utilizar la ley y el reglamento que la desarrolla y, entre los asuntos que han considerado merecedor de ser ocultado todo o en parte a la sociedad ha estado una y otra vez la exportación de armas.

El Gobierno socialista de Felipe González fue uno de los más activos en este sentido. Empezó en 1986, el año en que se celebró el referéndum de permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 28 de noviembre de ese año, el consejo de ministros aprobaba «otorgar, con carácter genérico, la clasificación de reservado» a la información referida a «la producción, adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico».

Pero la decisión más oscurantista estaba aún por llegar. A raíz de la polémica desatada por la venta de armas españolas a Marruecos e Irak y diversas iniciativas parlamentarias de la oposición que buscaban más transparencia, menos de tres meses después, el 12 de marzo de 1987, el Gobierno de González aprobaba en consejo de ministros «declarar secretas las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso», la JIMDDU, que es el órgano encargado de informar con carácter vinculante sobre las solicitudes de exportación de armas.

Desde aquel momento es imposible para la sociedad o el propio poder Legislativo, que debe hacer de contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, conocer en qué se basa este órgano interministerial para dar el visto bueno o no a la venta de armamento a otro país.

Desde 2010, por no poder no es posible saber ni la postura diplomática de España en cuestiones de seguridad, conflictos internacionales, protección de derechos humanos, así como cuestiones de asilo y refugio porque el consejo de ministros del 10 de octubre de aquel año clasificó esa información también como secreta.

El Gobierno de Mariano Rajoy no solo no ha cambiado la normativa. Su aplicación está siendo totalmente arbitraria. Como ejemplo, el 8 de junio de 2017, el Gobierno contestaba a una pregunta escrita presentada por el diputado José David Carracedo (del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) relativa al envío, el 13 de marzo de 2017, de material bélico desde el puerto de Bilbao con destino Arabia Saudí. La existencia de dicho envío se había conocido por la negativa de un cabo de bombero, Ignacio Robles, a seguir dando cobertura al cargamento desde el momento en que supo lo que contenía y dónde se dirigía.

En su respuesta, el Gobierno recuerda a Carracedo que el artículo 13 de la Ley de la Función Estadística Pública (Ley 12/1989, de 9 de mayo) «establece que los datos personales de personas físicas o jurídicas quedarán amparados por el secreto estadístico». A pesar de ello, se los facilita. Como si de un favor puntual se tratase, informa de que «las empresas que realizaron el transporte al Puerto de Bilbao fueron 686 Transportes Logísticos Portuarios y Transportes Muñizher, que el origen de la carga era Páramo de Masa-Polvorín (Burgos), que el material se había fabricado en Expal Systems y que su destino era el puerto Khalifa, en Abu Dabhi, y el de Jeddah, en Arabia Saudí».

El intento de cambiar la ley

Las leyes, en teoría, las cambian los parlamentos y eso es lo que intentó el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de 2016 con la Ley de Secretos Oficiales. 169 diputados (de PSOE, Podemos, ERC, EAG-PNV y 14 diputados del Grupo Mixto) votaron a favor de una proposición de reforma de la Ley de Secretos Oficiales presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), frente a tres que votaron en contra (PP) y 162 que se abstuvieron (PP, C’s, Grupo Mixto).

La reforma incluía el establecimiento de un procedimiento de desclasificación de documentos declarados secretos en un plazo máximo de 25 años y de 10 años para los reservados. Una fórmula en línea con lo que ocurre en otros países, en los que se desclasifican automáticamente los secretos de Estado una vez alcanzado el plazo estipulado.

La declaración de secreto o reservado, según la propuesta del PNV, recaería en exclusiva en el consejo de ministros.

Todas las ampliaciones de enmiendas realizadas en 2017

Ha pasado más de un año desde aquella votación plenaria y la ley sigue sin tramitarse. El bloqueo se ha orquestado desde la Mesa del Congreso, donde un uso perverso de las prórrogas al plazo de enmiendas ha permitido retrasar el debate en 39 ocasiones, hasta la fecha.

 

Yemen, un país fuera del foco

15 de agosto de 2016. Un vehículo, cuyos ocupantes van desarmados y con ropas civiles, entra en el complejo hospitalario ABS de Sana, capital de Yemen. A los pocos segundos todo salta por los aires junto a la entrada de emergencias. Ataque aéreo. 19 civiles muertos, incluidos tres niños y una mujer. 28 civiles heridos, incluidos cuatro niños y cuatro mujeres. Tras el ataque, el hospital permanece once días sin funcionar, agravando la falta de asistencia sanitaria de la población. Incluso cuando reabre sus puertas, muchos prefieren no acudir a tratarse por temor a nuevos ataques.

8 de octubre de 2016. Tres y media de la tarde. Los cerca de mil asistentes a un funeral que se celebra en Al-Kubra, dependencias funerarias de Sana, escuchan acercarse un avión poco antes de que dos misiles impacten contra el edificio. Mientras cientos de personas tratan de huir del lugar, llega el segundo ataque. Los proyectiles impactan a menos de veinte metros de donde lo hicieron los primeros, afectando sobre todo a quienes tratan de atender a las víctimas que dejó atrás el primer avión. La munición estaba guiada por unidades de precisión, según los restos de los misiles. Teniendo en cuenta que el funeral había sido anunciado, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le parece claro que se atacó de forma deliberada población civil. De hecho, murieron al menos 132 civiles y 695 resultaron heridos.

El 6 de enero de 2017 son tres los ataques aéreos consecutivos los que se dirigen contra población civil en Sana. El primero contra una escuela. Minutos después, una mezquita. Una hora más tarde, un tercer ataque impacta contra el vehículo que transportaba a civiles a la zona para valorar los daños.

Todos estos ejemplos, recogidos en los informes sobre Yemen del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tienen un denominador común: se trata de ataques realizados por la coalición de países liderada por Arabia Saudí, que lleva bombardeando Yemen desde marzo de 2015, cuando entró en el conflicto interno del país vecino con un motivo oficial y otro oficioso.

El oficial: atender al requerimiento de ayuda del presidente de Yemen, Abdo Rabbu Mansur Hadi, exiliado en Arabia Saudí después de que un grupo rebelde adherido a la rama zaidista del islam chiíta, los huzíes, tomaran la capital. Los huzíes, descontentos con la transición del presidente Hadi, se habían unido a las tropas leales al ex dictador yemení Ali Abdullah Saleh, obligado a dimitir en 2012 a raíz de la Primavera Árabe.

El oficioso: el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, está en plena campaña para demostrar su preponderancia en la región frente al poder de Irán, país que apoya a los rebeldes huzíes. Arabia Saudí vio en la empobrecida nación de Yemen el lugar perfecto en el que demostrar su poderío militar sin grandes intervenciones de la comunidad internacional que, en lugar de poner trabas, le sigue vendiendo armas.

Yemen está devastada. En una población de 29,3 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria 22,2 millones, es decir, más del 75 por ciento de los habitantes del país. Se estima que alrededor de 17,8 millones tienen problemas de acceso a comida y 16 millones no tienen acceso a agua en condiciones seguras de higiene ni a asistencia sanitaria. Tres millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares.

Hasta el 31 de diciembre de 2017, las dependencias sanitarias que permanecen operativas o semioperativas (en torno al 50 por ciento del total) habían contabilizado 9.245 muertes civiles relacionadas con el conflicto y 52.807 heridos. Las cifras se consideran una estimación baja, debido precisamente al número menguante de centros sanitarios que puedan ofrecer información.

La coalición que lidera Arabia Saudí ha llevado además una estrategia de bloqueo durante meses de puertos y aeropuertos que ha dejado desabastecido de alimentos, medicinas y combustible a un país que depende de la provisión de bienes del exterior. La carestía de alimentos ha disparado los precios, convirtiendo en productos de lujo los bienes de primera necesidad y extendiendo la hambruna. La falta de combustible paralizó las estaciones de bombeo de agua, obligando a la población a beber en fuentes no seguras y contribuyendo a que el cólera haya afectado (entre abril de 2017 y enero de 2018) a una población superior al millón de personas, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Casi tres años después de que se iniciase la intervención saudí, el conflicto en Yemen ha provocado la peor crisis humanitaria causada por la acción humana que existe en la actualidad, según Naciones Unidas. Las leyes internacionales parecen quedarse en la frontera de Yemen y los medios prestan poca o nula atención a lo que ocurre dentro. Las violaciones de derechos y el incumplimiento de las obligaciones internacionales no son exclusiva del bando saudí. Los huzíes bombardean población civil, han minado el país y amenazan a quienes quieren huir de las ciudades en conflicto, que se ven expuestos a las balas de los francotiradores.

Pero los ataques más letales, según Naciones Unidas, han sido los aéreos protagonizados por Arabia Saudí. A pesar de ello, el único embargo impuesto por Naciones Unidas a la venta de armas ha sido al bando de los huzíes. El 30 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo instaba por tercera vez a los Veintiocho a imponer el embargo de armas a Arabia Saudí, dado que sus acciones en Yemen suponen una violación de la Posición Común de la UE que regula la exportación de armamento. La resolución de la Eurocámara, aprobada con 539 votos a favor, 13 en contra y 81 abstenciones y que cita como razones del embargo «las alegaciones graves de violaciones del Derecho Internacional Humanitario» de la coalición encabezada por Arabia Saudí, no es vinculante y ha vuelto a ser desatendida.

El ex dictador Saleh intentó pactar con Arabia Saudí a finales de 2017. Los rebeldes huzíes lo asesinaron por ello. La solución al conflicto se aleja mientras movimientos independentistas resurgen en el sur de Yemen y Al Qaeda en la Península Arábiga se hace fuerte.

Venta de armas españolas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos

El 36,4% del valor económico de las exportaciones realizadas desde 2014 de material de defensa a países bajo sospecha tiene un único destino: Arabia Saudí.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son dos países a los que el organismo regulador de la venta de armas ‘Marca España’ -la Junta Interministerial Reguladora para el Comercio Exterior y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU)- permite vender armas a pesar de participar activamente en el conflicto en el Yemen. La venta de este tipo de material a Arabia Saudí se autoriza con cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país, pero España no tiene mecanismos para verificar su cumplimiento en la práctica y se fía de la palabra de un Estado con un largo historial de incumplimientos en materia de derechos humanos.

Entre 2014 y 2016, las exportaciones autorizadas realizadas desde España a estos dos países suman 995 millones de euros en material de defensa. La mayoría de este importe proviene de Arabia Saudí, que ha invertido en la compra de aviones de reabastecimiento en vuelo, un avión de transporte, repuestos y reparables para aeronaves de transporte. También en la adquisición de granadas de mortero, armas ligeras, munición de artillería, munición de calibre medio, munición para armas ligeras, estaciones de control de armas, equipos de identificación de señales y sistemas de vigilancia de perímetro.

Por su parte, la venta de material de defensa a Emiratos Árabes Unidos ha ido destinada a partes, piezas y reparables de aeronaves, así como granadas de mortero y balas de pequeño calibre por un importe total de 40,6 millones de euros.

En los últimos años, España también ha vendido armas a otros países de la coalición internacional que opera en Yemen y que también han llevado a cabo operaciones militares contra población civil, como Bahréin, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar. Entre 2014 y 2016, España ha realizado exportaciones a estos países por valor de 135 millones de euros.

 

El bombero que dijo no

El 13 de marzo de 2017, el cabo de bomberos Ignacio Robles, Ina, del Parque de Urioste, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, se negó a liderar el retén de seguridad en un cargamento de material explosivo en el Puerto de Bilbao.

«Son bombas», le dijeron cuando, tras ver las letras árabes en el casco del barco, preguntó por el tipo de contenido que se estaba cargando y cuál era su destino. Iban a Arabia Saudí. En ese momento Robles decidió que no podía participar en ese retén y así lo manifestó a la Autoridad Portuaria. En vista de que no le daban una solución y la tensión aumentaba, Robles decidió que serían los dos bomberos que formaban parte de su retén quienes se encargarían de dar cobertura al embarque. «Solo fue un retraso de quince minutos en la carga de un barco, que es algo perfectamente habitual, que pasa prácticamente todos los días».

Sin embargo, nada se lleva con normalidad en todo lo que rodea al transporte de armamento. Los nervios se dispararon rápidamente, la Guardia Civil amenazó con llamar al delegado del Gobierno si no se cargaban de inmediato los 26 contenedores de bombas con destino a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El total de la carga tenía un peso de 416 toneladas y un valor económico de 7,1 millones de euros.

La Diputación abrió un expediente disciplinario a Ignacio Robles por posible incumplimiento de su deber que aún no se ha resuelto. La ansiedad y el tiempo transcurrido han pasado una dura factura a este bombero que quiso serlo desde que tenía seis años. Incluso aunque finalmente su caso quede en nada, Robles considera que «el daño ya está hecho» y el aviso a sus compañeros ha quedado claro. En la actualidad, Robles sigue sin participar en los retenes de cargamentos de armas.

Opacidad al margen de la legislación

El apagón sobre la información relativa a la exportación de armas no se limita a la legislación. Hay otros métodos para añadir opacidad como los que están utilizando las autoridades portuarias y las empresas de transporte. Miles de toneladas de bombas circulan por las carreteras españolas con destino al puerto de Bilbao, donde la naviera nacional de Arabia Saudí, Bahri, cuenta con una escala regular mediante dos buques gemelos: Bahri Jeddah y Bahri Tabuk.

Desde que la opinión pública conoció que desde el puerto de Bilbao se carga material de defensa con destino a los puertos Jeddah y Ad Dammam en Arabia Saudí y el puerto Jebel Ali en Emiratos Árabes Unidos, la naviera ha tomado algunas medidas para ocultar sus operaciones: desde pintar el nombre del barco antes de entrar en aguas españolas a fin de ocultarlo a borrar con Javascript la palabra «Bilbao» en el apartado de seguimiento de barcos en su página web. Esta información tampoco se publica en las escalas anunciadas en la web del Puerto de Bilbao.

La opacidad también se aplica a los bomberos que participan en las operaciones de carga de este material a los que no se les facilita información básica para poder hacer su trabajo mientras las grúas del puerto mueven cientos de toneladas de material explosivo.

Para poder realizar con garantías de seguridad estas operaciones, los bomberos tienen que conocer el contenido del tipo de material que se está manipulando en el puerto. Con esta información pueden crear el protocolo de actuación, que incluye el cálculo de un perímetro de seguridad. En el caso de los cargamentos de armas esta información no se facilita. «Vamos a ciegas» explica Ignacio Robles.

Cargas de armamento desde Bilbao

El puerto marítimo de Bilbao es uno de los puntos de salida de la exportación de armas españolas. Su posición geográfica, a menos de 200 kilómetros de algunas de las fábricas más importantes del país, lo ha convertido en un centro estratégico para la exportación de material de defensa.

En 2017, han salido más de 300 contenedores con un peso superior a las 2.900 toneladas de material de defensa, según datos aportados por Aduanas y recopilados por Greenpeace España. Esta categoría engloba bombas, granadas, torpedos, minas y proyectiles de guerra.

En un solo día, el 14 de julio de 2017, se cargaron en el buque de Bahri 110 contenedores con 678 toneladas de bombas con un valor estimado en 15,5 millones de euros.

Para transportar este tipo de material se utilizan contenedores de 20 pies que permiten una carga máxima de 28,19 toneladas, aunque se cargan con menos cantidad debido al peso máximo autorizado en el transporte en camiones.

METODOLOGÍA DE DATOS
El análisis de las exportaciones realizadas en materia de Defensa se basa en los informes estadísticos anuales publicados por la Secretaría de Estado de Comercio en 2017. Los cálculos se han hecho teniendo en cuenta los importes de material exportado realizado cada año frente a los datos de material autorizado, ya que permite una aproximación más precisa a la realidad de las exportaciones españolas. Una exportación autorizada no significa necesariamente que finalmente esta se lleve a cabo. La clasificación de los países receptores del material de defensa fabricado en España se basa en los informes «Armas sin Control» impulsados por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón.

Foto de apertura: Reuters / Khaled Abdullah