La demarcación hidrográfica del Guadiana tiene el 85% de las masas de agua subterránea en mal estado global, es decir, 17 de las 20 masas de la cuenca no cumplen con los objetivos medioambientales que fija Europa. El mayor problema por dimensión es químico y derivado de los nitratos tanto de la agricultura como de la ganadería, con el 80% de las masas en mal estado por superar el límite de 50 miligramos por litro de agua. Esta situación se ha convertido ya en un riesgo para la salud en algunos puntos.
Un alto porcentaje de la población de la Demarcación bebía históricamente de los acuíferos. En la última década se han hecho cada vez más habituales advertencias de ayuntamientos para que la población más vulnerable no beba agua del grifo al superarse los máximos admitidos para la salud en contaminación por nitratos (50mg/l). Y en zonas donde el abastecimiento dependía de aguas superficiales, como los 12 municipios del Campo de Calatrava unidos en el Consorcio Vega del Jabalón, tuvieron que abrir sondeos de agua subterránea de emergencia en 2020 tras vaciarse el embalse por la sequía y después invertir en una planta de ósmosis inversa debido al alto nivel de nitratos detectados en el agua extraída.
Se han realizado obras e inversiones de emergencia a la espera de que vayan entrando en funcionamiento regular los diferentes ramales de la llamada «tubería manchega», que traerá agua del trasvase Tajo-Segura en un tubo dedicado que ha entrado en pruebas este verano.
de las masas
presentan mal estado químico
de las masas
presentan mal estado cuantitativo
Junto al problema de la contaminación, se declaran en mal estado por sobreexplotación 11 masas de agua subterránea, el 55% del total. Diez de ellas están en el Alto Guadiana. La situación en esa zona es muy grave desde hace décadas. La causa está clara: extracción de agua para el regadío perforando de forma masiva precisamente en las aguas subterráneas que sostenían buena parte del sistema hídrico natural de la cuenca. El daño más visible: la desaparición de los Ojos del Guadiana, las Tablas de Daimiel secas.
Extensión del
acuífero 23
CASTILLA-
LA MANCHA
EXTREMADURA
Las Tablas
de Daimiel
Lagunas de
Ruidera
ANDALUCÍA
CASTILLA - LA MANCHA
Las Tablas
de Daimiel
EXTREMADURA
Extensión del
acuífero 23
Lagunas de
Ruidera
ANDALUCÍA
Hay pocos ejemplos mejores que la demarcación del Guadiana para ver a gran escala la interrelación entre aguas subterráneas y superficiales y los efectos sobre unas cuando se abusa de las otras. España tuvo una vez en La Mancha una maravilla hidrogeológica, un sistema de masas de agua subterráneas y superficiales conectadas entre sí de forma natural que daban lugar a los Ojos del Guadiana, las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera.
Derecho a sacar más agua de la que hay
La historia de la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana viene de muy lejos. Arranca en la Ley franquista de 1956 de Saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos en los márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes. Se canalizaron y rectificaron cauces para desecar miles de hectáreas inundadas y hacerlas terrenos de cultivo.
La apuesta por el regadío, primero el maíz y la remolacha y después la reconversión del viñedo, provocaron una carrera de perforaciones que modificaron el sistema natural, en el que las aguas subterráneas de ocho masas vertían en las centrales hasta colmatarlas y brotar en la superficie a borbotones en los llamados Ojos del Guadiana. Bastó una década de perforación para secarlos. Solo reaparecieron al final del periodo especialmente húmedo entre 2009 y 2013, lo que dio esperanza en la capacidad de recuperar parcialmente el funcionamiento natural de las masas si se respeta el ciclo.
El acuífero 23 (hoy dividido en las masas Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos) dejó de aportar agua a los ríos para recibirla de estos. Las áreas húmedas de la superficie como las Tablas, reducidas drásticamente por los procesos de encauzamiento y desecación, se redujeron aún más.
La apuesta histórica por el regadío ha hecho que el problema de la cuenca del Guadiana esté ya en la parte legal. Los derechos reconocidos superan ampliamente los recursos disponibles. En el total de la cuenca, «los derechos de uso superan en más de un 200% los recursos subterráneos», detallan los documentos del plan de tercer ciclo. Es decir, se puede sacar más del doble de agua de lo que se recarga cada año de media de forma natural. Y eso es la media.
En la cuenca del Guadiana hay más de 80.000 captaciones de aguas subterráneas con derechos consolidados. El mapa representa los puntos de los pozos
que en algunas zonas están tan juntos que forman una mancha negra. Fuente: CHG.
Los puntos de captación se acumulan masivamente en las masas de agua centrales del Alto Guadiana, perforando el antiguo Acuífero 23 y en el límite con las masas al norte, que vertían hacia él. En la masa Mancha Occidental I, los derechos para extraer agua anualmente equivalen al 341% del agua que se repone cada año de forma natural.
Buena parte de esos derechos no son concesiones, lo que limita su control por parte de la Administración. Proceden de derechos anteriores a la Ley de Aguas, son privativos y los intentos de compensar con dinero público la reducción de las extracciones o de cambiarlos por concesiones han tenido más coste que éxito. En cuanto se han puesto condiciones para demostrar que eran derechos verdaderamente en uso y que el dinero empleado iba a servir para ahorrar agua, los procesos han tenido que declararse desiertos, como ha ocurrido en el verano de 2022.
El Acuífero 23, que alimenta las Tablas, y el 24, del que brotan Las Lagunas de Ruidera, fueron declarados como sobreexplotados de forma provisional en la segunda mitad de los ochenta y de forma definitiva entre finales de los ochenta y 1994. La declaración de sobreexplotación es la única o más efectiva vía para controlar el consumo de agua subterránea porque obliga a formar comunidades de usuarios y a realizar un plan de regulación de las extracciones.
Mancha
Occidental II
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LA MANCHA
EXTREMADURA
Rus-Valdelobos
Mancha
Occidental I
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Las Tablas
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Rus-Valdelobos
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Las declaraciones de sobreexplotación en los dos principales acuíferos del Alto Guadiana suponían la prohibición de construir nuevos pozos y de profundizar los existentes y la ordenación de las extracciones de agua mediante el establecimiento de un régimen de explotación del acuífero, que determinaba la cuantía de agua máxima a extraer. Era un recorte muy sustancial que se acompañó de un reparto entre las explotaciones con derecho a riego en función de su extensión.
La Confederación ha mantenido esta estrategia como su principal vía de reducción de las extracciones. Entre 2014 y 2017 se publicaron en el BOE las declaraciones de riesgo de no alcanzar el buen estado tanto cuantitativo como químico de las 11 masas en mal estado de la cuenca del Guadiana, incluidas las que forman el antiguo Acuífero 23 (Mancha Occidental I, Mancha Occidental II, Rus-Valdelobos) y el Acuífero 24 (Campo de Calatrava, declarado solo en mal estado cuantitativo), además de Campo de Montiel, Consuegra-Villacañas, Lillo-Quintanar, Sierra de Altomira, Aluvial del Azuer, Tierra de Barros y Aluvial del Jabalón.
Esta es la vía que se lleva décadas utilizando para la ordenación de las extracciones a través de las comunidades de usuarios y los planes de extracción. Sabe que enfrente tendrá a quienes defienden el agua casi sin límites para el regadío por lo que recuerda en la memoria del proyecto de Plan de cuenca que es la propia sostenibilidad del regadío la que está en cuestión por la sobreexplotación de los acuíferos. Esa sobreexplotación cuenta con otro gran aliado, como se explica más abajo: la falta de caudalímetros y por tanto de un control real del agua extraída en cada explotación.
La otra medida tan publicitada como fracasada ha sido destinar dinero público a compensar el menor uso del agua. En los años noventa se creó el Plan de Compensación de Rentas por reducción del regadío en La Mancha Occidental y Campo de Montiel. El objetivo era reducir el consumo a niveles próximos a los recursos renovables de los acuíferos.
Se llegaron a abonar 24 millones de euros en un año (1997), siendo en los últimos años del plan entre 6-8 millones/año. Las reducciones logradas en el consumo de agua «deben considerarse en principio puramente coyunturales por lo que no puede esperarse razonablemente una disminución permanente de las extracciones una vez dicho programa desaparezca», reconocería la Administración años después.
Año | Hectáreas |
---|---|
1997 | 86.103 |
1998 | 84.991 |
1999 | 80.191 |
2000 | 74.889 |
2001 | 65.742 |
2002 | 65.227 |
2003 | 13.552 plan antiguo + 23.437 plan nuevo |
2004 | 23.439 |
2005 | 19.755 |
Al mismo tiempo que se diseñaban estrategias de contención del consumo de agua, se impulsaban políticas agrarias de fomento del regadío en grandes superficies, incluidas las millonarias ayudas para la reconversión del viñedo al regadío sobre acuíferos ya sobreexplotados.
Como la degradación no cesaba y el daño en las Tablas era un escándalo, el Plan Hidrológico Nacional de 2001 instó a desarrollar un plan para el Alto Guadiana en el plazo de un año. Se tardaron casi siete pero al menos el Plan Especial del Alto Guadiana, más conocido como PEAG y aprobado en 2008, hizo dos cosas. En primer lugar, mostrar un diagnóstico claro: el Alto Guadiana estaba en «una situación ambiental muy degradada» y ya no solo se trataba del grave daño ambiental al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, «la pervivencia de las explotaciones agrícolas que, en buena medida han conducido a la situación reseñada, está claramente cuestionada para el futuro en su modelo actual como consecuencia de las masas de agua subterránea».
Y en segundo lugar, puso cifras: «De las 20.000-30.000 has que ocupaba el regadío a comienzo de la década de los setenta se ha pasado a las más de 200.000» has de 2008, con 137.694 de esas hectáreas situadas sobre acuíferos sobreexplotados. «El 67% del viñedo en regadío (el cultivo con el consumo más elevado y al que se dedica mayor superficie) está dentro de los perímetros de acuíferos sobreexplotados», señalaba el PEAG.
Pozos ilegales y los procesos de regularización
Aquel extenso trabajo señaló también que existían en torno a 7.000 pozos ilegales que extraían agua del Acuífero 23 y que se estaba regando «sin aval de riego» una superficie de 50.000 hectáreas. La cifra se demostró más que certera cuando la solución que se dio fue la que se ha repetido una y otra vez, cuenca tras cuenca: regularizarlos.
Con la teoría de hacerlo sin aumentar el agua consumida se destinó dinero público a comprar derechos por 14 hectómetros cúbicos anuales. Hasta 2010, se regularizaron 4.000 pozos. Los 14 hm3 no daban para más, se dijo. En 2011, se paralizó el proceso y quedaron pendientes 1.466 expedientes de las solicitudes presentadas.
La Agencia del Agua de la Junta de Castilla-La Mancha ha pedido otros 15 hm3 para regularizar lo que queda pendiente y la paralización de los expedientes sancionadores a pozos irregulares. La respuesta del Consejo del Agua de la demarcación, de abril de 2022, es que «no hay recurso disponible para ello. Establecer esta reserva conllevaría aumentar la sobreexplotación de los acuíferos y afectar a los usuarios con derechos». Para regularizar sería necesaria «la transferencia específica para estos usos desde otras cuencas», deja abierta la posibilidad. «Sobre la suspensión de todos los expedientes sancionadores, lo que se solicita conllevaría un incumplimiento de la Ley de Aguas con graves responsabilidades». La Junta ha prometido dar una dura batalla frente al Gobierno central, en teoría de su mismo signo político, para que se complete el proceso de regularización y se cierren los expedientes sancionadores a pozos ilegales. Ha votado contra el plan de Tercer Ciclo.
El PEAG se puso como objetivo en 2008, hace 15 años, «la consecución del buen estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterránea y el buen estado de los ecosistemas superficiales asociados, recuperando la conexión entre aguas superficiales y subterráneas; así como la corrección del déficit hídrico» en el Alto Guadiana. Según los documentos de tercer ciclo de la Confederación, «la aplicación del PEAG fue muy limitada debido, entre otras causas, a la falta de financiación por los problemas presupuestarios existentes especialmente desde 2010».
La Tubería Manchega y los trasvases
Cuando el agua escasea siempre hay una solución en la mente de los políticos en España: traerla de otras cuencas. Los trasvases no son nuevos, tampoco en la cuenca del Guadiana. Vienen de largo. Primero con fines medioambientales: la Ley 13/1987 ya recogía la posibilidad de desviar desde el Tajo hasta 30 hm3 al año para las Tablas siempre que no se superasen los 60 hm3 en tres años. Y luego para solucionar el problema de abastecimiento humano: el Real Decreto 8/1995 de Medidas Urgentes para la mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura elevó a 50 hm3 el agua que podía destinarse a la cuenca del Guadiana desde el Tajo con dos únicos fines posibles, el abastecimiento urbano y los citados 30 hm3 para las Tablas de Daimiel.
No cabía el regadío como destino pero sacar de la ecuación de las aguas subterráneas el problema de las Tablas y el abastecimiento humano, en principio prioritarios según la normativa, era y es un modo de liberar recursos para el regadío.
El problema añadido es que los trasvases desde el Tajo a través del Cigüela y el Guadiana rara vez llegan a su destino en la cantidad deseada, cuando no se quedan totalmente por el camino. La tierra del cauce de los ríos absorbe el agua como si alguien le hubiera quitado lo que es suyo.
Ahí está uno de los principales argumentos de quienes han defendido durante décadas el otro gran proyecto de trasvase desde el Tajo: la llamada Tubería Manchega, un canal dedicado de 170 kilómetros construido hace diez años en cuyo interior se prevé que circule el agua minimizando el riesgo de que se pierda por el camino filtrada al suelo o evaporada. El proyecto fue abandonado sin terminar durante la crisis financiera y ha habido que invertir en recuperar la infraestructura para poder utilizarlo.
La urgencia era y es cada vez mayor, consecuencia del citado incumplimiento de la prioridad que tiene según la ley el abastecimiento urbano en los usos de las aguas y de los núcleos de población que siguen hoy en día dependiendo del abastecimiento subterráneo. Ya en 2011, el alcalde de Las Pedroñeras (Cuenca) alertaba de que el agua de beber, agua de acuífero, superaba los niveles máximos de nitratos por litro. En 2015 volvía la advertencia. También en San Clemente (Cuenca). Son solo dos ejemplos. Con la falta de lluvias y el agravamiento del problema de escasez del agua subterránea no solo se elevaron las peticiones de trasvases de agua externa porque faltaba la del subsuelo, se sumaba la concentración de la contaminación precisamente por haber menos agua. Desde principios de 2020, un total de 15 municipios se fueron adhiriendo al plan del ramal nororiental de la tubería manchega en busca de agua que dijeron llegaría en «cantidad y calidad»: Pedro Muñoz y Socuéllamos (Ciudad Real); Belmonte, Los Hinojosos, Horcajo de Santiago, Las Mesas, Mota del Cuervo, El Pedernoso, Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente, Santa María de los Llanos y Villamayor de Santiago; así como Minaya y Villarrobledo, en Albacete.
La falta de lluvias y el vaciado de pantanos y embalses han traído nuevas demandas para la canalización de la llanura manchega. Pueblos que se abastecían de agua superficial, como los 12 municipios de Campo de Calatrava que bebían del pantano Vega del Jabalón, tuvieron que pasar a abastecerse de agua de pozo en 2020 a pesar de situarse sobre un acuífero sobreexplotado. No había prácticamente agua en el pantano, del que se abastecían al 100% poblaciones de la envergadura de Almagro, Bolaños de Calatrava y al 80% el Moral de Calatrava. Los pozos encontraron un nuevo problema. El de Bolaños pronto alumbró aguas que superaban el nivel máximo de contaminación por nitratos por lo que este año ha sido necesario invertir de nuevo de urgencia en una planta de ósmosis para desnitrificar el agua y hacerla potable. El problema posterior es que las envejecidas tuberías de abastecimiento urbano de municipios como Bolaños no resisten los cambios de presión del agua de pozo y han empezado a reventar, disparando el consumo por agua que se pierde en las roturas y obligando a una nueva inversión de emergencia para renovarlas. Todo ello a la espera de que se ejecuten las obras del nuevo ramal de la tubería manchega que promete traer también agua del Tajo al Campo de Calatrava.
La Tubería Manchega solo puede traer agua para abastecimiento, no admite destinos medioambientales. Su objetivo es asegurar el agua del grifo de 58 municipios de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Resumiendo: no puede traer agua para las Tablas tal y como está redactada la ley actualmente. Si ha llegado agua al Parque Nacional desde este verano por la Tubería (se prevé en total 6 hm3) ha sido como medida de urgencia gracias a la necesidad de probar la infraestructura antes de su entrada definitiva en funcionamiento.
El consumo urbano de la demarcación del Guadiana tuvo una demanda de 188,75 hm3 en 2021, de los que 36,53 tuvieron origen en aguas subterráneas, 5,5 procedieron del Tajo y 7,48 del Guadalquivir. El Tajo se espera que
pase a aportar 26,77 hm3 en 2027 y 34,8 en 2033, al tiempo que la aportación de las aguas subterráneas queda en 12,63hm3 para 2033. Para entonces se espera que la demanda de abastecimiento urbano se haya elevado a 190,63 hm3/año.
Sector | Derechos comprometidos | Masas | Porcentaje |
---|---|---|---|
Agricultura | 995,35 | 20 | 100% |
Abastecimiento público | 42,10 | 17 | 85% |
Industria | 14,02 | 16 | 80% |
Refrigeración | 0 | 0 | 0% |
Piscifactorías | 0 | 0 | 0% |
Otras | 18,94 | 20 | 100% |
La Junta de Castilla-La Mancha pide más. Quiere agua para el regadío. Es eso o «recortar drásticamente el consumo agrícola en los periodos secos», solución que ven «completamente inaceptable». En sus alegaciones contra el plan de tercer ciclo, la Junta considera que la única opción a la situación actual es traer agua de otra cuenca.
El sector agrario aporta el 10,98% del empleo y el 6,46% del VAB (Valor Añadido Bruto).
Las deficiencias de los datos
Las masas que se han declarado en mal estado cuantitativo en la cuenca del Guadiana son aquellas con derechos de extracción por encima del 80% del agua que se repone al año de forma natural, no lo que se extrae realmente. Para acercarse a un diagnóstico más real se ha sumado que las masas hayan mantenido descensos en su nivel piezométrico en el periodo 2009 a 2020.
Se cruzan datos porque saber, la Confederación no sabe cuánta agua se saca de cada pozo y esto no solo se debe a los ilegales. La generalización de los caudalímetros, los contadores del agua verdaderamente extraída, se incluyó en las medidas del Plan Especial para el Alto Guadiana en 2008 y en el Plan hidrológico de Segundo Ciclo (2015-2021). No se hizo. La realidad que describió la Confederación en los documentos de su plan de tercer ciclo es que «no se está midiendo en cada captación como se debiera y, cuando se hace, se incumple la obligación de la comunicación de lecturas. Este es un grave problema de gobernanza que ocurre por: falta de medios de control por parte de la Administración, problemas tecnológicos y normativos; y mecanismos de fraude en aquellos caudalímetros que sí están instalados, que se manipulan para modificar las lecturas». En las fichas del Esquema de Temas Importantes (ETI), uno de los principales documentos de trabajo para la elaboración de un Plan Hidrológico, se habla de «generalización del fraude en los caudalímetros instalados». La CHG reconoce que se ha dado un avance en este sentido con la normativa de 2020 sobre instrumentos de medida pero su alcance está por ver.
En los trabajos para el ETI se recoge que la inversión pendiente en caudalímetros por parte de los particulares respecto a la planteada por el Plan de Cuenca 2016-2021 era en 2018 del 92%.
A diciembre de 2020, casi el 53,5 % de las inversiones totales previstas en el Plan de Segundo Ciclo del horizonte 2016-2021 no se habían comenzado.
Contaminación química
Donde hay regadío y ganadería intensiva hay nitratos en el agua subterránea y donde hay escasez de agua, la contaminación se concentra. Las 16 masas en mal estado químico de la demarcación lo están por superar el límite legal de 50 mg por litro de nitratos.
Según los datos de tercer ciclo, la actividad agrícola, con una emisión de 19.363 toneladas de nitrógeno al año, y la ganadera, con 13.884 toneladas, ejercen una presión similar en las aguas de la demarcación.
Esta cuenca tiene la peculiaridad de que el peso de la ganadería es tal que, incluso la extensiva, «por la elevada concentración de ganado en determinadas zonas de las explotaciones tales como abrevaderos, comederos, etc, favorece el desarrollo de contaminación. El estiércol acumulado en estas zonas es arrastrado por las aguas de escorrentía superficial contaminando los cauces próximos y las aguas subterráneas, como ocurre con los purines aplicados en los suelos en periodos que no requieren tanto nitrógeno».
El nuevo plan de tercer ciclo considera que, de las 16 masas en mal estado químico, hay nueve que no van a lograr el buen estado en 2027 a las que se les aplica la exención del artículo 4.4 de la Directiva Marco del Agua «por causas naturales», básicamente la lentitud de las aguas subterráneas para recuperarse. Para cambiar la tendencia, sin embargo, las principales medidas que proponen se basan en códigos de buenas prácticas.
Fotografía de portada: Situación de las Tablas de Daimiel en septiembre de 2022 / DATADISTA