La Fundación Guggenheim Bilbao, con el apoyo del Gobierno vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, quiere impulsar un nuevo proyecto de museo en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La “ampliación discontinua del Guggenheim”, como llaman al proyecto los promotores, consistiría en dos sedes: Gernika y Astilleros de Murrueta. Ambas estarán unidas por una senda peatonal y ciclable de seis kilómetros. Es un proyecto que atraerá a miles de personas a zonas sensibles para la biodiversidad, poniendo en riesgo los principales valores naturales, sociales y culturales de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
La sede proyectada en Murueta se ubicaría en pleno corazón de la biosfera, es decir, donde la protección de la biodiversidad debería ser más estricta. Se pretende construir en el emplazamiento actual de los astilleros de Murueta, a escasos 20 metros de la marisma. Esta zona está protegida bajo varias figuras: como humedal Ramsar, ZEPA y ZEC (Figura 1). Es decir, que tiene numerosas figuras de protección. A pesar de ello, en vez de renaturalizar la zona una vez concluida la actividad del astillero, pretenden construir allí un museo que podría ubicarse en otro lugar, y permitir así que Urdaibai recupere su biodiversidad.
El tránsito de miles de turistas por la senda que uniría ambas sedes afectaría al descanso y la reproducción de aves y otras especies que habitan el lugar. Esto pondría en riesgo su supervivencia en esta zona y su estado de conservación a nivel global.
El proyecto aún no ha salido a exposición pública. Sin embargo, ya se están tomando medidas para hacerlo viable. Ya existe un convenio entre el MITERD y la Diputación Foral de Bizkaia (DFB) de 40 millones de euros para llevar a cabo varias actuaciones en la zona, se ha emitido una orden ministerial para reducir la franja de protección costera y también se ha modificado el Plan General de Ordenación Municipal de Murueta. Incluso, la cubertera Dalia ha sido demolida, a pesar de las protestas de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obras públicas. Desde Greenpeace denunciamos la orden ministerial para rebajar la franja de protección costera porque consideramos que incumple la ley de costas.
Además, tanto la orden ministerial como el convenio eximen a los astilleros de Murueta de la responsabilidad que asumieron al obtener la concesión para instalarse allí. Ésta les obligaba a devolver la zona a su estado original una vez finalizada su actividad, incluyendo la demolición de los edificios y la descontaminación de los suelos. En lugar de que la empresa asuma esta responsabilidad, el convenio destinará 40 millones de euros de fondos públicos a la descontaminación, es decir, dinero público para intereses privados.