Activismo y movilización
Frente a la permisividad institucional y la fuerte presión de los grandes intereses económicos, la sociedad civil desempeña un papel crucial en la defensa del territorio y la protección ambiental en España. Las principales estrategias de movilización social son:
- Activismo social: la forma más tradicional de enfrentarse a proyectos dañinos e impuslsar cambios en las instituciones. La sociedad civil se organiza para llevar a cabo acciones de sensibilización y denuncia pública, participación comunitaria, comunicación, incidencia política, manifestaciones y acciones directas no violentas.
- Litigios estratégicos: buscan generar cambios sociales y políticos, utilizando la ley como herramienta. El objetivo es establecer precedentes judiciales que influyan en políticas públicas y promuevan derechos como el derecho a la vida en un medioambiente sano. Un ejemplo es el primer litigio climático de la historia de España, presentado por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo contra el Gobierno español por su inacción frente al cambio climático. Este caso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional.
- Otros instrumentos jurídicos de protección: la escasa efectividad de la normatividad ambiental tradicional ha llevado a los movimientos ecologistas a buscar nuevas vías legales de protección de la naturaleza, como:
# El reconocimiento de la personalidad jurídica, que otorga derechos y permite a la ciudadanía emprender acciones legales de defensa: así se logró con el Mar Menor, con el río Tins (Outes, A Coruña), que en 2024 se convirtió en el primer río de España al que se le reconocen oficialmente sus derechos, y Greenpeace, Amigas da Terra y Ecoloxistas en Acción quieren conseguir con la declaración de derechos del río Ulla, amenazado por Altri y la mina de Touro-O Pino.
# Las Iniciativas legislativas populares (ILP), un mecanismo de democracia directa que, apoyada por la movilización social, posibilita que las personas puedan presentar proposiciones de ley sin ser parte del Congreso.
Estas movilizaciones se enfrentan a obstáculos como la falta de acceso a información clara y a tiempo y campañas de desprestigio y criminalización.
Trabas y dificultades
Aunque la participación ciudadana en decisiones ambientales es un derecho reconocido por convenios internacionales como el de Aarhus y la normativa de la UE, la participación es tratada como un trámite, con plazos ajustados y poca influencia real.
Estos son algunos de los obstáculos con los que se encuentra la ciudadanía a la hora de defender su territorio.
Participación pública insuficiente:
Para mejorar la participación efectiva, sería clave:
- Garantizar un mayor acceso a la información veraz y transparencia por parte de las empresas y administraciones.
- Ampliar plazos.
- Asegurar que las aportaciones ciudadanas sean vinculantes o realmente tenidas en cuenta en las primeras fases de planificación.
- Proporcionar recursos suficientes para que las comunidades puedan participar de manera efectiva.
Es fundamental avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza ambiental basado en la cooperación real entre la sociedad civil y las administraciones públicas. Las decisiones deben construirse mediante el diálogo, la negociación y el consenso, en lugar de ser impuestas de manera jerárquica. Un proceso participativo sólido fortalecería la protección del patrimonio natural y evitaría que intereses privados prevalecieran sobre el bien común.
Desinformación:
La estrategia de la desinformación se basa en simplificaciones deliberadas, manipulación de datos o la omisión de información relevante. El negacionismo climático es clave, al promover la falsa idea de que la protección ambiental es incompatible con el empleo o el progreso económico. Esto permite que proyectos dañinos se presenten como necesarios o inofensivos, y que la oposición ciudadana quede deslegitimada como radical o desinformada. La manipulación de la información es una herramienta estratégica para:
- Minimizar la crisis ecológica.
- Presentar proyectos destructivos como motores de empleo y progreso.
- Culpar falsamente a la conservación de los problemas del sector primario.
- Difundir bulos, como que «las áreas protegidas arden más» (desmentido por Greenpeace) o que las placas solares «esterilizan el suelo».
Casos de éxito de la movilización ciudadana
La movilización ciudadana y la presión ecologista han logrado frenar numerosos proyectos destructivos en distintos puntos de España gracias al papel del activismo social y legal. Estos son sólo algunos de los cientos de ejemplos de cómo la ciudadanía se ha levantado para defender la biodiversidad, como quedó documentado en el informe de Greenpeace Democracia y contrapoder. 40 años de movilizaciones ecologistas y pacifistas:
- En los años setenta y ochenta, el movimiento antinuclear reunió a miles de personas en el norte peninsular bajo lemas como “Nucleares, no, gracias”, logrando detener gran parte del programa atómico español y sentar las bases del actual cierre progresivo de las centrales.
- También tenemos grandes ejemplos en la defensa del litoral: la rápida reacción ecologista consiguió paralizar el macrohotel ilegal de El Algarrobico en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un caso que tras casi veinte años de litigios ha visto confirmada su ilegalidad.
- De igual modo, la presión social y jurídica logró en 2018 anular el plan urbanístico que amenazaba la playa de Valdevaqueros. en Tarifa, preservando uno de los enclaves naturales más valiosos del litoral andaluz.
- En Canarias, la unión de instituciones, pescadores, colectivos ecologistas y ciudadanía logró frenar las prospecciones petrolíferas de Repsol en 2015 tras intensas movilizaciones y acciones pacíficas, como la protagonizada por Greenpeace desde el barco Arctic Sunrise.
En definitiva, el fortalecimiento de las herramientas de participación activa de la sociedad civil y el activismo social son imprescindibles para la defensa del bien común, los derechos y el territorio.