Desde Greenpeace defendemos que es urgente legislar para frenar el acaparamiento de tierras, aguas y ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por los fondos de inversión, y garantizar un reparto social y justo del agua. Las políticas públicas deben orientarse al fomento de una agricultura sostenible con las personas y con el medioambiente, promoviendo un modelo de agricultura familiar y social, y no en un negocio en el que se lucren unos pocos. Una agricultura con ayudas públicas que acompañen y promuevan la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras y su transición hacia producciones más sostenibles con la naturaleza y los recursos disponibles.
Para ello, Greenpeace demanda:
#1 Las ayudas para agricultoras y agricultores, no para los especuladores:
👉 Exclusión de los fondos de inversión y los holdings empresariales de las ayudas de la PAC: impedir que reciban ayudas de la PAC, que deberían destinarse a agricultoras y agricultores que realmente lo necesitan.
👉 Reparto justo de las ayudas y condicionalidad social y ambiental: que la nueva PAC elimine progresivamente los pagos directos por hectárea, priorice el apoyo a la renta de las explotaciones con mayor valor ecológico y social, aplique escalas decrecientes y límites máximos a las subvenciones de la PAC y, antes de que finalice el actual periodo de programación, reserve al menos el 50% del presupuesto de la PAC para acción climática y ambiental.
👉 Transparencia corporativa real: mejorar el registro de transparencia del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para que todas las filiales y «vehículos de inversión» (SPV) se identifiquen como tal y se vinculen obligatoriamente a su matriz o fondo propietario, evitando la fragmentación de las ayudas y permitiendo un control regulatorio y fiscal efectivo.
#2 Impulso del modelo de agricultura familiar y social y freno a la especulación
El modelo especulativo de los fondos de inversión y otros actores del agribusiness actúan con total impunidad y con permisividad, apoyado por políticas públicas. Mientras que la agricultura familiar y social, arraigada en el territorio, está desapareciendo.
👉 Regulación del mercado de la tierra: implementar medidas para frenar el acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones y fondos de inversión, que tiene como consecuencia el incremento de los precios de la tierra e impide el acceso a la tierra de nuevos agricultores y agricultoras (relevo generacional). Se necesita una movilización de tierras con acompañamiento público y local (extensionistas agroecológicos) y figuras dinamizadoras en el territorio.
👉 Condicionalidad social y laboral: vincular los apoyos públicos al mantenimiento del empleo rural decente, producción alimentaria orientado a modelos agroecológicos para revertir la «sangría laboral» provocada por la mecanización extrema del modelo superintensivo.
👉 Control de la integración vertical y freno a la creación de oligopolios: vigilar y limitar el poder de los megagrupos que controlan desde el vivero hasta el lineal del supermercado, ya que esta concentración les permite manipular los precios en origen en perjuicio de los productores.
#3 Reparto justo y social del agua
El agua se está tratando como un activo financiero para inversores con el que especulan y se lucran, un recurso para ganar más dinero generando una desigualdad y competencia desleal con la agricultura menos intensiva y respetuosa con los recursos disponibles. En vez de ser tratado como lo que es: un derecho humano básico. Y como tal, debe estar justamente repartido, con criterios sociales y ambientales. Además, se debe vigilar que la actividad agraria preserva la buena calidad del agua, muy en particular de las aguas subterráneas, ya que son las reservas estratégicas del futuro. La contaminación del agua es otra forma de escasez. Así mismo, las últimas estimaciones del impacto del cambio climático en los recursos hídricos de España auguran un descenso acusado, sobre todo en el sur peninsular. Por ello, desde Greenpeace demandamos:
👉 Reparto de agua justo y sostenible: modificar los Planes Hidrológicos para eliminar las concesiones donde se benefician modelos de producción superintensiva frente al tradicional. Avanzar hacia una reasignación de recursos hídricos que garantice el desarrollo de una agricultura social y ambientalmente justa y arraigada en el territorio, así como la preservación de la calidad de las aguas cumpliendo tanto la Directiva Marco del Agua, la Directiva de contaminación por Nitratos u otras legislaciones aplicables.
👉 Creación de Bancos Públicos de Agua: poner en marcha centros públicos de intercambio de derechos para evitar la creación de «mercados privados del agua» y un “mercado negro del agua” mediante contratos opacos, asegurando que el agua se redistribuya con criterios sociales y ambientales.
👉 Revisión de concesiones históricas: auditar y actualizar las concesiones ligadas a cultivos antiguos (como algodón o arroz) que están siendo transformadas para el riego de olivar o almendro superintensivo sin control administrativo.