El tratamiento que los gobiernos central y autonómico dieron a la catástrofe del Prestige puso en riesgo al medio ambiente y a las personas. El juicio que se llevó a cabo en 2013 y su correspondiente sentencia corroboraron este riesgo, confirmando que contaminar o generar un desastre ambiental en España no tiene consecuencias, algo que no debería ser considerado aceptable.
10/12/2002. Protesta subacuática de Greenpeace en los fondos marinos de las islas Cíes. ©Greenpeace/Jorge J. Candan»
El siniestro del Prestige dejó al descubierto las gravísimas deficiencias de las regulaciones internacionales, entre ellas, la utilización habitual de banderas de conveniencia, en el caso del Prestige, de pabellón de Bahamas; el empleo de verdaderos entramados de sociedades interpuestas, capaces de disolverse y desaparecer en un breve espacio de tiempo ante un siniestro, lo que impide la exigencia de responsabilidades o conocer la verdadera identidad del propietario, del armador o del cargador del buque; la insuficiencia de las indemnizaciones que limitan la responsabilidad de los operadores, del cargador y del propietario del buque en caso de siniestro, así como de las cuantías cubiertas por los aseguradores y por el Fondo Internacional (FIDAC).
Para que un desastre así no vuelva a suceder, resulta imprescindible un cambio en el tratamiento jurídico europeo. No deberían darse incoherencias como que, ante un mismo delito, como la marea negra provocada por el buque Erika en la Bretaña francesa en 1999, supusiera una condena a la petrolera Total, al atribuir la responsabilidad al auténtico beneficiario del transporte del crudo y que en España pase todo lo contrario.
Somos testigos de que otros “prestiges” suceden constantemente en diferentes formas y lugares, a veces en el mar, otras veces en tierra y constantemente en el aire que respiramos.
El hundimiento del Prestige fue el resultado visible de una cadena de peśimas decisiones, pero la primera mala decisión y la que no hemos cambiado todavía a pesar de los impactos que sufrimos debido al cambio climático es la decisión de seguir utilizando combustibles fósiles: seguimos enganchados al petróleo y al gas fósil como hace 20 años: la actual policrisis energética, económica, social, ambiental e incluso geopolítica (invasión de Rusia sobre Ucrania) no se explican sin el contexto de la adicción global a las energías fósiles.
Desastres recientes como el vertido de petróleo de Repsol en Perú, el sabotaje del gasoducto Nord Stream II o el incierto rescate in extremis del petrolero FSO Safer, agonizando en el Mar Rojo con 140.000 toneladas de petróleo listas para el desastre, son ejemplos recientes de los desaguisados constantes que pueden provocar el gas y el petróleo en nuestro planeta y en nuestra sociedad.
Y por supuesto, aunque no ocurran accidentes o sabotajes, el funcionamiento ‘normal’ de los combustibles fósiles acaba derramando en nuestra atmósfera megatoneladas de CO2 una vez que se queman: solo en España vertemos, si no al mar, sí al aire, el equivalente a unos 1.190 “prestiges” cada año.
¿Qué hacer para que no vuelva a pasar?
Lamentablemente, muchas cosas deben cambiar para que otro Prestige no sea posible.
#1
Desde Greenpeace reclamamos el abandono del uso del petróleo y del resto de energías sucias proponiendo alternativas: un sistema energético basado en inteligencia, eficiencia y renovables 100%. El petróleo, como el resto de combustibles fósiles, desde su extracción, transporte, y consumo, genera irreparables, inevitables y permanentes impactos ambientales, y su utilidad en el sistema energético puede ser sustituida por otras alternativas.
#2
La información proporcionada por las administraciones ante una catástrofe ambiental debe ser rápida, completa y veraz. Ante todo, lo referente a los impactos para la población, así como las medidas de protección necesarias para reducirlos.
#3
Los impactos ambientales y sanitarios deben ser recogidos y analizados a través de un estudio integral que permita caracterizarlos, evaluarlos y cuantificarlos en su totalidad para conocer la verdadera dimensión de las catástrofes ambientales. La ausencia de un estudio de estas características resta relevancia al desastre y dificulta que se tomen las medidas adecuadas para evitarlos.
#4
El Prestige también nos recordó que debemos invertir mucho más en ciencia. Muchos de los efectos del Prestige nunca se podrán conocer porque no teníamos el suficiente conocimiento de los ecosistemas marinos antes de la catástrofe. Es muy posible que el chapapote haya extinguido comunidades enteras e incluso haya dado cabida a otras especies oportunistas.
#5
Es necesario el refuerzo de la red de áreas marinas protegidas que englobe los espacios de mayor riqueza biológica donde se limite el paso de buques peligrosos y permita acelerar la recuperación de los ecosistemas en su totalidad.
#6
La gestión política de una catástrofe ambiental no puede priorizar los intereses personales y/o partidistas de los representantes políticos sobre los intereses sociales y del medio ambiente, incluso sobre la propia responsabilidad legal que asumen al ejercer sus cargos.
#7
Ante una catástrofe ambiental, debe crearse una comisión de seguimiento de manera inmediata con la participación de todos los sectores y colectivos implicados.
#8
El derecho penal se encuentra limitado a la hora de defender el medio ambiente en casos con daños de gran envergadura, donde se acumulan actuaciones previas de múltiples empresas, fallos en los mecanismos de control, ausencia de informes periciales para fijar tanto daños como responsables y pasan años antes de que se produzca el juicio.
#9
Desde Greenpeace proponemos la creación de un cuerpo de peritos forenses ambientales que, con carácter nacional, puedan auxiliar en estas materias tan complejas como las catástrofes ambientales a los Tribunales de Justicia. Para poder exigir responsabilidades hay que demostrarlas y esto se hace basándose en pruebas periciales que son fundamentales, no solo para determinar la responsabilidad penal sino también para fijar la responsabilidad civil.
#10
Deben ponerse los medios para que la asunción de responsabilidades sea inmediata. El juicio por el accidente del Prestige se celebró más de una década después. Dicho retraso pone de manifiesto la incapacidad técnica de nuestro sistema judicial.
#11
Es necesario un cambio en el derecho internacional para que las catástrofes ambientales, cuya persistencia en el tiempo trasciende generaciones y en el espacio traspasan fronteras, sean perseguidas por los Tribunales Internacionales y no prescriban en el tiempo.
#12
Debe existir un mecanismo claro que haga que la industria petrolera, que aprovecha los recursos naturales, se haga responsable de las consecuencias derivadas de su lucrativa actividad económica.
#13
Resulta urgente y vital corregir las grandes deficiencias de la legislación y del régimen de responsabilidad en el transporte marítimo para que no se sigan protegiendo los intereses de la industria petrolera. Esta responsabilidad debe ser ilimitada a lo largo de toda la cadena de transporte, incluyendo a los dueños de la carga.
#14
Debe modificarse la legislación para asegurar que los Estados de pabellón sean sancionados si no cumplen estrictamente las normativas, como fue el caso del Prestige, con bandera de conveniencia.
A lo largo de estos 20 años, desde Greenpeace hemos realizado y participado en diversas investigaciones sobre el desastre del Prestige: