No solo el clima está cambiando. La realidad del campo español también. En líneas generales, la tendencia es que cada vez hay menos agricultores que trabajan sus propios campos y que puedan vivir de ello. Al agricultor tradicional le están sustituyendo lentamente grandes empresas agroindustriales especializadas en productos de regadío, que acaparan tierras y las estrujan al máximo con mano de obra a menudo extranjera.
Las pequeñas explotaciones han perdido alrededor de 287.000 puestos de trabajo (unidades de trabajo anuales) en la última década, es decir, cerca de la mitad de su mano de obra.
Entre 2007 y 2021 ha desaparecido un 36 % de las pequeñas explotaciones agrarias. Más o menos en ese mismo periodo, según datos del Censo Agrario, las grandes fincas de más de 50 hectáreas han aumentado un 2,5 %. Superan con creces los 17 millones de hectáreas y representan alrededor del 73 % de toda la superficie agraria utilizada del país. Son estas empresas y fondos de inversión con numerosos medios económicos y capacidad de influencia política las que marcan el paso del sector agrario a día de hoy. La gestión industrial del campo acapara recursos, destruye la biodiversidad y genera importantes impactos medioambientales en el entorno; a lo que hay que añadir una grave desigualdad social.
El núcleo principal del sector agrícola siguen siendo explotaciones medianas o pequeñas. Según datos extraídos del INE, el 77 % de las fincas españolas son de menos de 20 hectáreas, pero sólo suponen el 14 % de la superficie agrícola. Con frecuencia, no hay relevo generacional. Estas tierras las suelen compran las grandes empresas, aunque no necesariamente si son de regadío. El agua es lo que a menudo inclina el peso de la balanza del sector. Es decir, más agua es más producción y, por tanto, más dividendos a repartir.
Estas empresas, a través de las organizaciones que forman o directamente aquellas que tienen la capacidad de llegar a los despachos de las administraciones, exigen normas e inversiones para su beneficio. En este sentido, las obras hidráulicas pagadas con dinero público son clave: embalses, trasvases o desaladoras, entre otros. Se estima que actualmente en España hay cuatro millones de hectáreas de regadío. Si usamos datos más conservadores obtenidos del último Censo Agrario, que las reducen 3,5 millones, alrededor del 62 % (2.165.537 ha) corresponderían a las grandes fincas. Hace 10 años este porcentaje era del 54,76 %. El mundo rural se ha puesto de moda en las oficinas de Madrid y exige agua para regar sus beneficios.
La “uberización” del campo
Mención especial merece el uso del agua. En España el agua es un bien público que, generalmente, cuando es para riego, es gestionada por comunidades de regantes. Estas tienen un poder económico y político tremendo en las zonas donde operan. Controlar el agua de riego es controlar mucho dinero, y lo hacen de forma totalmente opaca al exterior, en línea con el Ministerio, que tiene una base central del agua cuyos datos no son públicos.
Frecuentemente, aparecen nuevos casos de pozos ilegales en fincas que no tienen concesión de aguas o que quieren usar más de la que pueden. O casos de fincas sin autorización de riego a las que las comunidades de regantes se lo permiten. Las autoridades no dejan de perseguir estas prácticas, no sin dificultades, y, aun así, haría falta más empeño y compromiso. Un precio justo para el agua y un sistema de concesiones más basado en la sostenibilidad que en el lucro podrían poner coto al problema.
Nada es suficiente para un sector donde la presencia de fondos de inversión está en auge por sus rápidos beneficios, y que ha hecho que la organización agraria COAG hablara de “uberización” del campo. La agroindustria de despacho y corbata se ha erigido en representante de todo el sector, aunque sus intereses y los de los pequeños productores que trabajan sus campos son totalmente diferentes. Estos solo se beneficiarán colateralmente de las migajas que dejen los grandes.
Además, la agroindustria se ha apoderado de la imagen del pequeño agricultor subido a su tractor que defiende los intereses de su familia. Con los últimos datos disponibles del INE, en España hay más de 35.000 sociedades mercantiles propietarias de explotaciones agrarias, casi un 70 % más que hace 10 años. El único campo que pisan los nuevos dueños del rural español es el de golf.
Es muy positivo que se invierta en el campo, pero no con un sistema meramente extractivista. El modelo agrario debería tender hacia garantizar la sostenibilidad alimentaria del país y la viabilidad económica de las personas que trabajan y viven de él, y no debería estar configurado para engordar las cuentas de resultados de un grupo de millonarios. Cualquier desembolso público debería tener en cuenta estos factores: sostenibilidad medioambiental, beneficios reales a los agricultores que trabajan el campo y reparto de la riqueza en los territorios, no dividendos.
¿El objetivo? Agua, suelo y subvenciones
Tras la acumulación de tierras y el control del sector, llega la acaparación de subvenciones y ayudas. Según datos de 2021, aunque las grandes fincas suponen solo el 7 % de las explotaciones agrícolas en España, reciben el 23 % de las subvenciones directas de la Política Agrícola Común (PAC). Por contra, las pequeñas explotaciones (de menos de 10 hectáreas), que son algo más del 60 % del total, se deben repartir el 29 % de las ayudas, casi la misma cantidad que las grandes.
Además, este modelo depredador de recursos está contagiando al resto del sector, que para competir con los grandes, debe intentar jugar con las mismas cartas, hasta el punto que algunas cooperativas agrarias formadas por cientos de pequeños agricultores operan como las grandes del sector.
Una de las estratagemas de los lobistas profesionales de la agroindustria, para poner a la opinión pública de su lado y exigir más obras hidráulicas y ayudas públicas que enriquezcan a sus accionistas, es decir que sus negocios fijan población en el mundo rural. Aunque la realidad es bien distinta.
La alta competitividad en un sector ha hecho que se opte por mano de obra barata, hasta el punto que la presencia de trabajadores extranjeros es de alrededor de 250.000 personas, el 40 % de personas afiliadas al Sistema Especial Agrario, en los que no figuran las temporadas sujetas a acuerdos específicos entre España y otro país, y tampoco los temporeros contratados de forma irregular. La población que fija las agroindustrias es la que vive en asentamientos informales, chabolas hechas con plásticos de invernaderos.