Eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente
Crear con expertos independientes un inventario público de subvenciones perjudiciales para el medioambiente y redirigirlas hacia soluciones sostenibles.
Protección efectiva de áreas protegidas y especies amenazadas
Los Espacios Naturales Protegidos deben contar con planes de gestión eficaces y recursos para su conservación. Asimismo, las especies amenazadas deberán tener con planes de conservación y restauración.
Revisión de las orlas de protección de los espacios protegidos
Evitar que los proyectos se sitúen en los lindes de espacios protegidos, especialmente de la Red Natura. Crear, para ello, orlas de protección adecuadas.
Equilibrio territorial en las áreas protegidas
Equilibrar las enormes disparidades de superficie protegida, representatividad de hábitats y eficacia de los instrumentos de gestión entre las comunidades autónomas.
Revisión de los abusos en las evaluaciones de impacto ambiental
Mejorar la independencia y rigurosidad de los EIA. Aumentar los controles y la participación vinculante de expertos independientes y de la ciudadanía.
Mayor control sobre los lobbies, puertas giratorias y conflictos de intereses
Establecer más controles y mecanismos de auditoría pública para asegurar la integridad de la toma de decisiones. Poner especial atención a los conflictos de interés y la corrupción.
Legislación contra el greenwashing y otras malas prácticas empresariales
Crear marcos legislativos que eviten que las empresas presenten sus proyectos con un barniz social y ambiental orientado a ocultar sus intereses económicos.
Fomento de la participación pública vinculante
La participación ciudadana vinculante y la innovación en democracia deliberativa deben ser herramientas prioritarias, al margen de los vaivenes políticos y de los lobbies.
Transparencia normativa y rendición de cuentas de las corporaciones
Publicitar adecuadamente los cambios normativos en materia ambiental. Además, regular de forma más restrictiva las figuras de utilidad pública, interés general, etc. Las corporaciones deben ser transparentes y rendir cuentas por sus impactos ambientales.
Ratificación y cumplimiento de acuerdos internacionales
España debe ratificar y cumplir acuerdos como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Para eso, habría que crear planes nacionales ambiciosos para proteger la biodiversidad.
En definitiva, es imprescindible un cambio estructural en las políticas públicas e incidir en la protección y restauración de la naturaleza. Greenpeace propone pasar de un enfoque reactivo y basado en excepciones legales a una planificación territorial integral. Esta debe priorizar la protección, la conservación, la restauración ecológica, el bien común y la participación vinculante de las comunidades locales.