El papel de las corporaciones
Las grandes empresas y corporaciones, a menudo con respaldo gubernamental, priorizan el beneficio económico a corto plazo por encima de la conservación de la naturaleza. Esta mentalidad fomenta la mercantilización del territorio. Los espacios de alto valor ecológico se ven como meras oportunidades de negocio por sus recursos naturales o ubicaciones estratégicas. Las leyes ambientales se perciben, entonces, como obstáculos al crecimiento. Por ello, es frecuente que proyectos destructivos en zonas protegidas o de elevado valor ambiental se justifiquen en nombre del desarrollo local.
Inversión y financiación pública de la destrucción:
- En 2022, las principales empresas invirtieron 4,6 billones de euros, a nivel global, en actividades que destruyen directamente la naturaleza.
- Según el informe de Greenpeace De subvenciones tóxicas a inversiones responsables, en 2024 se destinaron aproximadamente 23.330 millones de euros en subvenciones públicas a proyectos perjudiciales para el medio ambiente, concentradas en los sectores agrícola, transporte y energético.
Clima de impunidad y falta de disuasión:
- Existe una débil aplicación de la ley y sanciones inefectivas. La inmensa mayoría de los incumplimientos (97 %-98 %) se catalogan como infracciones administrativas. Sin embargo, los delitos ambientales perseguidos penalmente rondan sólo el 2 %.
- Las multas suelen ser irrisorias comparadas con los beneficios empresariales (ej: Conservas Rianxeira multada con 14.500€ frente a unos ingresos de 713 millones).
- Casos emblemáticos como el desastre de Aznalcóllar y el Prestige evidencian esta impunidad. Las empresas no han asumido los costes reales de la recuperación ambiental.
Artimañas y estrategias corporativas o cómo sacar tajada del territorio
Las corporaciones emplean un amplio repertorio de tácticas para eludir normativas y ganar apoyo:
#1 Greenwashing: presentan proyectos dañinos con un barniz de sostenibilidad. Utilizan un lenguaje ambiguo y ocultan impactos reales. Un ejemplo es el uso de «biogranja» por parte de Valle de Odieta para su macrogranja de más de 7000 vacas lecheras en Caparroso (Navarra). Otro caso sería referirse a la celulosa de ENCE como «biofábrica».
#2 Promesas de empleo y desarrollo: inflan las cifras de puestos de trabajo para generar apoyo social y político, como en el caso de la macrocelulosa de Altri en Galicia: las promesas iniciales de 2.500 empleos se redujeron a entre 161 y 281 en informes independientes.
#3 Lobby político y compra de voluntades: la corrupción en la gestión del territorio está ligada, a menudo, a la construcción y el urbanismo. Prácticas como financiación ilegal de partidos, los pagos irregulares y las puertas giratorias (contratación de ex altos cargos públicos en empresas privadas) persiguen objetivos ilícitos. FCC, OHL o Sacyr han estado implicadas en casos de corrupción ligados con estas prácticas.
#4 Patrocinios y «planes sociales»: utilizan el patrocinio de eventos culturales y deportivos dentro de sus “planes sociales” y reparten dinero localmente. Esta estrategia busca lavar su imagen y contrarrestar la percepción negativa sobre los impactos ambientales que generan. Es el caso de la fábrica de celulosa ENCE, en Pontevedra, que lleva años desarrollando un “plan social” que reparte dinero para comprar voluntades.
#5 Contenidos patrocinados: pagan a medios de comunicación para publicar artículos que, aunque parecen noticias, promueven sus proyectos. Esto dificulta a la ciudadanía distinguir la información de la publicidad.
#6 Captura de fondos públicos: acceden a financiación europea (fondos Next Generation) destinada a la transición ecológica para proyectos que, en realidad, son dañinos (ej: el intento de financiar la telecabina de Canal Roya en el Pirineo que la movilización social consiguió evitar).
#7 Fragmentación de proyectos (“Salami Slicing”): trocean un macroproyecto en varios pequeños para eludir evaluaciones ambientales exhaustivas y minimizar la percepción de impactos acumulativos.
#8 Proyectos al límite: sitúan las construcciones o proyectos justo en los límites de los espacios protegidos. Aprovechan, como en el caso de la macrocelulosa Altri en Galicia, las franjas de protección laxas. La empresa ubicó el proyecto en el límite conla Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 Serra do Careón. Es el caso también del almacén de gas proyectado en las puertas del Parque Nacional de Doñana.
El papel de las administraciones públicas: permisividad, negligencia y complicidad
España es el país de la UE con más infracciones ambientales abiertas, con 24. Existe un problema estructural de permisividad y falta de aplicación rigurosa de la normativa. Esto implica la necesidad de una revisión urgente de los procesos burocráticos y un fortalecimiento de las capacidades institucionales para aplicar de manera efectiva la normativa ambiental vigente.
Permisividad administrativa:
- Las administraciones actúan con frecuencia primando los intereses económicos sobre la protección ambiental. Casos como el de Doñana, el del Mar Menor o el de la carretera M-501 en Madrid (declarada ilegal pero ejecutada bajo la figura de «interés general») son ejemplos claros.
- Se crean leyes ad hoc para facilitar proyectos, como la «ley ZEPA» en Extremadura, para validar obras en zonas protegidas, o la «ley de depredación» en Galicia.
Retrasos en la implementación normativa:
- La lentitud burocrática y la inacción agravan la degradación. El colapso del Mar Menor y la mortandad masiva de fauna de 2021 se podrían haber evitado si se hubieran aplicado las normativas de aguas y nitratos a tiempo.
- La Comisión Europea tiene abierto desde 2023 un procedimiento de infracción contra España por deficiencias en la Red Natura 2000, que aún no se ha resuelto.
Normativa flexible y excepcionalidad:
- El uso abusivo y el escaso control público sobre figuras como «proyecto estratégico» o de «interés general» ha vaciado de contenido estas excepciones, convirtiéndolas en vías para sortear protecciones ambientales. Estas figuras no sólo sirven para impulsar nuevos proyectos, sino también para reactivar otros que habían sido descartados. Es el caso de la mina de Salave en Asturias o la mina de Touro-O Pino en Galicia.
Insuficiencia de la Red de Espacios Protegidos:
- España enfrenta un problema de lagunas de cobertura legal que deja hábitats clave sin protección. En 2023, la Comisión Europea (CE) inició un procedimiento de infracción contra el país por no incluir una lista «exhaustiva» de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en la Red Natura 2000. Esto mantiene vulnerables ecosistemas vitales, como humedales temporales, estepas cerealistas, turberas y corredores fluviales. Además, muchas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA), identificadas por SEO/BirdLife, no han sido declaradas ZEPA.
- La infraestructura Verde y Conectividad Ecológica, aprobada en 2021, tiene una implementación insuficiente. Por ejemplo, el proyecto de fábrica de celulosa de Altri en Galicia, que se emplaza en un lugar propuesto inicialmente como zona de amortiguación de la Infraestructura Verde de Galicia. Esta zona, sin embargo, fue eliminada de la propuesta final, evidenciando un incumplimiento en la protección de la conectividad ecológica.
Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) débiles o sesgadas:
- Los estudios de impacto, realizados por los promotores, adolecen de conflictos de interés y suelen minimizar los riesgos. Se han convertido, en muchos casos, en un trámite formal y no en mecanismos de control efectivos. Así, proyectos como la celulosa de Altri o el de Aznalcóllar en Andalucía evidencian fallos graves en los EIA, ignorando informes científicos y obviando impactos acumulativos.
- Estas prácticas contribuyen a la erosión de la credibilidad del proceso de evaluación ambiental, priorizando un modelo extractivista sobre la conservación.
Para que la EIA cumpla su función real, urge mejorar su independencia, reforzar los controles y garantizar la participación de expertos independientes y de la ciudadanía.
Dinámicas de poder y conflictos de intereses
La corrupción (por ejemplo, la Operación Malaya), la presión de lobbies y el fenómeno de las puertas giratorias (con casos en empresas como ENCE, Red Eléctrica Española, etc.) generan un sistema donde los intereses económicos terminan controlando a las instituciones públicas. Este control institucional debilita la capacidad del Estado para proteger el medio ambiente. Informes de organizaciones como Transparency International han señalado que España enfrenta un problema sistémico de corrupción que afecta a múltiples niveles de la administración pública, especialmente en la gestión del territorio y los recursos naturales.
En definitiva, la influencia de grandes empresas y la connivencia de ciertas administraciones debilitan la protección de la naturaleza. Para frenar estos abusos, es crucial reforzar la transparencia, establecer controles independientes y mecanismos de monitoreo y auditoría pública que garanticen decisiones ambientales basadas en criterios científicos y objetivos.