Conclusiones
#1 Hay que acabar con las subvenciones tóxicas (valorada en unos 23.330 millones, 1,5% del PIB de 2024) y doblar los recursos disponibles para una transición ecológica en beneficio de las mayorías sociales y del conjunto de la economía.
#2 La crisis energética derivada de la guerra de Ucrania ha disparado las subvenciones marrones a niveles récord en Europa (136.000 millones de euros en 2022) y España (13.500 millones de euros en 2022).
#3 El dinero público sigue financiando actividades altamente contaminantes, dejando un coste ambiental del 1,64 % del PIB. Al final, ese precio lo pagamos todos, incluidas las futuras generaciones, mientras que los responsables se libran de la factura.
#4 En 2024 9 de cada 10 euros de dinero público analizado en los sectores de transporte, agricultura y vivienda son considerados como subvenciones marrones o naranjas, con un impacto negativo al medio ambiente. Esto es incompatible con la transición ecológica, genera inflación y supone una fuente de inestabilidad y vasallaje geopolítico.
#5 El 91% de las ayudas en los tres sectores analizados son regresivas. Esto significa que su diseño e implementación no están centrados en los grupos más vulnerables o en las pymes de los sectores más golpeados por las sucesivas crisis.
#6 El análisis de las ayudas al sector agrario arroja el peor balance ambiental y social de los sectores analizados, con la PAC como principal responsable.
#7 Se invierten miles de millones de euros en la transición al vehículo eléctrico o híbrido, pero su impacto se ve limitado por las subvenciones al gasóleo.
#8 El ritmo de inversión en rehabilitación energética es seis veces inferior al necesario para cumplir con el escenario de 1.5ºC del Acuerdo de Paris.
#9 El modelo de subvenciones genera un consumo cautivo del gas, carburantes y agrotóxicos que beneficia a las grandes empresas contaminantes de estos sectores. Empresas como Repsol, Moeve, Naturgy, Fertiberia, Iberia o Ryanair son altamente contaminantes. Comprometen los objetivos climáticos y la salud de la ciudadanía. Además,se benefician de las ayudas y esquemas fiscales a costa de los contribuyentes, mientras generan beneficios históricos. Es necesario una mayor rendición de cuentas, exigir su responsabilidad social y ambiental y el pago de los daños ocasionados a la sociedad.
Peticiones
#1 El Gobierno y el resto de administraciones públicas del Estado deben cerrar el grifo a las «paguitas tóxicas», y especialmente las que van a los bolsillos equivocados. En su lugar, hay que dirigir esos fondos públicos e incentivos hacia sectores de mayor resiliencia en los que el bienestar de la ciudadanía y la acción climática van de la mano.
#2 Un compromiso político efectivo por parte del Gobierno acorde con el liderazgo europeo e internacional.
#2a Elaboración de un inventario público de subvenciones ambientalmente dañinas en 2025.
#2b Compromiso con un plan de revisión justa y progresiva de los subsidios dañinos en 2025 de cara a la cumbre de financiación para el desarrollo sostenible de Sevilla y a la Conferencia del Clima de Belem (Brasil).
#2c Un alineamiento verde completo de los Presupuestos Generales del Estado – y del conjunto de las administraciones – y garantizar el foco en bienestar y derechos básicos.
#2d Avanzar en medidas de fiscalidad verde y justa que refuercen el dinero público disponible para una transición ecológica para la gente.
#3 Las soluciones que son buenas para el bolsillo de las personas y el planeta ya existen en sectores clave para la acción climática y el bienestar social. Necesitamos superar la adicción a las paguitas tóxicas con una inversión responsable.