El 44% de las masas de agua subterránea en España se encuentra en mal estado, según los documentos de elaboración de los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027) presentados por las Confederaciones Hidrográficas. Esto significa que España ha incumplido ya el plazo de 2015, el de 2021 y corre un alto riesgo de incumplir en 2027 los objetivos ambientales fijados en la Directiva Marco del Agua, último plazo salvo casos muy tasados en los que cabe acogerse a una prórroga o a objetivos menos rigurosos. En el 19% de las masas de agua subterránea ya se da por hecho que no se cumplirán. No se espera que se pueda alcanzar el buen estado hasta dentro de una década o más. Para el 8% de las masas se da un plazo a 2039 y más allá.
El 44% de las masas de agua subterránea en España está en mal estado
Mal estado global incluye las masas en mal estado cuantitativo, químico o en ambos
La extensión de las 353 masas de agua subterránea en mal estado supera los 140.000 kilómetros cuadrados, lo que supone un impacto que abarca casi el 40% de la superficie total que ocupan las masas de agua subterránea en España.
España cuenta con un recurso anual disponible en sus acuíferos de 29.400 hectómetros cúbicos de agua, según los documentos de los planes de tercer ciclo. Es la cantidad de agua total de la que podría disponer al año si se respetase en todas y cada una de las masas de agua subterránea su capacidad de regeneración. Sin embargo, este país ha descuidado sus aguas subterráneas. Ha permitido la sobreexplotación por encima de la regeneración que permite el ciclo del agua y las ha contaminado pese a estar llamadas a ser una fuente de abastecimiento humano cada vez más importante conforme la emergencia climática avance y los periodos secos se prolonguen.
La atención que han recibido ha sido mínima a pesar de su íntima relación con las aguas superficiales, como muestra la reducción de cauce de los ríos, manantiales históricos que han dejado de brotar, la intrusión salina en los acuíferos costeros y, de forma mucho más evidente por su impacto en áreas teóricamente protegidas, desastres como los de las Tablas de Daimiel, Doñana o el Mar Menor. Cuando falta la lluvia se habla de embalses, ríos, lagunas pero se tarda en poner el foco en este recurso que ha resultado vital en cada sequía ya en el pasado. La falta de atención ha abonado la falta de control y un abuso permitido cuando no impulsado por las administraciones, que ha sido el peor compañero de los acuíferos y de la que según la ley es su prioridad: el abastecimiento humano.
El 27% de las masas de agua subterránea en España se declara en mal estado cuantitativo, se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural; el 30%, en mal estado químico, se ha alcanzado un nivel de contaminación (sobre todo por nitratos pero también plaguicidas, metales…) por encima de los niveles máximos para la salud humana; y el 14% se declara en mal estado cuantitativo y químico. Si una masa suspende en alguno de estos dos parámetros o los dos se considera que está en mal estado global.
Además de las masas ya en mal estado el número de las que están en riesgo de estar en mal estado en 2027 es mayor, ya sea por extracciones, contaminación o ambos. En el siguiente mapa se puede explorar la situación de cada masa tanto en cantidad como calidad, el peso de las extracciones respecto al agua que es capaz de reponer de forma natural, así como aquellas masas con impactos de magnitud suficiente como para ponerlas en riesgo.
MAPA INTERACTIVO: Conoce el estado de las aguas subterráneas
| IMPACTOS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE NO ALCANZAR EL OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL |
|---|---|
| N | Contaminación por nutrientes, sobre todo nitratos de abonos y excrementos de animales, por encima del límite legal (50 mg/l) o cerca del límite y con evolución ascendente. |
| L | Descenso del nivel freático (profundidad del acuífero, volumen de agua) debido a extracciones. |
| C | Contaminación química distinta a nutrientes (sobre todo plaguicidas pero también metales, hidrocarburos…) por encima del límite legal o cerca y con evolución ascendente. |
| E | Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea. |
| M | Contaminación microbiológica. |
| O | Contaminación orgánica. |
| Q | Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo. |
| I | Alteraciones de la dirección del flujo de agua por intrusión salina. |
| S | Intrusión o contaminación salina. |
| T | Otro tipo de impacto significativo. |
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La extensión de cada problema
El mapa de las masas de agua subterránea cambia si se miran de forma individual cada uno de los problemas que las han situado en mal estado. El daño por extracciones aumenta hacia el sur mientras que la contaminación se concentra allí donde tiene un fuerte peso la agricultura, pero también en las zonas más saturadas por la expansión de las macrogranjas.
El 27% de las masas de agua subterránea en España está en mal estado cuantitativo debido fundamentalmente a las extracciones masivas realizadas. Afecta a más del 50% de las masas en las cuencas del Segura, Guadiana y las internas de Cataluña, así como a un tercio en cuencas del tamaño del Guadalquivir, Segura, Duero, Ebro y Júcar.
El 30% de las masas de agua subterránea presentan mal estado químico. Afecta a la mayor parte de las masas en las cuencas del Guadiana, Segura, Guadalete y Barbate, Gran Canaria, Tinto, Odiel y Piedras y a un tercio de las del Guadalquivir, Júcar, Duero y Ebro.
Además del estado de la masa, las confederaciones deben medir los impactos que sufre el agua subterránea, entendidos como una presión o presiones que alcanzan ya un nivel que suponen un riesgo en los objetivos medioambientales, hayan provocado ya o no que esa masa esté en mal estado.
El impacto por nutrientes, debido principalmente a un exceso de nitratos por fertilizantes agrícolas no orgánicos pero cada vez más a los purines de la ganadería industrial, además de otros compuestos utilizados en la agricultura, es uno de los impactos más extendidos.
La ganadería industrial tiene un impacto significativo en las masas de agua subterránea, especialmente allí donde se ha impulsado sin atender a los riesgos de su concentración ni al efecto de situar las explotaciones en suelos muy permeables y por tanto de mayor riesgo para los acuíferos.
Este mapa muestra las masas con impacto por nutrientes superpuesta a las Zonas Vulnerables a Nitratos y la situación de todas las macrogranjas de porcino y aviar.
Los plaguicidas son una de las fuentes de riesgo también más extendidas y que mayor alarma despiertan. Su afección al ser humano, especialmente combinadas entre sí, su evolución en el tiempo, su mutación, el constante cambio de compuestos por los fabricantes para esquivar las prohibiciones y su durabilidad, que hace que se detecten en las aguas muchos años después de ser prohibidos, ha despertado las alarmas.
El 13% de las masas de agua subterránea se encuentran afectadas por intrusión y/o contaminación salina.
El exceso de extracciones en los acuíferos costeros produce una intrusión de agua salada al cambiar el flujo del acuífero. En el masas continentales, una mala gestión de los pozos produce una contaminación cruzada por sales y yesos.
Estado por Cuencas Hidrográficas
El estado, tanto cuantitativo como químico, de las masas de agua subterránea por cuencas hidrográficas es una imagen fiel de la apuesta económica de las diferentes regiones que atraviesan. El mal estado cuantitativo del 55% de las masas de la cuenca del Guadiana encierra el daño de décadas de extracciones para regadío, potenciadas tras la reconversión del viñedo, en las masas del Alto Guadiana, cuya consecuencia a ras de suelo son Las Tablas de Daimiel secas, la desaparición de los Ojos del Guadiana o la afección a las Lagunas de Ruidera.
El mal estado químico del 80% muestra que no se ha priorizado el abastecimiento humano y sí el uso de fertilizantes y la proliferación de la cabaña ganadera en zonas sobre aguas que servían en gran medida para beber y a las que hace tiempo se busca sustituto.
La apuesta por el regadío se ve en el estado de las masas del Segura, “la huerta de Europa”. El olivar, antiguamente de secano y puesto masivamente en riego, está tras las cifras del Guadalquivir, con un capítulo especial para los frutos rojos junto a Doñana. La agricultura y las macrogranjas tienen su reflejo en el estado de las aguas del Ebro. En la cuenca del Duero, la apuesta por el cereal y herbáceos como el maíz y la remolacha han provocado sobreexplotación y contaminación por nitratos, amonio y arsénico en parte de sus masas de agua subterránea.
La (des)confianza de Europa y las prórrogas
La Directiva Marco del Agua exige que todas las masas estén en buen estado global antes del final de 2027 y, aunque hay excepciones para ir más allá, Europa ha dado muestras de que tiene poderosas razones para considerar que esta exigencia no se va a cumplir en el caso español.
El 2 de julio de 2020, la Comisión Europea comunicó a España un dictamen motivado previo a un procedimiento sancionador por incumplir la Directiva de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de la agricultura.
La comunicación del inicio del procedimiento cogió a las Confederaciones Hidrográficas en pleno proceso de elaboración de los planes de Tercer Ciclo, por lo que una tras otra incluyen en los documentos un mismo párrafo replicado asegurando que el conocimiento del proceso sancionador ha “condicionado necesariamente la sensibilidad respecto a este tema” y ha hecho “más evidente, si cabe, la necesidad de desarrollar todas las acciones y medidas necesarias”.
El Tribunal de Justicia de la UE ya ha dictado sentencia contra España por no proteger Doñana de las extracciones ilegales de aguas subterráneas para regadío y las destinadas a abastecimiento del complejo turístico de Matalascañas. Las intenciones de la Junta de Andalucía de ampliar la regularización de regadíos del entorno de Doñana provocó el envío de una carta de Bruselas advirtiendo que lo que ha sido un proceso sin sanciones puede pasar a una denuncia ante el TJUE que sí las exija.
Gran parte de las medidas del Segundo Ciclo Hidrológico que se propusieron para modificar la situación de los acuíferos españoles en mal estado ni se han iniciado, reconocen los documentos para el plan de tercer ciclo.
De las masas que están en mal estado (353 de un total de 804 masas de agua subterránea que tiene España) el 43% se ha acogido a prórroga para intentar conseguir el buen estado más allá de 2027. Son 152 masas con una extensión de más de 75.000 kilómetros cuadrados con muy complicado pronóstico para su recuperación. La gran mayoría de estas masas están contaminadas por nitratos provenientes de la agricultura y ganadería industrial.
Dicho de otro modo, el 19% de todas las masas subterráneas de España no espera cumplir con los objetivos medioambientales tampoco en 2027. Hay demarcaciones que en sus planes de tercer ciclo (2022-2027) no creen que se pueda alcanzar el buen estado en parte de su agua subterránea antes de 2033 o 2039.
El problema de las aguas subterráneas con respecto a las superficiales es que la evolución de los acuíferos es muy lenta y, una vez contaminados, puede llevar décadas su recuperación. Hay cuencas que ni siquiera plantean iniciar el camino para revertir su situación.
La Confederación Hidrográfica del Ebro acoge a prórroga más allá de 2027 a 23 masas, que incluyen 3 que planean alcanzar el buen estado en 2033 y 20 masas en 2039. La peculiaridad en esta cuenca es que una de las presiones que más protagonismo ha ganado, la ganadería intensiva, lo ha hecho en la última década, precisamente cuando ya debía estarse actuando para alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua. En los documentos de Tercer Ciclo especifican que entre 2009 y 2018 el número de unidades de ganado mayor ha aumentado un 19%, con la principal causa en el incremento del 37% de las cabezas de porcino.
La Confederación del Ebro se acoge, para pedir prórrogas, a que “no es posible una recuperación más rápida del acuífero sin afectar significativamente a los usuarios actuales (sector agrario y ganadero de la zona)”, por cuyo crecimiento sigue apostando. La cuenca del Ebro tiene ya zonas de abastecimiento humano, la demanda en teoría prioritaria, afectadas por contaminación por nitratos con ayuntamientos que deben repartir agua embotellada durante algunos meses del año porque la del grifo no se puede beber.
Algo similar ocurre en la cuenca del Guadalquivir y su apuesta por la expansión del olivar de regadío superintensivo, especialmente en la última década y con grandes extensiones transformándose actualmente cada vez más al este de la comunidad. Junto al olivar, proliferan igualmente otros cultivos demandantes de agua como el aguacate o el almendro.
En el Guadiana, el 45% de las masas de agua seguirá en mal estado más allá de 2027, mientras desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se sigue insistiendo en la regularización de regadíos. La misma prórroga se pide para el 38% de las masas en las Cuencas Internas de Cataluña, en la mayoría de las masas en Gran Canaria y en todas las de Tenerife y Fuerteventura.
Tampoco se espera la recuperación en los próximos años de las masas de agua subterránea asociadas a ecosistemas gravemente dañados como las Tablas de Daimiel y el Mar Menor.
Guerras del agua, los trasvases
Con este panorama, hay demarcaciones que no cejan en el empeño de apostar por mantener e incluso incrementar el regadío, cuando en no pocas ocasiones es el propio futuro del regadío el que está ya en cuestión por el mal estado de los acuíferos que lo alimentan. Si no hay agua, se pide de otras cuencas, con inversiones previstas que suman miles de millones de dinero público y ejemplos como el de la Confederación del Segura, que pide que se exima al regadío del principio de recuperación de costes, es decir, de devolver el dinero público invertido a través de la tarifa del agua, para que no deje de ser competitivo.
A ello se suma la presión de los gobiernos autonómicos y sus competencias en ordenación del suelo y medio ambiente, que han servido para un constante tira y afloja con las Confederaciones, el Gobierno central y en cuencas multiautonomía entre los propios gobiernos autonómicos que han frenado la ejecución de medidas ya previstas.
La Confederación del Guadiana da ya por hecho que se van a traer 30 hm3 del Tajo al año a través de la llamada tubería manchega, puesta en pruebas este verano, lo que ha permitido mandar agua de emergencia para Las Tablas. Pero la tubería manchega no puede servir a fines medioambientales, ya que según la ley se usará para abastecimiento, lo que servirá para liberar el agua que consumía para beber de las aguas subterráneas. A la Junta de Castilla-La Mancha, que ha votado contra el proyecto del Plan Tercer Ciclo pese a ser del mismo signo político que el Gobierno central, le parece insuficiente y ha pedido otros 15hm3 para regularizar extracciones ilegales de las que esquilman las masas subterráneas y darles agua legal. Lo piden porque no es la primera vez. El proceso de regularización es una larga historia en el Guadiana y en otras cuencas con masas en mal estado por sobreexplotación.
En Castilla-La Mancha apuestan por este trasvase para su regadío pero levantan la voz contra el que lleva agua del Tajo al Segura, con argumentos como que es utilizar un bien público para el lucro privado.
En la zona del Segura se pide agua de donde se la manden. Allí parece inasumible el recorte del trasvase del Tajo previsto de aquí a 2039 y a los agricultores les parece muy cara el agua desalada de mar que sustituiría en parte la que no llegue desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. La Confederación del Segura se sumó históricamente a las voces en favor del trasvase del Ebro, previsto en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 y anulado en el de 2004.
En la zona del Guadalquivir piden agua del Guadiana a través de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras para cerrar pozos en Doñana, además de presas, recrecimiento de embalses y plantas desalinizadoras.
Un estado peor al reportado hasta ahora y los fallos de control
España no mide como debiera el agua de sus acuíferos. El 22% de las masas de agua subterránea en España no dispone actualmente de sensores piezométricos que midan la evolución del nivel del agua y que permitan, por tanto, conocer con detalle su estado cuantitativo con base en el nivel freático. Esto ocurre especialmente en demarcaciones con los acuíferos tan sobreexplotados como la demarcación del Guadalquivir y en otras zonas como la provincia de Jaén, esta última a pesar de su déficit hídrico y de haber puesto en regadío la mayoría de su casi monocultivo: el olivar. La ausencia de sensores piezométricos está extendida por todas las cuencas en mayor o menor medida.
La inminencia de los planes de tercer ciclo y las llamadas de atención desde Europa llevaron al Ministerio de Transición Ecológica en el otoño de 2020 a elaborar una guía para medir los diferentes impactos de cada masa y establecer su buen o mal estado cuantitativo y químico alejándose todo lo posible de métodos basados en estimaciones. Las demarcaciones con mayores problemas reconocen en sus documentos del Tercer Ciclo que los test cruzados impuestos desde el Miteco han aflorado un estado de las masas de agua subterránea peor al reportado hasta ahora.
Le ha ocurrido por ejemplo a la cuenca del Ebro con las masas en mal estado cuantitativo. De una sola masa en mal estado en el Plan Hidrológico de 2016, tras los test cruzados se ha pasado a reconocer 6 masas en mal estado, tres de ellas además con consecuencias en ecosistemas terrestres (Pliocuaternario de Alfamén, Mioceno de Alfamén y Huerva-Perejiles).
En un país con montañas de expedientes pendientes de regularización en algunas demarcaciones, las nuevas técnicas también han mejorado el conocimiento de las masas, especialmente la teledetección. Hay masas en el Guadalquivir que, de no detectar superficies en riego significativas en el anterior plan de cuenca han pasado a declarar masas en mal estado cuantitativo cuando la teledetección ha demostrado que se consumía más del 80% del agua anual disponible.
Incluso con la nueva metodología del Miteco y las novedades tecnológicas, la imagen del mal estado del agua subterránea en España es muy conservadora. La realidad se intuye peor.
La generalización de los caudalímetros en las explotaciones agrícolas para conocer el verdadero volumen que se extrae está muy lejos de ser realidad. El porcentaje de cumplimiento de las inversiones previstas para generalizarlos es muy bajo y en los documentos de planes de cuenca se recogen llamadas a la búsqueda de soluciones dado el alto nivel de fraude y manipulación de los aparatos, como ocurre en la cuenca del Guadiana.
Por estos fallos de control sobre las extracciones reales, la Confederación del Guadiana utiliza los derechos, no las extracciones, a la hora de establecer el mal estado cuantitativo de las masas de agua subterránea de la cuenca, cruzando la información de esos derechos sobre el agua disponible con la evolución del nivel freático del agua de los acuíferos medida con sensores piezométricos. Es decir, si pese a que el régimen anual de extracciones limita el agua que se puede sacar los derechos de extracción son superiores al agua disponible y el nivel del agua baja en la mayoría de piezómetros de la masa, la declara en mal estado cuantitativo.
Otro aspecto a tener en cuenta en las declaraciones de masas en mal estado es el modo en que se distribuyen las diferentes masas subterráneas. La del Campo de Cartagena es un acuífero multicapa y, aunque se declara todo sobreexplotado, la capa superior no lo está, al contrario, sus aguas cargadas de nitratos rebosan en superficie y acaban a través de las ramblas en el Mar Menor. El antiguo acuífero 27, o acuífero de Doñana, está dividido actualmente en cinco masas de las que tres están declaradas como sobreexplotadas. Dos no, aunque una es la que afecta a las lagunas peridunares como Santa Olalla, que se ha secado por completo este verano por primera vez en décadas, por lo que en la Comisión del Agua ya se ha puesto el foco en que debería estar igualmente declarada como sobreexplotada.
A todo ello se une la histórica permisividad con el regadío ilegal, que queda en la mayoría de los casos fuera de todo control. Los tribunales no han ayudado. Se acumulan las sentencias en favor de que no se controlen los pozos para uso privativo abiertos al amparo de la Ley de Aguas. En las Confederaciones los conocen como “los sietemiles”, porque permiten extraer hasta 7.000 m3 al año. Están al margen del procedimiento concesional y de las limitaciones impuestas al mismo en los planes hidrológicos y se han convertido en un inmenso coladero de fraude respaldado por la sentencia del Supremo de 2019 que anuló la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Segura de obligarles a contar con autorización. Las Confederaciones se reconocen incapaces de comprobar si realmente se extraen 7.000 m3, el doble o el triple.
La normativa comunitaria exige conocer cuánta agua hay en cada masa subterránea (estado cuantitativo), cuánta entra y con qué origen (lluvia, retornos de riego, transferencias desde otras masas) y su destino (extracciones, descargas en superficie) con el objetivo de saber si se está respetando el ciclo natural o se está practicando lo que se llama “minería del agua”, afectando a la pervivencia futura de la masa. Como patrón general, si las extracciones superan el 80% del recurso disponible o capacidad de regeneración (IE: índice de explotación) y los niveles piezométricos (el nivel freático) de la masa están en descenso, se declara en mal estado cuantitativo.
Hay que medir igualmente la contaminación, su calidad (estado cualitativo), mediante el análisis químico de todas las sustancias contaminantes estipuladas y determinar su evolución. Si se superan los límites establecidos para la salud humana en la mayoría de puntos de medición o se supera en alguno de ellos si se trata de zonas protegidas para abastecimiento humano, se considera en mal estado químico.
Ambos estados, cantidad y calidad, pueden estar estrechamente vinculados porque a menos agua, más concentración de las sustancias contaminantes.
Las diferentes confederaciones desvelan en sus documentos que la Dirección General del Agua está trabajando en modificaciones de la normativa sobre aguas subterráneas para lograr “el control de las extracciones, potenciar diversos instrumentos de gestión a disposición de los organismos de cuenca y una modificación del régimen sancionador” para hacerlo efectivo.
Cuando el problema llega al agua de beber
La contaminación química por nitratos, sulfatos, pesticidas o arsénico también llega al agua del grifo. En España, según el MITECO, el 30% de la población se abastece con aguas subterráneas.
Aunque no distingue si se trata de agua superficial o de acuífero en la información hecha pública, para el control de las aguas de consumo en España existe una red de información denominada Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), que recopila todos los análisis realizados a aguas de consumo humano proveniente de la red de abastecimientos.
Un análisis realizado de más de 13 millones de registros, de los resultados de los muestreos a aguas de consumo humano entre 2016 y 2021, indica que se han incumplido más de 100.000 veces los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003 sobre los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
La mayoría de ellos -el 60%- se debe a incumplimientos por altos niveles de concentración residual de cloro pero además, entre 2016 y 2021, en 411 municipios de España se detectó contaminación por nitratos con valores por encima del límite legal, que es el apto para la salud, en las muestras de agua del grifo analizadas. Entre 2016 y 2021, en 55 municipios de España se registraron en el agua del grifo valores por encima de los permitidos de plaguicidas y pesticidas como Metolacloro, Metalaxil o Alaclor.
METODOLOGÍA
Esta investigación ha sido elaborada por DATADISTA para Greenpeace España siguiendo exclusivamente criterios periodísticos. Los datos utilizados han sido obtenidos de fuentes oficiales y de datos públicos abiertos siguiendo un proceso de homogeneización siempre que ha sido posible para hacer comparable la información de las distintas cuencas.
La situación de las masas de agua subterránea proviene de los últimos documentos presentados por las diferentes demarcaciones hidrográficas en los Planes Hidrológicos de tercer ciclo de planificación (2022-2027) en su fase de tramitación. Las versiones definitivas aprobadas puede contener diferencias en algunas masas de agua subterránea.
La información ha sido extraída de las tablas y texto en formato PDF y convertido en una base de datos estructurada que se puede descargar desde este enlace.
Este trabajo se ha complementado con el acceso a otras fuentes oficiales como datos públicos abiertos del IGN, IGME, Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad y los portales de datos de las respectivas confederaciones hidrográficas.
Para este trabajo se ha solicitado entrevista con las presidencias de todas las confederaciones hidrográficas con afecciones graves en ecosistemas especialmente protegidos, como son la del Segura, Guadiana y Guadalquivir. A pesar del largo proceso hasta su aprobación, con requerimientos repetidos sobre los temas a tratar y sucesivos retrasos, la Confederación Hidrográfica del Segura facilitó la entrevista. La Confederación Hidrográfica del Guadiana siguió un mismo proceso de retraso durante meses de la fecha definitiva y, tras fijar una fecha y solicitar las líneas generales de la entrevista argumentando que podía ser necesaria la preparación de datos concretos, canceló la entrevista prometiendo concederla en fechas posteriores, lo que en el momento de publicación de este trabajo aún no se ha fijado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha seguido un proceso similar incluyendo en su caso la petición de que la entrevista fuese autorizada previamente por el Ministerio de Transición Ecológica. A pesar de la autorización por parte del Miteco, la entrevista se postergó durante meses, se solicitó el cuestionario y finalmente no fue posible realizarla antes de la publicación de este trabajo.
Se han realizado numerosas peticiones de acceso a información pública a las diferentes confederaciones utilizando la Ley de Acceso a Información Medioambiental. La mayoría de ellas han sido rechazadas salvo excepciones de cuencas de tamaño y problemática menor.