Hay dos causas de que el 52% de las masas de agua subterránea de la cuenca del Guadalquivir (45 masas) esté en mal estado: el regadío y la falta de control sobre el regadío. Las extracciones de agua subterránea son de 841,47 hm3/año de los que cerca del 90% se destina a riego agrícola. Su presión es tal que la afección al consumo humano, pese a ser en teoría prioritario, es ya muy alta en algunos puntos.
La situación ha empeorado sensiblemente desde el segundo ciclo, con 12 masas que empeoran su estado cuantitativo y 6 el químico, así como con 32 masas sobreexplotadas acogiéndose a las posibilidades de prórroga para el cumplimiento de los objetivos medioambientales, 10 más que en el Plan 2015-2021; y 24 a las prórrogas por mal estado químico, 6 más que en el Segundo Ciclo.
Las explicaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para no haber alcanzado el buen estado en un número tan alto de masas pasa por reconocer que el 20% de las medidas que se plantearon en el Plan de Segundo Ciclo (2016-2021) para revertir la situación ni se han iniciado. Entre ellas destacan las más efectivas para controlar el volumen de extracciones de los acuíferos: declarar oficialmente la masa como sobreexplotada, con su correspondiente publicación en el BOE; conformar una comunidad de usuarios y aprobar un plan de extracciones.
de las masas
presentan mal estado químico
de las masas
presentan mal estado cuantitativo
24 masas de agua subterránea (28%) están en mal estado químico en la cuenca del Guadalquivir. De estas, hay 9 masas que ya han pedido prórroga por mal estado más allá de 2027.
32 masas de agua subterráneas (37%) están en mal estado cuantitativo . 9 de ellas están en mal estado cuantitativo con prórroga.
Sin puntos de medición
A pesar de conocer el riesgo que se cierne sobre los acuíferos debido a la presión de las extracciones, en el Guadalquivir actualmente hay 24 masas sin un solo punto de control de los niveles del agua (piezómetros) y en 16 de ellas solo hay uno. Hay casos flagrantes en los que los escasos puntos de control tampoco sirven de nada. No están en el lugar adecuado, no miden la zona más vulnerable de la masa de agua.
Ocurre en La Loma de Úbeda, un acuífero sobreexplotado de más de 1.000 km2 que se descubrió a base de pinchar la tierra durante la dura sequía de mediados de los noventa y salvó con sus aguas el olivar de una parte importante de Jaén. Cuando volvieron las lluvias, visto cómo el riego multiplicaba las cosechas, se siguió perforando sin control ni norte hasta dañar el acuífero en pocos años. La Loma de Úbeda lleva décadas en mal estado.
La CHG sabe la mala situación no porque la mida con piezómetros, ya que solo hay dos, situados a escasos metros uno del otro en la margen derecha del río Guadalimar donde, según el IGME y la propia CHG, no miden nada. La evolución se ha seguido por las mediciones alternativas que el IGME lleva décadas siguiendo y por los pozos que se van secando. El propio IGME calcula que los niveles del acuífero empezaron a descender ya en 1996 y que en la zona más profunda el descenso supera los 100 metros. La Loma no había sido declarado sobreexplotado hasta ahora.
LA CHG reconoce su preocupación por la situación de La Loma pero sobre todo por el regadío que alimenta esta masa «sometida a gran presión y con extracciones muy superiores a los recursos renovables que comprometen la viabilidad de muchas explotaciones. Urge la organización del uso de este gran acuífero». Recorriendo La Loma esa realidad es ya evidente, con árboles que han dejado de regarse y muestran las aceitunas arrugadas, sin aceite, tubos de antiguas perforaciones oxidándose al sol y balsas secas con las membranas rotas o desaparecidas.
En los últimos meses se han instalado en la cuenca del Guadalquivir nuevos piezómetros en base a una inversión de más de 40 millones de euros, realizada por el Ministerio de Transición Ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Otra prueba de la falta de control es que, cuando han empezado a utilizarse técnicas como la teledetección, se han descubierto en riego extensas zonas que han hecho que haya acuíferos que pasen a estar en riesgo de sobreexplotación cuando no se consideraban utilizados.
El olivar ya no es de secano
Lo ocurrido en la Loma de Úbeda no es una excepción. «La puesta en riego de miles de hectáreas de olivar usando aguas subterráneas (…) ha tenido un coste: el descenso de niveles piezométricos en numerosos acuíferos de la cuenca», señalan los documentos de elaboración del plan de tercer ciclo.
El olivar se ha puesto en riego pero además se han plantado grandes extensiones de olivar superintensivo, en seto, muy mecanizado cada vez en un mayor número de provincias de la demarcación junto a otras plantaciones demandantes de agua como el aguacate o el almendro.
La CHG señala también «la zona del Guadiana Menor, un extenso altiplano situado entre dos grandes focos de agricultura, como son Almería y Murcia. (…) En los últimos años estamos asistiendo a una reconversión de la agricultura tradicional en otra de alto valor añadido que no solo exige volumen sino también garantía para las inversiones realizadas. Esta transformación está teniendo reflejo en los niveles piezométricos de varias masas de la zona y en manantiales que han reducido su caudal hasta una pequeña fracción del histórico». De nuevo, se sabe la solución, no se ha aplicado: «Se considera muy importante agrupar a los regantes en comunidades de usuarios de aguas subterráneas de forma que ellos mismos, tutelados por la administración, sean los garantes del recurso».
Mención especial tiene siempre que se habla de la cuenca del Guadalquivir y de acuíferos el daño al Parque Nacional de Doñana provocado por la expansión del cultivo de frutos rojos que en miles de hectáreas se cultivaron de forma ilegal arrancando árboles de zonas forestales para poner invernaderos en su lugar. Se abrieron pozos igualmente ilegales y se cambió el curso del agua. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que España incumplió sus obligaciones de protección de Doñana por no tener en cuenta las extracciones ilegales para regadío ni las del complejo turístico de Matalascañas, así como por no haber tomado medidas para proteger los hábitats afectados.
La montaña de expedientes
A la mala medición sobre los acuíferos en sí se une la falta de control sobre las extracciones. En primer lugar por la montaña de expedientes sin regularizar que se han acumulado durante años en la Confederación del Guadalquivir. En la demarcación se ha estirado hasta el infinito el argumento de la ida y vuelta de las competencias entre la Junta de Andalucía, que se las atribuyó en 2007 con efecto en 2009, y la vuelta a competencia de la CHG en 2011, tras una sentencia del Constitucional. En la memoria del plan de tercer ciclo explican que «un elevado porcentaje de los expedientes de concesiones son tramitaciones para verificar y consolidar las resoluciones de la Junta de Andalucía entre enero de 2009 y marzo de 2011».
Todos esos pozos sin regularizar pero que siguen sacando agua mientras se tramitan los expedientes carecen de medición de las extracciones pero también ocurre con un buen número de los regularizados porque, a pesar de las exigencias de Europa desde el nacimiento de la Directiva Marco del Agua (2001), donde se recoge que «se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con miras a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permisos se adaptan a los recursos disponibles», esto está muy lejos de haberse generalizado.
Ha pasado una década desde que la CHG recuperó la competencia del agua y el resultado es que lleva años aprobando medidas que ni se inician, precisamente aquellas diseñadas para reducir la presión de las extracciones.
Como ha ocurrido en otras cuencas, en el Guadalquivir se han arrastrado los pies para declarar sobreexplotadas incluso masas subterráneas del acuífero de Doñana. Las masas de Almonte, Marismas y La Rocina no han visto publicada su declaración de sobreexplotación en el BOE hasta el 24 de agosto de 2020. Aún está pendiente la constitución de las comunidades de usuarios y regulación de las extracciones. Es algo que la CHG se ha puesto como pendiente para el próximo ciclo.
Los sietemiles, fraude con respaldo en los tribunales
A la situación de los acuíferos de la cuenca del Guadalquivir, la falta de control, las extracciones ilegales ha venido a sumarse otro problema que trae de cabeza a la Comisaría de Aguas, según declaraciones de sus responsables. Lo llaman «los sietemiles». Se refieren a los pozos abiertos al amparo de la Ley de Aguas como usos privativos, lo que permite «llegar hasta 7.000 m3 al año, solo requieren autorización a partir de ciertos requisitos» y están «al margen del procedimiento concesional y de las limitaciones impuestas al mismo en los planes hidrológicos», una opción que además se ha encontrado con un gran aliado en los tribunales no solo de primera instancia. Hay ya sentencia del Supremo contra la Confederación Hidrográfica del Segura y su intento de controlar estas extracciones.
En la Comisaría de Aguas de la Confederación del Guadalquivir reconocen igualmente que los tribunales están cercenando los intentos de controlar estas captaciones que además, al no contar con caudalímetros ni un control efectivo, pueden superar con gran facilidad y sin que nadie sepa cuánto los límites que en teoría impone su uso.
Un análisis realizado de todas las captaciones aprobadas para el uso de pozos y sondeos de hasta 7.000 m3 revela que actualmente en la cuenca del Guadalquivir hay más de 54.000 pozos autorizados con un volumen de unos 152 hm3/año. Casi la mitad de ellos, 25.000, se utilizan para el riego del olivar con un volumen anual de unos 90hm3.
La CHG está saturada de expedientes, con trabajo acumulado de hace años pero además, de los 36.000 expedientes tramitados entre 2016 y 2021, más de la mitad fue para procedimientos relacionados con los sietemiles. La CHG pone cifra al riesgo de incremento de demanda que suponen estas extracciones: «A lo largo del segundo ciclo se han autorizado 14.663 expedientes, un 60,9% de los presentados, con un aumento del consumo de 46,98 hm3 y 26.055 hectáreas». En 2020 la cifra se disparó: de una media anual entre 2016 y 2019 de 2.060 expedientes se pasó en un solo año a 4.535 para 8.600 hectáreas que han sumado 15,38 hm3 de consumo de agua subterránea. «Se trata de un volumen sustancial, con una tendencia creciente que es motivo de preocupación y que acumula volúmenes importantes que pueden afectar al estado de acuíferos y masas de agua».
Los sietemiles han sido una histórica triquiñuela utilizada por el regadío para lograr, por ejemplo, los contratos de conexión a la red eléctrica de los pozos que no tenían regularizada la concesión de extracción de agua subterránea pero el problema, ahora con los tribunales a favor y el agua cada vez más escasa, no hace sino crecer. Lo máximo que parece haber podido hacer la CHG de momento es regular una distancia mínima entre pozos de este tipo.
Protección del regadío
La solución cuando los acuíferos están sobreexplotados está clara. También que no se considera posible adoptarla «al menos a corto plazo». «Eliminar las extracciones por encima del 80% del recurso disponible permitiría la recuperación de los niveles» aunque «en un plazo difícil de determinar». Ahora bien, añaden los documentos preliminares del plan de tercer ciclo del Guadalquivir, esta «alternativa es de difícil materialización porque implica el cese de la extracción del volumen anual de 159 hm3 en 20 masas». Incluso hacen el cálculo del margen de ganancia que se perdería con ello: 330 millones de euros, aseguran, en los que reconocen que es probable que estén incluyendo regadío ilegal.
Si sigue todo como hasta ahora, reconocen, si se limitan a medidas «de vigilancia y control mediante guardería y teledetección», se producirá «el deterioro de las zonas con más presión (…) y problemas cada vez más graves en abastecimientos dependientes de las aguas subterráneas». Pese a ello, califican esta opción como «la más realista, aunque sin duda la menos favorable».
Como punto intermedio recomiendan hacer todo lo que ya se aprobó que se haría en el segundo ciclo y no se ha hecho: «declarar en riesgo las masas que tengan más desequilibrio o más afección a ecosistemas dependientes» lo que «implica estudios específicos, trabajos para la constitución de comunidades de usuarios, un incremento muy significativo del personal dedicado a la gestión, el control y guardería y seguimiento intensivo por teledetección y telecontrol de contadores». Esta opción, creen, permitiría «revertir tendencias donde hay más presión y facilitar la interlocución de la administración con los usuarios». Control y trasvases.
En el Guadalquivir ya funcionan varios: el de Negratín-Almanzora, que procede de las Cuencas Mediterráneas andaluzas y Segura, con un máximo de 50hm3/año y que en 2017/2018 trasvasó 33
hm3; y el de Chanza-Piedras, que se aprobó por Consejo de Ministros en 2008 al límite que permite hacerlo sin pasar por el Parlamento (4,99 hm3/año). La Confederación defiende en los documentos del
Plan llegar a los 19,99 hm3 que se aprobaron en 2018 como solución a la situación de Doñana porque permitirán sustituir la extracción de agua subterránea que afecta al Parque Nacional por agua superficial.
Fotografía de portada: Tubos extraídos de un pozo situado en un olivar en la provincia de Jaén / DATADISTA