El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba: “El Reino de España ha incumplido sus obligaciones” al “no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano [del núcleo turístico de Matalascañas] en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana” y “al no haber previsto (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos (…)”.
Un basta ya de Europa, aún sin sanciones, a décadas de daños al Parque Nacional anunciados y denunciados. Una larga historia de impunidad en la que, junto al regadío legal, prosperó otro completamente ilegal basado en el arranque sistemático de árboles de zonas forestales para plantar fresa en invernadero (luego mora, arándano…) para cuyo riego se abrían pozos igualmente ilegales, se construían balsas, se modificaban cauces y tendían canalizaciones kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea, sumadas a extracciones ilegales para el riego de arroz, maíz, remolacha… El fruto rojo era (es) altamente rentable. Y nadie lo paró. La Junta de Andalucía lo subvencionaba, ayuntamientos como el de Almonte cedían fincas forestales públicas para el cultivo, políticos en gobiernos y oposición lo han apoyado.
Caballos salvajes comiendo sobre la superficie seca de la laguna de Santa Olalla en Doñana el 22 de septiembre de 2022 / Autor: DATADISTA
Junto al poder creciente de los invernaderos, otro intocable en España: el turismo. Una urbanización turística, Matalascañas, surgida de los años del desarrollismo, fomentada como Centro de Interés Turístico Nacional y florecida después por los atractivos del entorno, abrió sondeos para abastecer a su población fuertemente estacionalizada. Estos sondeos fueron afectando a las aguas subterráneas que alimentan las lagunas peridunares de Doñana, uno de sus grandes valores. El pasado verano se secaba Santa Olalla, la mayor de ellas, considerada laguna permanente.
Versión corta de una larga historia
Ha habido más actividad sobre el papel y en los boletines oficiales que sobre el terreno para proteger el Parque Nacional de Doñana, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, zona especial de protección de aves y humedal incluido en la lista Ramsar. Se ha puesto más empeño en regularizar buena parte de lo ilegal y pedir millonarias infraestructuras públicas para traerle al regadío agua superficial procedente de otras cuencas, que en controlar los usos para proteger el Parque, aunque el argumento de los trasvases sea la sustitución de los sondeos y por tanto la protección de los acuíferos.
Junto a ello, una limitada búsqueda de pozos ilegales para su cierre que no es ni siquiera segura para los guardas fluviales y agentes medioambientales que trabajan en el Parque Nacional, que han tenido que ser rescatados por la Guardia Civil y terminado en más de una ocasión en el hospital cuando intentaban hacer su trabajo en zonas especialmente sembradas de pozos sin derechos como Lucena del Puerto.
Situación del Espacio Natural Protegido de Doñana y las captaciones de aguas subterráneas con derechos consolidados en el entorno del Parque. Fuente: MITECO, CHG.
Precisamente en Lucena del Puerto se hizo famosa la sentencia de 2019 que consideró ilegales 77 pozos tras seis años de proceso judicial en los que los pozos siguieron esquilmando el acuífero. Pese al fallo judicial, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tuvo que utilizar el factor sorpresa y acudir de noche y con escolta de la Guardia Civil para clausurar los pozos.
Hace ahora 20 años, en 2003, se aprobaba en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD), un intento sobre el papel, a cambio de regularizar buena parte de lo ilegal, de frenar el robo masivo de agua y el daño a las zonas forestales en el entorno de Doñana cuando ya se calculaba que había 2.100 hectáreas de cultivo en monte público regadas por un millar de pozos ilegales en cinco municipios de la comarca El Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Lucena del Puerto). El POTAD, que entró en vigor en febrero de 2004, declaró zona A la mayor parte del terreno forestal del entorno de Doñana, es decir, prohibía continuar con la práctica de talar los árboles y mucho menos poner cultivos en su lugar.
Ya entonces se señalaban los puntos más dañinos, legales e ilegales. La finca Matalagrana, al norte de El Rocío y protagonista de uno de los juicios más sonados por robo de agua que acabó en archivo tras una década de instrucción; la zona de Los Hatos, zona arrocera de Aznalcázar (Sevilla) con unas cuantas sentencias en su haber del Supremo por extracción de agua sin derecho afectando a Doñana tras las que se siguió regando; los Caracoles, histórica finca que cortó la llegada de agua superficial como parte de los planes de desecación de Doñana para el regadío de los setenta; Los Membriles, con sus 30 kilómetros de canalizaciones que desviaban el cauce natural del agua, que fue compraba por la CHG a sus dueños por 50 millones de euros antes de que fuese vendida por partes e hiciese imposible limitar uno de los desvíos de agua más dañinos.
Entre las alarmas que hacían sonar las asociaciones ecologistas demandando el cumplimiento de la legalidad y las presiones de los regantes, el Gobierno andaluz hablaba de conjugar los intereses de todos, prometiendo la pronta aprobación del Plan que debía desarrollar el POTAD y la venida de agua de fuera para sustituir el agua de los sondeos que dañaban el Parque.
En 2008, se aprobó un primer trasvase de 4,99 hm3/año desde la cuenca del Odiel-Tinto-Piedras, cantidad que rozaba por unas gotas el límite de la que se puede aprobar directamente en consejo de ministros sin pasar por el Parlamento nacional. Con recursos nuevos llegando de fuera y la promesa de cuadruplicar la cifra, el robo del agua no se detuvo, los invernaderos siguieron brotando y, junto a ellos, los pozos. En 2010, WWF hacía público que después de aprobarse el POTAD calculaban que se habían sumado otras casi 600 hectáreas ilegales en zonas A.
Ese año, la asociación ecologista optó por acudir a la Fiscalía de Madrid con su informe sobre la situación en Doñana. En 2011, la Junta de Andalucía (que hasta ese año y desde 2009 ostentó la competencia sobre el agua en la demarcación del Guadalquivir tras atribuírsela en 2007, lo que fue finalmente considerado inconstitucional) empezó a remitir a la Fiscalía de Huelva denuncias específicas sobre agua, según declararía en su día el Fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores. Las actas de inspección de los agentes medioambientales habían estado metidas en cajas varios años, aseguró Flores en declaraciones a El Mundo.
En 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana concretando lo que había establecido a grandes rasgos el POTAD. El Plan actúa sobre 64.457 hectáreas, de las que consideró regables 9.340 has, aquellas que llevasen funcionando como terreno agrícola antes de 2004. Las regularizó. El resto de terreno que no cumpliese esos requisitos y figurase como forestal en la Ley de 1992 quedaba al margen de la regularización. Los agricultores propietarios de 1.600 hectáreas sobre terreno forestal que ni tenían derechos de aguabni podían acogerse a la regularización pusieron el grito en el cielo. Pero siguieron regando. Indignados pero regando a la espera de una nueva regularización como la que aún se teme que acometa la Junta de Andalucía y que Europa ya ha dicho que puede derivar en denuncia ante el TJUE pidiendo esta vez que se sancione a España.
El riesgo de proteger Doñana
En noviembre de aquel año 2014, tres agentes medioambientales que inspeccionaban el terreno eran agredidos en Lucena del Puerto por unas 200 personas procedentes de las explotaciones cercanas convocados por Whatsapp. El 21 de septiembre de 2018, uno de ellos acudía a inspeccionar pozos en la zona del Puerto de Lucena y era rodeado y retenido entre amenazas por los regantes que, en cuanto detectaron su presencia, regaron de mensajes sus canales de chat y acudieron en masa al punto en el que se encontraba. Lo tuvo que sacar de allí la Guardia Civil después de que lograse llamar al 112. Tuvo que recibir atención médica.
En los documentos de trabajo del plan de tercer ciclo, en la ficha del Esquema de Temas Importantes (ETI) dedicada a Doñana aparece, entre mapas de isopiezas y explicaciones técnicas de formación de conos de depresión piezométrica, algo mucho más humano: una llamada casi de auxilio a los riesgos de vigilar el Parque Nacional. Y no es la primera vez que aparece en los documentos de la CHG un párrafo similar alertando de “la crisis en la gobernanza que se produce en la zona, con crecientes dificultades por parte del personal de la Confederación Hidrográfica para ejercer sus funciones de vigilancia y guardería y que ha provocado situaciones de acoso como la que tuvo lugar en septiembre de 2018”.
Trasvases
Aquel final de 2018 tuvo lugar otro hito relevante relativo a Doñana. Tal y como preveía el proceso de regularización de regadíos, el Parlamento nacional aprobó mandar más agua de otras cuencas para sustituir por agua superficial las extracciones de los pueblos del Condado de Huelva que esquilmaban el acuífero Almonte-Marismas. Una transferencia de 19,99 hm3 desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que incluía los 4,99 hm3 aprobados en consejo de ministros en 2008. Las obras para hacer llegar el agua se declararon de Interés General del Estado.
Ese trasvase aún no se ha producido pero ya están en marcha las obras necesarias. A pesar de su postura pública contra los trasvases, en 2022, el Gobierno aprobó la declaración ambiental para ampliar el túnel de San Silvestre, infraestructura clave para la transferencia.
Por otro lado, de aquella denuncia de WWF que motivó la actuación de la Fiscalía de Madrid en 2011 brotó una de las mayores investigaciones penales sobre el robo de agua en Doñana: la de la finca Matalagrana en Almonte. Dos exalcaldes de Almonte, uno del PSOE y otro del PP, y 13 empresarios agrícolas fueron investigados durante una década, unos por permitir y otros por perpetrar la extracción sin permiso de agua del acuífero de Doñana para regar en invernaderos levantados en terreno público de la Junta que les había sido cedido. Los exalcaldes formaban parte de las reuniones del Consejo de Participación de Doñana. Conocían la situación del acuífero. La CHG expedientó a los agricultores pero los exalcaldes se ofrecieron a conseguir una “solución política”, según el escrito de acusación de la Fiscalía. La pieza principal de la causa sumó 3.500 folios. El juicio se celebró una década después, en 2021, y se cerró con la absolución de todos los investigados.
El daño a Doñana
Decir Doñana es hablar de varios ecosistemas. Es la marisma, el mayor ecosistema por extensión del Parque y su principal zona húmeda, pero también la playa, las dunas móviles y los corrales, así como el monte y la vera, una franja entre 200 a 1.500 metros de anchura que hace las veces de zona de transición entre unos ecosistemas y otros. También las lagunas peridunares, la maravilla natural que ha avisado con más claridad y progresividad del daño hasta la desaparición temporal el pasado verano de la de mayor tamaño, la de Santa Olalla, considerada hasta ahora laguna permanente.
El antiguo Acuífero 27 o Acuífero de Doñana, también conocido como Almonte-Marismas, está dividido actualmente en cinco masas de agua subterránea para su mejor evaluación: Almonte, Marismas y La Rocina (declaradas las tres en mal estado cuantitativo y la última también químico); Marismas de Doñana (debajo aunque muy aislada de la marisma por el suelo arcilloso y considerada en buen estado) y Manto Eólico de Doñana. Este último es el que tiene relación con las lagunas peridunares de las que la más importante es Santa Olalla y a la que, a pesar de declararla en buen estado cuantitativo, se atribuye presión significativa por abastecimiento urbano por la afección del núcleo turístico de Matalascañas, que llega a concentrar 160.000 habitantes en verano.
En su estado previo a las grandes transformaciones ocurridas desde mediados del siglo pasado, la marisma de Doñana estaba alimentada sobre todo por aguas superficiales procedentes en su mayoría del río Guadiamar (200 hm3) y en mucha menor medida del Guadalquivir. Pero como en otros ejemplos de relación entre agua subterránea y superficial, el afloramiento de acuíferos en superficie también hacía que le llegase agua subterránea a través del arroyo de La Rocina y el del Partido, junto a aportaciones menores de otros arroyos. Las aguas se acumulaban entre seis y nueve meses al año en la cubeta de la marisma, con una amplia zona arcillosa impermeable y plana.
El hormigón fue cortando el camino original del agua superficial hacia la marisma hasta que en los años setenta del siglo pasado la desconectó por completo del cauce del Guadiamar, dejando la entrada de agua reducida a la pluviometría y los arroyos, alimentados a su vez por las aguas subterráneas. De los 289hm3/año que recibía la Marisma se pasó a 82hm3/año, explica la CHG.
El aporte de las aguas subterráneas venía principalmente por los afloramientos en superficie del agua de los acuíferos al norte (zona denominada Ecotono norte) y al oeste (Vera-Retuerta) de la marisma. Es allí donde las extracciones masivas han provocado “la formación de dos grandes conos de depresión piezométrica, con descensos del nivel del agua de más de 15 metros”. En el norte, “han desaparecido rezumes y espacios húmedos” y se ha producido “una disminución del flujo del arroyo de La Rocina”, que alimenta la marisma. Todo ello podría suponer toda una reorganización del flujo subterráneo del agua, asegura la CHG.
Los manantiales de Vera-Retuerta al oeste, por su parte, se han visto impactados especialmente en la zona próxima a Matalascañas.
Una batería de cinco pozos que abastecen la zona turística ha ido afectando a las lagunas, primero con la desaparición de Brezo en los ochenta, de Charco del Toro y, en menor medida, de Taraje y Zahillo. Y el verano pasado incluso “Santa Olalla, una de las zonas más valiosas del Parque”, según la CHG. No ha sido la primera vez que se ha secado, ya ocurrió otras dos veces, en los ochenta y la sequía de los noventa del siglo pasado, pero sí más rápido, explica el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, que pone el foco en el proceso paulatino de desaparición de lagunas como prueba de la degradación.
A pesar de esta larga historia, la declaración oficial de sobreexplotación de los acuíferos Almonte, Marismas y La Rocina no hizo su aparición en el BOE hasta el 24 de agosto de 2020. No hay comunidades de usuarios constituidas aún, no hay plan de regulación de las extracciones.
En septiembre de 2022, con una sentencia del TJUE a las espaldas del país por no proteger el Parque Nacional y sus hábitats y con la sequía encima, las balsas de los regantes seguían llenas. Y aunque al preguntarles reconocían que ya notaban que tienen cada vez más dificultad para sacar el agua subterránea por la bajada de los niveles freáticos, también mantienen que no han sufrido aún restricciones en los metros cúbicos por hectárea a los que siguen teniendo derecho y que esperan sean sustituidos íntegramente por agua superficial. La Confederación de momento solo les ha
avisado de que en algún momento pueden llegar esas restricciones.
Situación del Espacio Natural Protegido de Doñana y las zonas vulnerables a nitratos. Fuente: MITECO, CHG.
A la sobreexplotación se ha unido la contaminación por nitratos derivada de la agricultura intensiva que ha situado en mal estado químico la masa de La Rocina. De los puntos de medición se han detectado 4 con altas concentraciones de nitratos tanto aguas arriba como aguas abajo y en el punto de medición que coincide con el cono del sector norte se dobla el límite legal (100 mg/l).
Se ha producido una recuperación parcial de la llegada de agua superficial a la marisma que llegó tras una catástrofe con repercusión mundial: el desastre de Aznalcóllar.
Aznalcóllar: vuelve la mina 25 años después del desastre
Entre las 0.30 y la 1.00h de la madrugada del 25 de abril de 1998, reventó el dique perimetral de una gigantesca balsa de residuos mineros de la mina de Aznalcóllar, cerca de Sevilla, propiedad de la sueco-canadiense Boliden-Apirsa. Solo 100 metros separaban la balsa del río Agrio. Cerca de 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas formaron una lengua que circuló hacia el cauce del río y llegaron a través de él al Guadiamar, afluente a su vez del Guadalquivir. Grupos ecologistas llevaban tiempo denunciando el riesgo inminente de desastre dada la cercanía a Doñana y la precariedad del muro desde que había sido recrecido para ampliar la balsa en 1996.
La Junta de Andalucía levantó un dique en las primeras 48 horas para que el vertido no llegase a Doñana. Fue sobrepasado en un día. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir levantó un segundo dique aguas abajo que al menos logró retener parte de las aguas. Más de 4.600 hectáreas del entorno de Doñana se vieron afectadas.
Aquel escándalo mundial dio lugar a dos planes para la zona: el corredor verde del Guadiamar, centrado en remediar la contaminación y gestionado por la Junta de Andalucía; y el plan Doñana 2005, gestionado por la CHG y centrado en rehabilitar las marismas eliminando los muros que habían ido cercando el agua.
Boliden abandonó la mina en 2001, dejando en la calle a cerca de 500 trabajadores directos, con una suspensión de pagos que evitó que afrontase las consecuencias del desastre. En 2023 se celebrará finalmente el juicio que decida si debe indemnizar a la Junta de Andalucía con 89 millones de euros por los daños medioambientales sobre el suelo y las 37 toneladas de peces muertos que provocó el vertido.
“El 2 de marzo de 2018, la sociedad Minera Los Frailes inició el proceso de obtención de la Autorización Ambiental Unificada ante la Junta de Andalucía para reactivar la antigua mina de Aznalcóllar”, explican los documentos del plan de Tercer Ciclo de la CHG para cumplir la obligación de informar a la Unesco de los problemas y presiones actuales de Doñana. “De particular importancia para Doñana es el tratamiento que se dé al vertido”, añade.
A principios de este año, el consejero de Política Industrial de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ponía fecha a la reapertura: la primavera de 2023.
Como parte del plan Doñana 2005, la CHG reabrió la comunicación entre el Guadiamar y el Guadalquivir para que el agua entre en los momentos de crecida a la marisma y en 2015 realizó las obras para devolver la entrada de agua por el Caño del Travieso a través de la finca Los Caracoles.
2022: defensa del regadío / 2023: planes con dinero de Europa
Las soluciones que propone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el plan de tercer ciclo plantean la posibilidad de volver a una situación similar a la del año 2000, situación “previa a la última gran expansión agrícola en la zona”, no más allá. Ir más allá implicaría en su opinión eliminar todo el regadío, lo que considera inasumible, o bien traerle agua suficiente para sustituir toda la que saca de los acuíferos a base de inversiones en presas, trasvases y grandes plantas desalinizadoras que la CHG eleva a 500 millones de euros.
Entre lo que se puede hacer y aún no se ha terminado está el desarrollo de la declaración de los acuíferos de Doñana como sobreexplotados. Las declaraciones de sobreexplotación de los acuíferos Almonte, Marismas y La Rocina (tres de las cinco masas que formaban el antiguo Acuífero 27) aparecieron en el BOE el 24 de agosto de 2020. El poder de esta declaración radica en que, una vez hecha, se debe constituir una comunidad de usuarios del agua del acuífero y aprobar un Plan o Programa de Actuación que fije un máximo anual de extracciones. Aún no se ha hecho.
La CHG asegura que cualquier opción de recorte del regadío drástica sería poner en riesgo “una agricultura de alto valor añadido, desarrollada”, reconoce la CHG, “al menos en una parte al margen de la planificación, tanto hidrológica como de ordenación del territorio”, es decir, ilegal, pero “principal motor de un conjunto de municipios que suman más de 80.000 habitantes”.
Plantación de fresa temprana en una finca cercana a Doñana en septiembre de 2022. / Autor: DATADISTA
En paralelo, de nuevo creando la dicotomía entre recursos medioambientales y economía, la CHG destaca “el peso del sector turístico en el entorno de Doñana y en concreto el municipio de Almonte”, que según el INE y Cartografía de Andalucía cuenta en 2019 “con 2.358 plazas en hoteles y 981 plazas en hostales y pensiones, la mayoría concentrada en el núcleo de Matalascañas, que cuenta con una población estacional estimada en 160.000 habitantes”. Todo ello, “en conjunto, da idea de la importancia de dicho sector en la comarca en general y en el municipio en particular”.
Frente a este retardismo, el dinero de Europa con los Fondos de Recuperación ha venido a activar planes largamente postpuestos. El pasado 30 de noviembre, la vicepresidenta Teresa Ribera anunciaba una inversión de más de 356 millones de euros para la restauración ecológica de Doñana. Un tercio se prevé que esté en ejecución en 2023. Una de las partidas más relevantes (142,1 millones) irá a cumplir con la obligación de saneamiento y depuración de las aguas residuales que le está costando a España una multa semestral de la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria, así como a eliminar nitratos y fósforos procedentes del regadío. Se incluye la ampliación de la Estación Depuradora de Matalascañas, dos nuevas estaciones en los municipios sevillanos de Isla Mayor y Gerena, así como la reforma de las de Lucena del Puerto (Huelva) y Sevilla.
Otra parte importante irá a las infraestructuras citadas para llevar agua superficial al regadío del entorno de Doñana y a Matalascañas que sustituya las extracciones de agua subterránea.
Se van a dedicar 7,8 millones de euros al cierre de pozos ilegales, una actividad que ha sido de riesgo durante décadas, como se ha comentado.
El plan del Miteco ha incluido la posibilidad de comprar fincas a los regantes, una opción que desaconsejaban los documentos de Tercer Ciclo de la CHG por lo costosa que se había demostrado tras la compra de la finca Los Mimbrales por 50 millones de euros en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta vez se reservan hasta 100 millones de euros para este fin. De hecho, una de las partidas (20,7 millones) irá a renaturalizar los Mimbrales. Según los documentos de Tercer Ciclo, “la implantación agrícola de la finca dio lugar a una profunda alteración y modificación del sistema hidrográfico en las superficies ahora agrícolas, originando una grave perturbación en la hidrología del Parque Nacional de Doñana, al crear una amplia red de canales artificiales de drenaje, de unos 30 kilómetros, que sustituyen a la red de drenaje natural”, explica la CHG. Lo que se hizo fue comprarles buena parte de la finca, ahora propiedad pública, sin obligarles a revertir las obras que dañaban Doñana. Dice la CHG que “los efectos sobre la hidrología» del cese de laactividad agrícola de la finca «han sido inmediatos y muy beneficiosos, como se refleja en los análisis piezométricos”. Más claro, agua.
Fotografía de portada: Situación de la laguna de Santa Olalla en Doñana el 22 de septiembre de 2022 / DATADISTA