Cuando yo era pequeña mi madre me tenía que sacar a rastras del agua. Me pasaba horas y horas jugando con las olas. La playa de cuando era pequeña eran olas, arena y diversión. Y me gustaría que así fuera durante muchas generaciones.

Se supone que las leyes están hechas para cumplirlas y también para que protejan los bienes comunes que están a nuestro alcance. La Ley de Costas, la de mis playas, fue aprobada en 1988, este año cumple 30 años, y es la máxima norma legal, después de la Constitución Española, encargada de regular uno de nuestros patrimonios más valiosos.

Pero … ¿qué ha nos ha dejado esta ley? según arrojan los datos de nuestro informe “A Toda Costa”, en estas tres décadas, la destrucción de los ecosistemas costeros (playas, dunas, salinas, esteros…) en los diez primeros kilómetros se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas. Esto supone que un 13,1% de la costa española está urbanizada frente al 2% del interior del territorio nacional. Esta urbanización exponencial y desbocada ha degradado el 80% de los recursos ambientales de la costa. Bienes y servicios ambientales que son nuestro sustento, proporcionan seguridad alimentaria, I+D, turismo, entre otros.

La Ley de Costas reconoce que “la costa” es una franja amplia de varios kilómetros desde la ribera del mar hacia el interior, sin embargo sólo se centra en proteger los primeros 500 metros. Además, ha habido una falta generalizada de aplicación. Por ejemplo el hotel ilegal de El Algarrobico, declarado ilegal por el Tribunal Supremo, aun sigue en pie. En 2013 dicha ley fue reformada, para permitir un mayor uso de la costa, desprotegiendo grandes espacios «a la carta» para algunas personas con «suerte» y rompiendo el principio de igualdad en el uso y disfrute común del litoral al excluir aleatoriamente del dominio público marítimo-terrestre 12 núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera sin argumentar ni dar motivos científicos.

Por ello demandamos una nueva Ley de Costas que no ponga nuestro futuro y el de todas las especies en riesgo. Una ley que oriente la planificación hacia la conservación de ecosistemas y permita así una gestión sostenible de los bienes y servicios ambientales.

Pero después de 30 años, ya sabemos que una nueva Ley no es suficiente. Es imprescindible que comunidades y ayuntamientos entiendan la importancia de preservar nuestras costas y aplicar correctamente la Ley. No queremos más ejemplos tan espantosos como El Algarrobico en pleno parque natural.

¡Gritemos todos juntos la protección de nuestras costas! ¡Para que sigan siendo como siempre han sido!