El derecho a habitar una vivienda digna aparece recogido en el artículo 47 de la Constitución española y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es desde esta perspectiva, que contemplamos las medidas destinadas a vivienda y rehabilitación energética para nuestra propuesta del  #4coma8 (una inversión de 197.000 millones de euros, el equivalente al 4,8% del PIB, en cuatro años a medias entre la financiación pública y privada para transformar nuestra economía en más verde y justa). Son una de las principales palancas de transformación que, junto con la transición energética, representan el 54% de la inversión total de la propuesta de Greenpeace.   

La vivienda es la infraestructura de nuestras vidas, y queremos que todos y todas vivamos en hogares dignos y adecuados y que, además, contribuyan a la mitigación del cambio climático. 

Debido a que muchas de las mejoras sociales van de la mano de las mejoras energéticas, y viceversa; entre las 14 medidas incluidas en este bloque se encuentran la ampliación del Plan estatal de vivienda 2018-2021 (que incluye un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa) y un Plan de Rehabilitación Energética (que incorpora el desarrollo de un régimen de subsidios y préstamos para fomentar el uso de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, y el desarrollo de un programa nacional de subsidio ecológico de alquiler de vivienda). 

Apoyar la eficiencia energética en las viviendas y su sostenibilidad favorece y potencia cualquier modelo de descarbonización desde el principio y tiene un dilatado aprovechamiento. Una casa bien adaptada es siempre mejor porque utiliza menos cantidad de energía, incluso mientras se mantiene el uso suicida de combustibles fósiles como el gas, y porque asegura la continuidad de sectores productivos como, entre otros, el de la construcción. Y, lo más importante, permite actuar para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, especialmente las que más lo necesitan. Por este motivo, el mayor esfuerzo inversor adicional de todas nuestras propuestas es para este capítulo, porque nuestras medidas impulsan las mejoras energéticas a través de las mejoras sociales.

Esfuerzo de inversión pública adicional requerida para "Darle la vuelta al sistema" (2021-2024)

Tres de estas 14 propuestas destinadas a la vivienda y la rehabilitación energética requieren casi en exclusiva de la inversión privada, destinándoles 6.356 millones de euros. Estas necesitan y, al mismo tiempo, muestran el valor de la inversión colectiva. Son la ampliación de la prohibición de cortes de electricidad, gas y agua; el aumento de los fondos y los beneficiarios de un nuevo Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, y la promoción de la instalación de energías renovables.

Por último, las últimas medidas que completan este capítulo tienen una finalidad social y, por tanto, conllevan mucho apoyo público inversor alcanzando la cifra de 7.634 millones de euros. Son las que pedimos que se destinen a la modernización de los centros sanitarios y escuelas, a la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática y a la suspensión de los pagos de la renta y la hipoteca a las personas con bajos ingresos que no pueden hacer frente a estos gastos sin desatender otras necesidades básicas.

Y, ¿cómo lo pagamos?

Hasta aquí, la cifra total solo para este capítulo parece astronómica cuando, realmente, no lo es tanto: muchas de nuestras propuestas ya están contempladas y existen planes aprobados en este sentido. Esto significa que el esfuerzo adicional que tendría que hacer el Estado para cubrir este conjunto de medidas que proponemos para este bloque sería de 18.586 millones de euros, que bien podríamos obtener de los Fondos Europeos, o de la fiscalidad verde o con un cambio de prioridades en las políticas públicas.
Fácil. Si hay voluntad política, claro.

Sin duda el camino hacia la descarbonización y el bienestar de las personas comienza por nuestras casas, la infraestructura de nuestras vidas y de derecho.