La reciente imposición y cobro de la nueva tasa de basuras conocida popularmente como basurazo, ha generado un intenso debate público y político. Esta medida, se aplica a todos los municipios con más de 5.000 habitantes, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de Residuos La Ley se inspira en el principio europeo y en la Directiva (UE) 2018/851, que exige a los Estados miembros adoptar instrumentos económicos para alcanzar objetivos de reutilización y reciclaje del 55 % para 2025 y 65 % para 2035, “quien contamina paga”. 

Sin embargo, su implementación en los municipios españoles está demostrando ser, en muchos casos, una medida recaudatoria sin los mecanismos necesarios para impulsar la transición hacia una verdadera economía circular.

Una tasa de basuras mal enfocada

Desde Greenpeace, se ha advertido en muchas ocasiones que la clave no está solo en gravar el coste de la gestión de residuos, sino en desincentivar la generación de residuos desde el origen de manera efectiva. 

Un incremento en el coste para la ciudadanía es justo y necesario si se traduce en una mejora radical del sistema y en menos basura. Pero se convierte en una medida agridulce si únicamente sirve para pagar un modelo de gestión ineficiente que ya ha tocado techo.Para Greenpeace, el problema central no es el pago en sí, sino la falta de ambición en los objetivos de la ley y las ordenanzas municipales que la desarrollan.

La falta de transparencia en la gestión de residuos no es nueva. En Greenpeace llevamos años denunciando que “Ecoembes miente”. Denunciamos que la empresa infla las cifras de reciclaje y bloquea la implantación de sistemas de retorno y reutilización, sumando así millones de plásticos y microplásticos al planeta. Apenas una cuarta parte de los envases plásticos que se recogen se reciclan. Este modelo, basado en financiar un sistema ineficiente, refleja el mismo riesgo del llamado basurazo: convertirse en una medida recaudatoria sin impacto ambiental real.

Una reducción de residuos insuficiente

La reducción de residuos que plantea la Ley son muy timoratos y totalmente insuficientes dada la gravedad de la crisis de contaminación por plásticos y residuos en general que enfrenta España. 

El verdadero impacto se lograría si la tasa estuviera ligada de forma clara y directa a la cantidad de basura que cada hogar o establecimiento genera, fomentando activamente la separación en origen y, crucialmente, la disminución del consumo de envases de usar y tirar. Sin este sistema de tarificación variable, el llamado Pago por Generación,- que se viene haciendo en muchos países europeos e incluso en algunos municipios españoles- la tasa actúa como una tarifa plana encubierta que no recompensa a quien más recicla o menos consume. De este modo, se pierde  el sentido del principio de corresponsabilidad ambiental que supuestamente la inspira.

Del reciclaje a la reutilización: el verdadero cambio

El foco debe desplazarse del mero reciclaje (recordemos que la ciudadanía NO RECICLA, SEPARA) hacia la reutilización y la reducción de residuos. 

En España, el sistema actual ha demostrado ser deficiente, con tasas de recuperación de envases muy por debajo de las cifras oficiales. Greenpeace lleva años denunciando que ”Reciclar no es suficiente” para resolver la contaminación plástica. 

Aunque la ley de residuos, incorpora avances positivos como la prohibición de algunos plásticos de un solo uso y la apertura a sistemas de devolución y retorno de envases (SDDR), todavía no obliga a la implantación generalizada de la reutilización de envases. Es urgente volver a los envases retornables y reducir la basura. Un impuesto sin una hoja de ruta clara y ambiciosa hacia el envase reutilizable simplemente perpetúa  un modelo usar y tirar que ya se ha demostrado insostenible.

El basurazo dentro de la fiscalidad medioambiental

Además, el basurazo debe ser visto en el contexto de la fiscalidad verde que la ley incorpora, como el canon estatal por vertido e incineración. 

Aunque este canon busca desincentivar las dos técnicas más contaminantes de gestión de residuos, su coste puede repercutir al final en el ciudadano, que muchas veces no ve mejora real en el sistema. Para que la ley y la tasa asociada sean realmente efectivas y conduzcan a una auténtica economía circular, se necesita una coordinación que evite que el impacto económico recaiga en la ciudadanía sin ofrecer alternativas reales de consumo. Es decir, el cobro debe ir acompañado de una obligación estricta a la industria de reducir la puesta en el mercado de envases de un solo uso y de facilitar los sistemas de retorno y rellenado en comercios.

Una oportunidad que no podemos desaprovechar 

La nueva tasa de basuras no puede ser solo un mecanismo para pagar el coste creciente de la gestión de la basura que seguimos generando a un ritmo insostenible. Esto supone una nueva oportunidad perdida si esta obligación legal se queda en un simple parche para recaudar. El éxito real del basurazo no se medirá en los millones recaudados, sino en las toneladas de residuos que dejemos de generar.

Conclusión: convertir el basurazo en una palanca de cambio

Desde Greenpeace exigimos que el basurazo se convierta en una palanca de cambio real que:

• penalice a quien contamina, 
• recompense a quien reduce y reutiliza, y que
• obligue a las administraciones y a la industria a implantar de inmediato sistemas de reutilización de envases.

Solo así se podrá avanzar hacia una economía circular auténtica y una reducción efectiva de residuos en España.