Este verano circulaban varios contenidos que aseguraban que la ola de incendios que sufrió España eran “provocados”, con la finalidad de construir parques eólicos e instalar placas solares. Una revalorización del terreno, que argumentan, posibilitaría la nueva normativa de montes.

Sin embargo, no hay nada de cierto en esto. 🚨ES UN BULO🚨. No hay constancia de que se estén provocando incendios para construir parques de energías renovables, ni tendría ningún sentido. Por un lado, la Ley de Montes no permite recalificar automáticamente áreas quemadas desde el año 2003. Por el otro, las plantas de energías renovables no necesitan que se recalifique el suelo, de rústico a urbanizable, para poder ser instaladas. Un suelo quemado no acortaría ni modificaría de ninguna manera la tramitación ambiental o administrativa que debería llevar a cabo el promotor del parque eólico. De este modo, no hay ninguna ventaja en quemar monte para la instalación de energías renovables.

En 2023, las renovables ya generaron más electricidad que los combustibles fósiles y la energía nuclear juntas. Es una estupenda noticia. Necesitamos seguir desplegando renovables y reducir nuestro consumo. Y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo respetando a las personas y los ecosistemas a la vez que avanzamos en cambios profundos de nuestro modelo de producción y consumo.  Pero éste no es siempre el caso. Muchas empresas, pasan por encima de todo por su beneficio, plantean proyectos de gran tamaño en zonas protegidas, no involucran a la población local o expropian terrenos de manera innecesaria. Lo hacen MAL y ponen en peligro la transición energética y la biodiversidad, al mismo tiempo que generan tensión social en el territorio.

Por eso hoy publicamos un informe, basado en un análisis de Fundación Renovables, en el destacamos cuáles son las buenas y malas prácticas más comunes con casos paradigmáticos en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

Entre las malas prácticas más comunes, se encuentran la fragmentación de proyectos, las afecciones medioambientales, el impacto cultural y arqueológico, la falta de diálogo y participación de las comunidades locales, la expropiación forzosa y el impago de impuestos.

Pero no es el único camino. Se puede hacer BIEN, y lo demuestran otros muchos proyectos, en los que se están realizando encuestas y reuniones con vecinas y vecinos antes de su puesta en marcha para involucrarlas en las decisiones, en los que ovejas y abejas conviven sin problema entre paneles solares o evitando zonas de alto valor ecológico.

Las que hoy son solo buenas prácticas deberían ser obligatorias SIEMPRE. Y las malas prácticas deben ser prohibidas y erradicadas. Por eso, pedimos al Gobierno:

• Leyes claras que indiquen dónde instalar energías renovables, prohibiendo las zonas de alto valor ecológico y priorizando las zonas más degradadas (ciudades, tejados, infraestructuras ya existentes como los puertos, etc.)
• Acabar con la “tramitación ambiental exprés” que permite rebajar las garantías ambientales y eliminar la participación pública en determinados proyectos.
• Más transparencia en la tramitación de los proyectos (un mapa de España que los reúna todos).
• Que las comunidades locales participen en los proyectos desde el principio y que los beneficios económicos se compartan de forma justa con ellas.
• Una evaluación ambiental rigurosa de los proyectos.

Si te interesa el tema más puedes echar un ojo a nuestro EN PROFUNDIDAD. 

Para una transición energética justa, necesitamos que la administración legisle y que las empresas cumplan, para evitar que su codicia pase por encima de las personas y de la naturaleza.

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