José Rey

No persiguen el éxito en los tribunales. No persiguen la verdad de lo ocurrido. Lo único que persiguen es silenciar a una organización y demostrarles a las demás lo que pueden hacerles.

Esta vez le toca a Greenpeace en Estados Unidos, pero ya lo habían hecho en otros países. Esta vez son 300 millones de dólares los que se reclaman en daños de imagen, pero antes también habían sido cantidades astronómicas las que habían demandado ENI en Italia, Shell en Reino Unido o TotalEnergies en Francia, donde les quitaron, finalmente, la razón.

En realidad, la verdad de los hechos no es lo relevante en los litigios estratégicos contra la participación pública o SLAPP, según sus siglas en inglés. Son más una cuestión de poder. Y no es casualidad que todo el mundo se refiera a este tipo delitigio por su denominación en inglés, ya que las “demandas mordaza” nacieron en el contexto anglosajón, y allí fue donde ha sido más habitual la práctica de echar a un montón de abogados sobre una organización incómoda. 

Javier Raboso, Director de Campañas de Greenpeace, destaca lo que supone hacer frente a esta situación: “Cuando una organización recibe una demanda millonaria de este tipo, se ve obligada a replegarse y a destinar una gran parte de sus recursos en defenderse, durante meses o años, en lugar de destinarlo a la actividad para la que nació”.

Poco importa que más adelante retiren la demanda o que lleguen a un acuerdo, porque ya sabían desde el principio que sus opciones de ganar eran limitadas. El temor a pagar una indemnización millonaria ya se te ha metido en el cuerpo…. y la opinión pública ya ha tenido la oportunidad de preguntarse y dudar si no habrán pedido tanto dinero porque tienen algún argumento sólido. En fin, ¿quién demandaría a alguien por 300 millones de dólares para iniciar un proceso que no va a llevar a ninguna parte? 

Energy Transfer lo haría… y lo está haciendo ahora mismo con Greenpeace en Estados Unidos con un juicio que, como decíamos, acaba de comenzar. Su fundador y máximo directivo tiene estrechos vínculos con Donald Trump y sabe lo importante que es una puesta en escena espectacular que domine, al mismo tiempo, la lucha por controlar el relato y la batalla de la intimidación. Por eso, Energy Transfer denuncia a Greenpeace por orquestar la resistencia contra su oleoducto, Dakota Access, en unas protestas pacíficas lideradas por la tribu sioux de Standing Rock.

Las SLAPP llevan tanto tiempo funcionando y han cosechado tantos éxitos amedrentando a tantas organizaciones que han comenzado a aparecer regulaciones que las paran en seco. Entre 2022 y 2023, las SLAPP aumentaron hasta llegar a 166 acciones legales en Europa. Y eso ayuda a entender que exista desde el año pasado una directiva comunitaria contra ellas, y que suceda lo mismo en la mayoría de los 50 estados de la primera potencia mundial. Allí los tribunales han constatado una y otra vez que las empresas han empleado SLAPP sistemáticamente para recortar los derechos y la libertad de expresión de los demás.

Javier Raboso, de Greenpeace, explica que “las SLAPP son una forma de acoso judicial, generalmente basado en demandas millonarias por difamación o daños a la imagen, que permite a empresas y corporaciones silenciar y desgastar a activistas, periodistas y organizaciones que denuncian injusticias ambientales, políticas y sociales”.

Estos daños, aclara Raboso, “pueden asociarse, por ejemplo, a protestas pacíficas que se limiten a llamar la atención sobre abusos medioambientales fáciles de demostrar o a las denuncias de corrupción política que un medio de comunicación haya fundamentado sobradamente con sus investigaciones”.

Así, los demandados se ven obligados a contratar abogados si no los tienen, algo más común de lo que parece, porque las SLAPP también se pueden dirigir contra pequeños agricultores y asociaciones, como ya le sucedió a Manuel García cuando recibió un burofax de los servicios jurídicos del Grupo Coren reclamándole un millón de euros en daños y perjuicios. 

David contra Goliat

En el año 2019, Manuel García salió en un conocido programa de televisión mostrando cómo un cañón de una “granja propia de Coren” regaba con purín una pradera y afirmando que estos riegos con purines sin tratar llevan antibióticos y muchos productos químicos que se filtran a las aguas subterráneas contaminando también aguas superficiales, como las del embalse de As Conchas, algo que está corroborado por los datos oficiales y diversos informes científicos. 

Javier Raboso apunta que el temor y la parálisis que pueden provocar este tipo de denuncias contra demandados individuales o pequeñas asociaciones son incluso mayores que los que sufren las grandes. ¿Quién iba a imaginar que una gran empresa cárnica nacional le fuera a pedir a un pequeño agricultor gallego un millón de euros por unas declaraciones en un programa de televisión que se había emitido hacía nueve meses?

De todos modos, como comprobó muy pronto Manuel García, las facturas y el papeleo empiezan a acumularse tan pronto como recibes el burofax y levantas el teléfono para pedir ayuda y asesoramiento a un abogado.

Y hay organizaciones y personas particulares que, como apenas pueden hacer frente a las costas judiciales, se asustan y se sienten tentadas de aprender una triste lección: ¿No será mejor callar en vez de enfrentarse a un gravoso embrollo judicial, la persecución de los medios de comunicación y, a medio plazo, la posibilidad de perderlo todo para pagar las costas y una indemnización millonaria? Las empresas no suelen tener mucha suerte, pero ¿y si la tienen contigo esta vez?

Y justo es ese efecto disuasorio, ese miedo y esas dudas lo que buscan las compañías que emplean toda la artillería de las SLAPP. Quieren atemorizar y empantanar a los demandados y enviar un mensaje claro a otras personas y organizaciones que podrían denunciar abusos y recibir, a cambio, el mismo burofax que Manuel García.

Legislación anti-SLAPP

Es verdad que cada vez lo tendrán más difícil, porque, como advierte Javier Raboso, cada vez existen más regulaciones en todo el mundo que limitan el amplísimo margen de maniobra que han disfrutado algunas empresas con estos litigios. 

Así, por ejemplo, la recién aprobada directiva europea prevé que se pueda pedir a los tribunales que desestimen una demanda manifiestamente infundada en la fase más temprana posible y que el demandante cargue con las costas procesales del demandado.

Además, para proteger al demandado, la directiva también prevé que el juez pueda ordenar al demandante que guarde en un cajón unos recursos que luego podrían servir para pagar no solo todas las costas, sino también los daños y perjuicios que sufra la víctima de una SLAPP. Por último, el legislador les exige a los jueces que adopten la obligación de inmovilizar los fondos en el cajón con la misma rapidez que les pedían para la desestimación temprana de las demandas infundadas.

Javier Raboso, de Greenpeace, cree que la directiva no es “ni mucho menos perfecta” y que “aún falta tiempo para que se trasponga al ordenamiento jurídico de los países miembross”. Dicho esto, para el experto sí es un importantísimo paso adelante, al igual que lo son las legislaciones anti-Slapp en 34 de los 50 estados de la primera potencia mundial  o la creación de fundaciones, asociaciones y coaliciones cada vez mayores (como CASE en Europa o Protect the Protest en Estados Unidos) que tratan de luchar contra las SLAPP que las empresas siguen empleando en todo el mundo.

Así funcionan, en definitiva, tanto la lucha internacional contra las SLAPP como la lucha local que está llevando a cabo ahora mismo Greenpeace en Estados Unidos para defenderse en los tribunales de la enorme mordaza de 300 millones de dólares con la que Energy Transfer está intentando silenciarla. No nos callarán.