El debate sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz lleva meses subiendo de temperatura: por el calendario previsto (reactor I en 2027 y reactor II en 2028), por la presión para prorrogar su vida hasta 2030 y por un relato que, sobre todo tras el apagón del año pasado, ha vuelto a colocar a la nuclear en una buena parte del imaginario colectivo como una energía imprescindible.

El informe encargado por Greenpeace, escrito por Eloy Sanz, director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, y Víctor García, de la Universitat Politècnica de Catalunya, desmonta, entre otras, esa última teoría. El estudio, «más técnico y más quirúrgico» de lo que suele ser habitual en el mundo ecologista, como explica Francisco del Pozo, responsable de gas fósil en Greenpeace España, se ha centrado en módulos eléctricos y económicos, y llega a una conclusión contundente: el cierre programado es viable, más eficiente, más barato que la prórroga y más limpio tanto en términos de emisiones CO2 como en lo que respecta a la reducción de residuos nucleares. 

Hablamos con Del Pozo sobre lo que dicen los números. Y sobre lo que esconden los relatos.

Si hubiera que escoger una o tres ideas extraídas del informe como argumentos para rebatir a quienes aún defienden la prórroga, ¿con cuáles te quedarías?

Lo más importante es desmontar una sensación bastante fomentada —y diría que artificial—, la de que «no podemos vivir sin nuclear» y que, si cierras Almaraz, te condenas al gas.

El primer mensaje es que sí se puede sustituir la producción de Almaraz 1 y 2 con renovables, sin necesidad de arrancar más ciclos combinados. Puede haber un periodo transitorio —quizás un año en el que suban algo las emisiones al cierre del segundo reactor—, pero a partir de 2029–2030 la curva es clara: baja el uso de gas y bajan las emisiones. Las renovables son capaces de sustituir a la nuclear. Evidentemente, el desarrollo de baterías, que se espera que despegue a partir de este año, será muy importante en este sentido.

Derivado de esto llega el segundo mensaje, que es el que llega directo al bolsillo. Al necesitar quemar menos gas —que es lo más caro—, baja el precio mayorista. Si continúa el despliegue de renovables como hasta ahora con el cierre nuclear se  reduce el uso del gas entre 2029 y 2033, podríamos llegar a un ahorro sustancial en la factura en torno a 3.800 millones de euros en 2033. 

Y el tercer mensaje, evidentemente, es la bajada de las emisiones. Estas tres ideas son las que han de llegar a la ciudadanía. 

Aunque, como dices, el sistema pueda reemplazar holgadamente la producción de Almaraz con renovables, sigue muy extendida la idea de que la nuclear es esencial, sobre todo desde el apagón del año pasado. ¿Ha fallado la comunicación y la pedagogía sobre cómo funciona el sistema eléctrico?

Se ha usado de forma sesgada una realidad: las nucleares generan mucha electricidad (alrededor del 20 %). Y se ha mezclado con una interpretación errónea del apagón, como si hubiera sido un problema de falta de energía.

Pero el apagón no fue por falta de energía, fue por una perturbación mal gestionada  por  algunas plantas que pese a ser su labor, fallaron a la hora de regular la tensión… En definitiva, es un tema mucho más complejo. En redes sociales se ha contado una historia fácil e interesada, pero no real.

Y además hay un punto clave: la nuclear no tuvo un rol relevante ni para frenar la oscilación ni para recuperar el sistema. Las nucleares no están diseñadas para eso, no son capaces de hacerlo. Tienen tantas limitaciones por seguridad que no son buenas para regular tensión ni para recuperar la red. Cuando hay un problema eléctrico, la prioridad es su seguridad: se encierran sobre sí mismas y, de hecho, pasan a  demandar energía del sistema para mantener refrigeración. Y si paran de forma brusca, tardan semanas en volver a producir.

Entre la realidad y el relato, hay una distancia enorme.

¿Contar con ejemplos como Alemania, donde el suministro siguió cubierto tras cerrar nucleares, puede ayudar a los escépticos?

Puede ayudar, pero hay que contarlo bien. Alemania tuvo un periodo transitorio en el que quemó más carbón, sí, pero ahora el sistema posnuclear es más verde que el que tenía antes. Si haces los deberes —y España los está haciendo en este sentido—, el argumento principal no es «esto será un caos», sino lo contrario: el cierre de nucleares no implica ni caos ni más emisiones.

Lo importante es entender el modelo: si hay planificación, inversión y despliegue renovable, la seguridad de suministro está cubierta. Y, además, hay otro efecto clave que el informe subraya: la señal al mercado. Si mantienes el calendario de cierre, el sector privado ve un hueco y acelera inversiones en renovables. Si cambias de opinión y prorrogas, paralizas inversión y pierdes credibilidad en tu planificación energética. Porque las inversiones se mueven por señales. Si el mercado cree que esa nuclear se va, hay hueco para entrar con renovables y almacenamiento. Si el Gobierno cambia el mensaje y deja caer que la nuclear se queda, esa oportunidad se reduce o se desplaza.

Nosotros hemos calculado pérdidas de inversión del orden de 26.000 millones de euros en renovables y almacenamiento hasta 2033 en algunos escenarios. Eso no es una batallita ideológica, es economía pura.

El informe señala que una prórroga podría implicar más emisiones de CO₂ por mayor uso de gas en ciertos escenarios. ¿Es clave desmontar también la idea de que el gas es una energía verde o de transición limpia?

Totalmente. Con Putin parecía que el relato de «dependemos demasiado del gas» lo íbamos a ganar: porque es tóxico por clima, por geopolítica y porque está en manos de pocos actores, y encima controlados por oligarcas en muchos casos. 

En el caso de España, dependemos de suministradores como Argelia, Rusia, Estados Unidos y Catar; y, además, hay un paralelismo del que se habla menos: la dependencia del uranio. Gran parte de este mineral viene o pasa por países y empresas de la órbita rusa, por lo que no controlas esa cadena de suministro.

Así que, incluso sin hablar del clima, en lo que respecta a autonomía energética, el gas y el uranio son mala idea. La agenda verde europea se sostiene cada vez más sobre esa palabra: independencia. Y sobre otra: no financiar guerras.

Otro mito: que la nuclear es barata. El informe habla de sobrecoste para la población (lo que Eva Saldaña definió en la presentación del informe como «socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios»). ¿Explicar el impacto en la factura puede ser decisivo para recuperar el apoyo ciudadano?

Sí, porque el bolsillo es una puerta de entrada muy poderosa. Y, además, hay un punto importante: el informe ni siquiera entra a fondo en el objetivo último de las empresas, que es la rebaja fiscal. Es decir: socializar sus externalidades.

La energía nuclear tiene externalidades muy altas: riesgo, gestión de residuos durante miles de años, desmantelamiento… Y hay un fondo (Enresa) que se financia con tasas que pagan las eléctricas por cada MWh nuclear producido. El problema es que, incluso así, nosotros creemos que no es suficiente: tendrían que pagar más para asegurar que generaciones presentes y futuras no tengan que escatimar en seguridad para la gestión completa de todos sus residuos. En definitiva, quien contamine, que pague. 

Y luego está lo esencial: si prorrogas, no solo entras en una discusión de impuestos. Es que estás pervirtiendo la transición y evitando que la sociedad se beneficie de energía más barata: la renovable. Ahí está el coste real de la prórroga.

En la comarca de Almaraz existe preocupación real por el impacto económico y el desempleo que puede generar el cierre. ¿Qué postura adopta Greenpeace ante esas inquietudes?

Lo primero es poner los números en contexto. Circula mucho la cifra de 4.000 empleos en riesgo, pero el cierre nuclear no es similar al cierre, por ejemplo, de una fábrica que manda a todo el mundo a casa de inmediato.

El desmantelamiento nuclear dura más de 15 años. Es un trabajo super específico, técnico y relativamente bien pagado. Y la gestión de residuos dura más aún. Muchas personas que hoy trabajan allí van a tener trabajo durante años, incluso se jubilen ahí . 

Y, a la vez, hay algo que se está ignorando: lo que está en riesgo por sostener la nuclear es un sector mucho más intensivo en empleo, que es el renovable: solar, eólica, baterías, redes… Ahí hay futuro.

Además, defendemos una transición justa: si hay que instalar fábricas o hubs de paneles, baterías o componentes, tiene sentido que estén en comarcas que han asumido el riesgo nuclear durante décadas. 

Y un punto más: la propia gestión de residuos y los almacenes vinculados al cierre también implican ingresos para los municipios, por lo que van a mantener sus proyectos de desarrollo intactos. Por eso, el relato de o Almaraz o el caos no describe bien lo que ocurre después.

Pese a todos esos argumentos, aún hay resistencias. ¿Qué falta para explicarlo mejor a la ciudadanía?

Falta contar que esto no es solo tecnología, es un tema de poder. Las renovables no pueden entrar si no se va la nuclear.

Ese 20 % que aporta la nuclear está en manos de tres o cuatro grandes empresas. Un sistema renovable, en cambio, tiene muchos más actores: empresas diversas, autoconsumo, comunidades energéticas… es un sector más abierto, más distribuido.

Por eso hablamos del efecto tapón: con la demanda actual, las renovables compiten por el mismo hueco que ocupa la nuclear, mientras el gas sigue haciendo de balance. Si la nuclear no sale, cuesta más que entren renovables.

Y, además, está el cambio de paradigma: el sistema va hacia lo descentralizado, lo inteligente, lo híbrido. En ese modelo, la nuclear encaja mal: no sigue la curva, no es flexible y cada subida/bajada genera estrés en equipos viejos y aumenta costes.

Es un dinosaurio de un sistema centralizado que está desapareciendo. Y también es, en parte, el último canto de cisne de un oligopolio que se resiste a perder hegemonía.