Petroleras como Energy Transfer están usando tácticas legales como arma para silenciar a cualquiera que abogue por un futuro justo, verde y pacífico: las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP). Estas ofensivas en los tribunales están siendo empleadas por algunas corporaciones con la intención de suprimir la libertad de expresión y limitar el poder popular.

Tanto Greenpeace como muchas organizaciones de la sociedad civil empleamos la acción directa no violenta para protestar contra las infraestructuras fósiles que destruyen el clima y la naturaleza. En estas acciones suele aparecer las fuerzas del orden para evitarlo. Lo que no estamos acostumbrados es que también nos manden a sus abogados. Esta manera de oponerse a la legítima defensa del planeta y de su gente se está haciendo demasiado común. 

La demanda de 300 millones de dólares

Está previsto que Greenpeace EE.UU. vaya a juicio en Dakota del Norte, demandados por Energy Transfer (ET) –una compañía de combustibles fósiles con sede en Estados Unidos responsable del oleoducto Dakota Access– por casi 300 millones de dólares relacionados con las protestas lideradas por indígenas en 2016 en Standing Rock. Este SLAPP no sólo intenta reescribir la historia de este movimiento liderado por los sioux de Standing Rock, sino que una sentencia desfavorable en el juicio podría resultar destructiva para Greenpeace en los EE. UU. y tener impactos generalizados para el movimiento por la justicia climática en todo el mundo.

El SLAPP de Energy Transfer contra Greenpeace puede sentar precedente y aplicarse contra cualquier resistencia o cualquiera que critique a una corporación. Veamos un poco más a fondo la SLAPP y por qué es tan importante para todos nosotros.

La verdadera historia de Standing Rock

En 2016, el mundo entero quedó cautivado por la resistencia liderada por la tribu Standing Rock Sioux contra el oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL). Decenas de miles de personas, incluidos miembros de más de 300 naciones tribales, viajaron para proteger el agua y mostrar solidaridad con Standing Rock. En octubre de 2016, representantes de las Naciones Unidas visitaron Standing Rock y expresaron su preocupación por la soberanía indígena.

El Oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL), propuesto por Energy Transfer y sus socios en 2014, habría transportado petróleo crudo desde el campo petrolero Bakken de Dakota del Norte hasta Illinois, y luego hasta la costa del Golfo de Estados Unidos. DAPL fue parte del auge del fracking que comenzó en la región en 2008 y que también impulsó la construcción de terminales de exportación de petróleo y otras infraestructuras. Todo para encadenarnos aún más a los combustibles fósiles, dañar a las comunidades cercanas y destruir nuestras posibilidades de cumplir de los objetivos del Acuerdo de París.

Desde el principio, los miembros de la tribu Standing Rock Sioux, junto con otras naciones sioux, se opusieron al oleoducto. El presidente tribal Dave Archambault puso el oleoducto en una perspectiva histórica: “Ya sea oro de Black Hills o energía hidroeléctrica de Missouri o oleoductos que amenazan nuestra herencia ancestral, las tribus siempre han pagado el precio de la prosperidad de Estados Unidos”.

A partir de abril de 2016, los miembros tribales establecieron campamentos de oración cerca del cruce de agua propuesto, y los jóvenes Protectores del Agua organizaron una carrera de relevos de 500 millas para entregar una carta al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. En julio de 2016, Standing Rock presentó una demanda contra el Cuerpo del Ejército de EE. UU. para bloquear la aprobación del oleoducto.  A medida que la construcción de la “Serpiente Negra” se acercaba cada vez más al río en el verano y el otoño de 2016, las crecientes protestas contra el oleoducto captaron la atención nacional y luego mundial.

Luego, en noviembre de 2016, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Si bien la anterior administración de Barack Obama había rechazado la solicitud de acceso terrestre para el oleoducto presentada por Energy Transfer en diciembre de 2016, uno de los primeros actos de Trump fue aprobar el oleoducto. La directora ejecutiva de Energy Transfer, Kelcy Warren, había donado recientemente 250.000 dólares para su toma de posesión y luego donó 10 millones de dólares para el esfuerzo de reelección de Trump en 2020. La construcción se completó y el oleoducto entró en funcionamiento en junio de 2017.

Aunque el petróleo fluía, la tribu Standing Rock Sioux no había terminado de luchar. Su demanda continuó y, en 2020, un juez federal de EE. UU. ordenó al Cuerpo del Ejército realizar una Declaración de Impacto Ambiental completa en el cruce del oleoducto. Sin embargo, no se cumplió la orden de cerrar el oleoducto. Hoy en día, la tribu sioux de Standing Rock sigue exigiendo que “el Cuerpo cierre el oleoducto y lleve a cabo una revisión ambiental adecuada, no una preparada por la industria de los combustibles fósiles”.

Energy Transfer quiere venganza, no justicia

La lucha contra el DAPL aún continúa, pero las protestas de Standing Rock de 2016 y 2017 fueron poderosas muestras de resistencia al poder corporativo que claramente sacudieron a las grandes petroleras. Desde 2016, se han promulgado amplias leyes contra las protestas contra la infraestructura fósiles en 18 estados de EE. UU. En todo el mundo, las estrechas relaciones entre entidades de combustibles fósiles y funcionarios gubernamentales han tenido éxito en reducir el espacio democratico y aumentan las consecuencias de participar en protestas pacíficas. 

La demanda inicial de Energy Transfer de 2017, un escrito descabellado que, entre otras cosas, afirmaba que Greenpeace y no la tribu Standing Rock Sioux o los protectores del agua indígenas estaban detrás de las protestas, fue desestimada por un juez federal de EE. UU. en 2019. Pero Energy Transfer volvió a presentar la demanda en el tribunal estatal de Dakota del Norte con muchos de los mismos argumentos de mala fe.

En 2017, la directora ejecutiva de Energy Transfer, Kelcy Warren afirmó en una entrevista que la demanda buscaba «dejar sin financiación» a Greenpeace, y en otra afirmó que su «objetivo principal» no era recuperar daños monetarios sino más bien enviar un mensaje “esto no se puede hacer, es ilegal y no es tolerable en Estados Unidos”.

Es más, esta demanda puede haber sido parte de un esfuerzo coordinado para perseguir a Greenpeace en particular. El mismo bufete de abogados que presentó la demanda ET había presentado el año anterior una demanda SLAPP similar contra Greenpeace en nombre de Resolute Forest Products. Greenpeace finalmente ganó esa demanda directamente en 2023; el caso se resolvió en 2024 después de casi una década de litigio. La firma en cuestión – Kasowitz Benson Torres, fundada por uno de los abogados personales de Trump – dijo a Bloomberg que estaban “en contacto con otras compañías” que estaban pensando en demandar a Greenpeace.

This @EnergyTransfer pipeline explosion injured at least 4 people and ignited a nearly 4-day fire, causing nearby homes and businesses to be evacuated.

They're trying to shut us down with a $300 million lawsuit because they want to silence their critics.https://t.co/3QrF5gnX47 pic.twitter.com/lFse1x7VDE

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) September 20, 2024

Mientras Energy Transfer pierde el tiempo en intentar silenciarnos, la semana pasada, una fuerte explosión en uno de sus oleoductos provocó un gran incendio que hirió al menos a cuatro personas. Este incidente, y la débil respuesta posterior de la empresa, demuestra que la petrolera prefiere centrar sus esfuerzos en atacar al ecologismo a invertir en hacer que sus operaciones sean seguras para las personas y el planeta, y esto nos anima aún más para seguir denunciar los daños.

SLAPP vs. el poder del pueblo

Como todos los SLAPP, la actual e infundada demanda de 300 millones de dólares de Energy Transfer contra Greenpeace es un ataque a dos valores democráticos fundamentales: la libertad de expresión y la protesta pacífica. Una sentencia desfavorable en este caso podría tener repercusiones nefastas para otros activistas que organizan protestas pacíficas o critiquen a una corporación.

El informe “SLAPPed pero no silenciados: Defendiendo los derechos humanos frente a riesgos legales” publicado en 2021 por el Business & Human Rights Resource Center, documentó 355 casos legales en todo el mundo que llevaban el sello de SLAPP desde 2015. Estas demandas por intimidación se presentaron o fueron iniciadas por actores empresariales contra organizaciones o individuos y grupos relacionados con su defensa de los derechos humanos o del medio ambiente. 

Desde hace más de 50 años, Greenpeace actúa en defensa de las personas y del planeta.  Y así tenemos la intención de continuar a pesar de los intentos de las grandes corporaciones y del poder público por silenciarnos.