El pasado martes el Consejo de Ministros y Ministras aprobó la declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. Esta declaración marca una de las prioridades de esta legislatura y da un claro mensaje sobre la necesidad de actuar en todos los sectores de la economía así como de proteger la biodiversidad y los recursos naturales. La declaración consta de 30 medidas que incluyen 3 nuevos planes, 5 nuevas leyes y 8 estrategias. Desgranamos las principales líneas.

Medidas para los 100 primeros días

La declaración quiere vencer la resistencia a establecer las medidas contra el cambio climático y para ello establece cinco puntos prioritarios para los primeros 100 días de Gobierno: la Ley de Cambio Climático, la Estrategia de Descarbonización para 2050, El Plan de adaptación, la participación ciudadana y la transición ecológica justa.

Desde Greenpeace valoramos positivamente la priorización que da el Gobierno a la presentación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, así como los avances en la incorporación en la ley de otros sectores como el agrario (con el objetivo de que sea neutro en CO2 equivalente), la especificación de un parque de turismos y vehículos comerciales de emisión cero, la necesidad de medidas de fiscalidad, presupuestarias y financieras compatibles con la emergencia climática y la mención específica a la perspectiva de género de la Ley.

Sin embargo, también detectamos que, a pesar de priorizar la emergencia climática, siguen apareciendo medidas que indican muy poca ambición y nos alejan del cumplimiento del Acuerdo de París, como el logro de un sistema eléctrico 100% renovable para 2050 -objetivo que se debería conseguir ya en 2030- o los objetivos de reducción de emisiones planteados.

En este sentido la ley debería contemplar la descarbonización completa de la economía en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990. Esto mismo debería ocurrir con el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC), cuyo borrador sólo preveía la reducción del 20%. De permanecer estos números así, la declaración de emergencia tendrá un escaso impacto real sobre el cambio climático. Mientras, el coste económico de la inacción será infinito.

Es muy importante que se plantee una senda de descarbonización a largo plazo, un debate que ya está abierto en la Unión Europea. Sin embargo, el horizonte 2050 queda demasiado lejos y los países europeos debemos asumir alcanzar la descarbonización completa de nuestra economía no más tarde de 2040, para lo cual no podemos dejar más de la mitad del trabajo para después de 2030.

Objetivos como el de un parque automóvil de 0 emisiones necesitan que los vehículos con motor de combustión interna dejen de comercializarse antes de que termine esta década.

La participación es otro de los ejes prioritarios para estos 100 días y por ello valoramos de forma positiva la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático paritaria que incluya al movimiento ecologista y demás movimientos sociales. Esta asamblea debería servir para articular los procesos de participación pública que exige la normativa europea, sin menoscabo de los órganos ya existentes como el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) o el Consejo Nacional del Clima (CNC).

Otro de los puntos estratégicos es la presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación. La declaración señala las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza. Esperamos que se siga avanzando en medidas previas para evitar los peores impactos del cambio climático poniendo en valor la conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales protegidos tal y como indica también la declaración.

La quinta prioridad para los 100 días se centra en la transición ecológica de la economía. El documento marca la necesidad de transversalizar e incorporar en la lucha contra el cambio climático a todos los sectores; todo ello en un contexto de transición justa que tendrá que ser dotado de planes y presupuestos específicos para hacerlo realidad.

En este sentido, los próximos Presupuestos Generales del Estado nos darán la clave sobre dónde se centran las prioridades. Ante una emergencia climática necesitamos un cambio de modelo productivo y los PGE son una excelente herramienta para articularlo.

Líneas prioritarias a seguir

La declaración desgrana además 25 líneas prioritarias, con mayor o menor grado de concreción, y de las que nos gustaría destacar por su compromiso algunas relacionadas con la movilidad sostenible: como la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, o la obligatoriedad a los municipios de más de 50.000 habitantes para que establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente. Falta definir qué medidas se van a tomar para frenar el crecimiento del transporte aéreo.

Acabar con los beneficios fiscales a productos energéticos fósiles (no solo nuevos, sino los existentes, que no basta con analizarlos o revisarlos), la no autorización de más proyectos de nuevas prospecciones y extracciones de hidrocarburos (con técnicas convencional o mediante fracking, que debería hacerse extensiva a las licencias que ya se hayan otorgado) o el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030, son otras de las medidas que destacamos.

Estas líneas prioritarias señalan también la importancia de la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética además de una especificación para luchar contra la pobreza energética.

También se plantea adoptar una Estrategia de Economía Circular y una Ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso y alcance «residuo cero» en el horizonte 2050. En este sentido esperamos que esta ley se concrete a lo largo de la legislatura en un objetivo ambicioso de reducción e implemente un sistema de depósito, devolución y retorno de envases, y la reutilización como claves para lograr esa reducción.

El sector de las finanzas también tiene su lugar en la declaración y, como primer paso, se quiere elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles. También se quiere fomentar la coherencia de las inversiones públicas y políticas comerciales y de cooperación al desarrollo con los objetivos de París.

Siguiendo esta línea estratégica, uno de los primeros pasos sería apoyar la suspensión de las negociaciones para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, hasta que no incorpore el Acuerdo de París y los derechos humanos, además de la aprobación de una Ley de Diligencia Debida en el Congreso.

Pero la declaración de emergencia no solo es climática sino también ambiental. El texto de la declaración especifica claramente las importancia de los servicios que nos proporcionan los ecosistemas y quiere fortalecer el vínculo entre las políticas de desarrollo rural, las medidas relacionadas con la biodiversidad, el reconocimiento de servicios ambientales, la transición energética y las actuaciones para el reto demográfico. Esta conservación de nuestra biodiversidad es fundamental y debe ser prioritaria junto con las políticas energéticas anunciadas.

Pero necesitamos medidas concretas que tengan en cuenta el estado de abandono de la tierra, los monocultivos y los problemas de la ganadería intensiva (entre ellos la urgente necesidad de reducir las emisiones de GEI y amoniaco y cumplir con la Directiva de Nitratos), la sequía, los latifundistas que reclaman una gestión del agua para unos pocos, la ausencia de gestión del monte -que lo hace más inflamable y con mayor riesgo a incendios de alta intensidad-, la gestión del riesgo y la emergencia ante los episodios de incendios, o la necesaria reforma de la Ley de Costas.

Estamos en emergencia climática y ambiental y esta declaración marcará la hoja de ruta de la legislatura. Desde Greenpeace seguiremos trabajando para que haya objetivos más ambiciosos y medidas que garanticen los cambios urgentes necesarios para no superar los 1,5 grados y se acabe con la crisis de biodiversidad.