Justo hace dos días os contaba lo importante que es buscar la armonía entre la necesaria expansión de las renovables y el cuidado de la biodiversidad, el territorio y las personas que vivimos en él. Así se crea una convivencia positiva entre las renovables y los vecinos y vecinas.

El despliegue de las renovables (al igual que el de la eficiencia energética, by the way) está siendo demasiado poco ágil con papeleos que pueden durar incluso 5 años. Esto es un problema, está claro. Y necesita soluciones. 

¿Y cuál fue la brillante idea del Gobierno? Vamos a dejar que algunos proyectos puedan acortar muchísimo la evaluación de impacto ambiental y eliminar la participación pública. ¡MAL! ¡Nooooooooo!

Nosotros la llamamos “tramitación ambiental exprés”. El BOE la llama “determinación de afección ambiental”. Ha tenido bastantes cambios por el camino pero ya ha pasado el tiempo suficiente para valorar qué tal le ha ido a este truquito: 20 meses. Vamos a ver. 

Nos hemos puesto a analizar todos los proyectos que han pedido la tramitación ambiental exprés para ver quién, dónde y cuánto se está aprovechando de ella. 

Para empezar es necesario distinguir entre dos versiones de la tramitación ambiental exprés: la “limitada” y la “sin límites”. El Gobierno empezó limitando este proceso rápido solo a zonas de baja y media sensibilidad ambiental y potencias inferiores a 75 MW para eólica y a 150 MW para fotovoltaica). La sociedad se quejó y se redujo a las zonas de baja sensibilidad (¡BIEN!). Lo malo es que no conseguimos reintroducir la participación pública… (¡MAL!). 

Pero pasó el tiempo y al Gobierno, bajo presión por encontrar soluciones ante el encarecimiento de la vida por nuestra dependencia del gas, no se le ocurrió otra cosa que decir: bah, vamos a dejar que se pueda hacer la tramitación ambiental exprés en todo el territorio de España a excepción de las zonas protegidas y del mar, y da igual qué tamaño tenga la planta (ya véis porque la llamo “sin límites”). En ese momento lo denunciamos muchísimas organizaciones pero no conseguimos que se eliminara.

¿Resultados?

1. La tramitación ambiental exprés, en sus dos versiones (“limitada” y “sin límites”) no ha conseguido su objetivo de agilización masiva de la tramitación de los proyectos de renovables, pero ha sentado un precedente peligroso: se acepta como mal menor el recorte de la participación social y las garantías ambientales. Especialmente en el caso de la versión “sin límites” donde el riesgo es mucho mayor. 
2. De hecho se han tramitado (qué no aprobado) 8 proyectos al mes por vía exprés. Solo una cuarta parte de los proyectos ha requerido la tramitación ambiental exprés “sin límites”. Vamos, muy poquitos. 
3. Todos los proyectos que se han aprobado, hasta finales de diciembre de 2023, están completamente ubicados en zona de baja sensibilidad ambiental y dentro de los límites de potencia establecidos inicialmente. 
4. Pero hay al menos 11 proyectos que no podrían haber sido tramitados bajo la versión “limitada”. Aunque seguramente, haya muchos más por la falta de información transparente al respecto. Aún no se sabe si tendrán el OK ambiental o no, pero es un riesgo muy grande que queda para abordar de forma urgente.
5. Y ojo, no todo el mundo se aprovecha de igual manera de este atajo ambiental y de excluir a la sociedad de las decisiones:
   • Hay empresas que claramente han aprovechado más de la tramitación ambiental exprés: Iberdrola, Capital Energy, Ignis Energía, Acciona y el Grupo Édora. Los primeros en aprovecharse fueron los grupos Capital Energy e Ignis Energía. 
   • Las dos Castillas no solo acumulan más solicitudes (el 56 %), sino que además, los proyectos tienen más probabilidad de obtener la luz verde ambiental a través de esta vía exprés que en otras Comunidades. 
   • Y en el primer mes desde la aprobación de la tramitación ambiental exprés “limitada” ha sido el periodo boom de peticiones, con el 40% de todas las solicitudes realizadas hasta finales de 2023. O sea, la tramitación “sin límites” no tuvo tanto éxito de público como la versión “limitada”.

Hay que buscar urgentemente alternativas para agilizar la transición que no lleven a perder las garantías ambientales y la participación ciudadana. Hay opciones como la digitalización de los trámites, creación de ventanillas únicas, mejorar la coordinación entre administraciones y una planificación territorial para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas y de alta sensibilidad ambiental. 

Los primeros 20 meses de tramitación ambiental exprés nos han enseñado que nada justifica la eliminación de la participación pública, ni siquiera en las zonas de baja sensibilidad ambiental. Mucho menos transformar todo el territorio no protegido en zonas de aceleración sin las necesarias garantías ambientales.

Justo  antes de ayer la Vicepresidenta Teresa Ribera prometió en el Parlamento que consultará a todos los actores para «consolidar un despliegue ordenado de desarrollo de renovables» e identificar las «mejores prácticas» para que las renovables beneficien a los territorios. Pues, señora Vicepresidenta, la tramitación ambiental exprés es enemiga de esas buenas prácticas que, justamente, busca promover y queremos su eliminación urgente.

 Por un despliegue de renovables justo y sostenible.

¡FIRMA LA PETICIÓN!