A nadie le cabe duda de que la gestión de esta crisis sanitaria ha exigido la adopción de medidas extraordinarias, aquí y en todo el planeta. Esto, en nuestro país, se ha traducido en la movilización general de todos los recursos sanitarios públicos, a la que se ha sumado también el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ejército, con atribuciones sin precedentes en nuestra historia reciente. También ha supuesto la limitación de algunos derechos fundamentales, como el de la libre circulación, restricción necesaria para garantizar el éxito de las medidas de contención de la pandemia.

Manifestación por el clima en Girona, marzo de 2019. ©Greenpeace/Sandra Lazaro

Se puede pensar que, en momentos de emergencia como los que estamos viviendo, la suspensión de los derechos civiles y las libertades democráticas es un asunto menor, en comparación con el objetivo prioritario de la seguridad de toda la población; que el ejercicio de los mismos puede esperar a momentos de mayor tranquilidad y paz social. Sin embargo, más bien al contrario, es precisamente en estos momentos de excepcionalidad en que los mecanismos de control de las garantías democráticas han de funcionar con mayor contundencia. La historia nos demuestra que los retrocesos en derechos y libertades se presentan siempre como medidas temporales de excepción y que se tornan permanentes con el paso del tiempo, dejando tal huella en la cultura de un país que acaban por convertirse en la “nueva normalidad”. 

Apenas un mes después de los atentados del 11S, que supusieron un antes y un después en la concepción de la seguridad en todo el mundo, el parlamento estadounidense, en pleno shock, aprobó por abrumadora mayoría la Patriot Act. Esta ley, en nombre de la seguridad y la guerra al terrorismo, supuso un importantísimo recorte de libertades y un aumento drástico de las penas de prisión, otorgando al Estado un incremento de las facultades de vigilancia y control de la población inéditos en cualquier democracia. A pesar de que era una “ley de guerra” temporal, la Patriot Act permanece prácticamente intacta 18 años después y forma ya parte de la idiosincrasia del sistema norteamericano de gobernanza. 

En España, la inestabilidad social derivada de la crisis financiera de 2008 cristalizó en el ciclo de movilizaciones iniciado por el movimiento 15M, en las plazas de aquel mayo de 2011. Con la ciudadanía en las calles y un clima de contestación social creciente, el gobierno del momento, con mayoría absoluta en el parlamento, promulgó la conocida como Ley Mordaza que, junto a la reforma del Código Penal y en nombre de la “seguridad ciudadana”, practicaba el mayor recorte de libertades de la historia democrática de nuestro país. Esta ley entró en vigor en julio de 2015, con la firme oposición de la práctica totalidad del resto del arco parlamentario (que se comprometió a derogarla en cuanto tuviese ocasión), una fuerte crítica por parte de la sociedad civil y el pronunciamiento de diversos organismos internacionales, preocupados por la deriva autoritaria que suponía. 

Manifestación el día antes de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. ©Greenpeace/María Gomez

Pues bien, cinco años y más de 300 millones de euros en sanciones después, la Ley de “seguridad ciudadana” continúa intacta y el discurso en su contra es cada vez más tenue. Y no sólo sigue vigente, sino que vive un momento pletórico desde que fue decretado el estado de alarma. Enarbolando la misma bandera securitaria que los que la promulgaron antaño, la Ley mordaza ha resultado ser el soporte legal utilizado por los mismos que prometieron derogarla para “garantizar la seguridad de la población” frente al virus. Con cerca de 800.000 sanciones (más que en todos los años precedentes juntos) y más de 7.000 personas detenidas, España se ha puesto a la cabeza de Europa en la restricción de libertades durante el coronavirus, justo en uno de los países que ha exigido medidas más duras de confinamiento a su población, con un seguimiento absolutamente mayoritario. 

La crisis del coronavirus está poniendo a nuestras sociedades frente al espejo; aprovechemos la oportunidad para reflexionar sobre las reacciones políticas que se dan en situaciones de excepción. Ante las crisis que están por venir, ya sean derivadas de la actual situación sanitaria o de las consecuencias del cambio climático, no faltarán las voces que agiten los fantasmas del miedo y el enfrentamiento, con la intención de promover una deriva securitaria relacionada con la militarización y el control social, que solo beneficia y apuntala a quien ya tiene más. 

Frente a ese discurso de miedo y de odio, no nos cansaremos de repetir que la auténtica seguridad humana es la que pone en el centro a las personas, la que nos reconoce como seres interdependientes (nos necesitamos) y ecodependientes (necesitamos un planeta sano). Esa es la seguridad que deviene de apostar por el beneficio común y las instituciones públicas, por poner en valor el trabajo y la economía de los cuidados, por cerrar los ciclos naturales y respetar los ecosistemas de los que somos parte. La seguridad que se alcanza con la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo que hemos visto cada día en los barrios y pueblos de este país desde que comenzó todo esto. Que el anhelo de una sociedad más justa, y no más autoritaria, se convierta en nuestra nueva normalidad democrática.