En 1999 la controversia sobre la energía nuclear en Alemania era máxima. La mayoría de la población la rechazaba (Chernobyl había dejado un impacto decisivo) pero el gobierno era abiertamente pro nuclear (Fukushima aún no había sucedido). Al mismo tiempo, la preocupación por el cambio climático iba en aumento, tras la reciente firma del Protocolo de Kioto. Y el sector eléctrico estaba en plena liberalización, con la creación de comercializadoras independientes con las que los consumidores podían elegir su proveedor de energía.

En ese contexto, Greenpeace Alemania se planteó promover una solución para las tres cuestiones, basada en el poder de elección y de cambio de la ciudadanía. Preguntó a sus socios si se apuntarían a una comercializadora de electricidad que les asegurase que el dinero que pagaban por la electricidad que consumían no iba a usarse para comprar energía nuclear ni fósil, sino a promover la puesta en marcha de nueva energía renovable (no a revender la energía renovable que ya existía), que se usaría para garantizar una cobertura completa de la demanda de electricidad de los consumidores en todo momento. Ante el entusiasmo que despertó la idea entre los socios de Greenpeace, la asociación ecologista desarrolló unos criterios estrictos para lo que se consideraría un suministro eléctrico 100% renovable y, tras comprobar que ninguna de las comercializadoras existentes cumplía íntegramente esos criterios, se decidió a promover su propia comercializadora.

Así nació Greenpeace Energy, que adoptó la forma de cooperativa, gobernada de forma independiente por las personas que se unieron a ella, y en la que la asociación Greenpeace tenía una participación simbólica pero crucial: a través de un contrato cedía a la cooperativa el uso del nombre de Greenpeace mientras la cooperativa cumpliese estrictamente los criterios de Greenpeace para un suministro eléctrico 100% renovable. El funcionamiento de la cooperativa era autónomo e independiente de Greenpeace, puesto que la asociación en todo el mundo no admite ingresos provenientes de empresas ni gobiernos. La única contraprestación económica venía obligada por la legislación alemana, por la que el permiso para el uso del nombre de Greenpeace por parte de la cooperativa obliga a ésta al pago de royalties, vinculados a los ingresos de la cooperativa, porque de lo contrario ese permiso se consideraría una subvención. Ese pago anual era de 40.000 € en 2019.

Tras iniciar su andadura, y tras comprobar que el modelo propuesto funcionaba y era viable, el siguiente paso que dio Greenpeace Energy fue ampliar su actividad de la comercialización a la generación de electricidad 100% renovable. Para ello constituyó una filial, Planet Energy, que se encargaba de la puesta en marcha de las plantas para la producción eléctrica. De este modo, para garantizar su compromiso con los consumidores de que la electricidad que usan procedería de nuevas plantas de generación renovable, la comercializadora ya no se veía obligada a buscar el suministro entre productores independientes, sino que podía recurrir a producción propia.

Planet Energy vendía su electricidad directamente a Greenpeace Energy, y los excedentes que no coincidían con el perfil agregado de la demanda de estos se vendían en el mercado eléctrico, siguiendo la ley de renovables alemana.

El éxito de Greenpeace Energy fue fulgurante, y no solo estuvo desde el principio en continuo crecimiento, sino que inspiró a otras comercializadoras a adoptar modelos y criterios semejantes, demostrando que un suministro 100% renovable para transformar el modelo era viable basado en la fuerza de los consumidores.

Animados por el éxito de Greenpeace Energy, muchos de sus consumidores pidieron poder ser suministrados con energía 100% renovable no solo para su consumo de electricidad, sino también para el gas que usaban para la calefacción. En Alemania, la mayor parte de los usuarios usan gas para calefacción, normalmente gas fósil que además es el mayor consumo energético de los hogares.

Greenpeace Energy analizó las posibilidades y en 2011 decidió probar un nuevo modelo: aprovechar el excedente de electricidad de las plantas eólicas de Planet Energy, cuando la oferta supera a la demanda, para usarla en unos electrolizadores para producir hidrógeno, que usan la electricidad para separar el hidrógeno del agua. Ese hidrógeno se inyectaría en la red de gas, mezclado con el resto del gas, del mismo modo que la electricidad renovable se distribuye a través de las redes eléctricas mezclada con la que se produce con fuentes de energía no renovable. De esta manera, los consumidores que eligiesen ese nuevo producto, llamado proWindgas, pagarían un suplemento para financiar los electrolizadores y así descarbonizar, aunque fuera parcialmente, su consumo de gas. Para hacer esto, Greenpeace Energy se tuvo que registrar como comercializadora de gas, y ampliar su actividad para ser la suministradora de gas a los consumidores del proWindgas. De esta forma, quienes ya eran consumidores de gas veían cómo una parte del gas que consumían empezaba a venir de hidrógeno producido con electricidad renovable, y así quedaba registrado en sus facturas.

Sin embargo, el porcentaje de hidrógeno renovable en el gas que usaban esos consumidores era pequeño, por dos razones: 1) la capacidad de producción de los electrolizadores, una tecnología relativamente joven con una capacidad muy pequeña debido a los altos costos de producción que tenía al principio; y 2) por la gran demanda de esos mismos consumidores, puesto que cada vez más se apuntaron a ese producto. La idea funcionaba técnicamente, pero no conseguía elevar los porcentajes de energía renovable en el gas, ya que la demanda crecía más rápido (por la llegada continua de nuevos consumidores) que la capacidad de producción de hidrógeno.

En un esfuerzo por disminuir la proporción de gas fósil, Greenpeace Energy decidió agregar biogás producido en granjas independientes (que también cumple con los estrictos criterios de sostenibilidad de Greenpeace). De esta forma, los consumidores de Greenpeace Energy podrían reducir aún más la huella de CO2 de su consumo de gas. Si bien el porcentaje de gas no fósil en la mezcla sigue siendo relativamente bajo (pasó del 1% al 11%), Greenpeace Energy trazó un plan para eliminar completamente el gas fósil en el producto hasta 2027. Además, no fue la única solución ofrecida a los consumidores de gas: también se les ofreció ayuda para reducir el consumo mejorando el aislamiento de las viviendas y electrificando la calefacción mediante  bombas de calor eficientes para prescindir del gas.

A finales de 2020, la cooperativa tenía un total de alrededor de 30.000 clientes “proWindgas” y 170.000 clientes de electricidad renovable.

Con el transcurso de los años, tanto la energía nuclear como el carbón han iniciado una senda de declive, acelerado respectivamente por accidentes como Fukushima y por el encarecimiento de los costes del CO2 por las políticas de lucha contra el cambio climático, así como por las campañas ecologistas y por la presión de los consumidores. Tanto la asociación Greenpeace en todo el mundo como Greenpeace Energy en Alemania han contribuido a ello, y eso les ha hecho blanco, con cada vez mayor insistencia, de los lobbies industriales que se oponen a la transición energética.

Pero a diferencia de la nuclear y el carbón, el gas fósil no tiene fecha de caducidad en el horizonte en la mayoría de los países. Por eso Greenpeace decidió intensificar su campaña contra el gas en todo el mundo, y especialmente en Europa. Poner fin al uso del gas, junto al resto de combustibles fósiles, es imperativo para lograr una descarbonización más rápida, en línea con lo que la ciencia indica que es necesario para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC. 

Greenpeace Energy ha puesto fecha de vencimiento a ese producto. Para 2027, no habrá más gas fósil en la mezcla de gas que comercializa. Si bien esta fecha es anterior a la de cualquier otro proveedor, todavía significa que la cooperativa ofrecerá un producto que contenga una porción de gas fósil durante otros seis años.

Para evitar confusiones –tanto involuntarias como intencionadas– y asegurar la máxima transparencia, en 2021 la asociación Greenpeace y la cooperativa energética decidieron formalizar la independencia con una separación no solo operativa, legal y económica, que ya existía, sino también de nombre, por lo que la asamblea de la cooperativa acordó cambiar su nombre a Green Planet Energy a partir de junio de 2021. De esta forma, tras dos décadas de efectiva colaboración, ambas entidades continúan su trabajo de manera independiente, una como asociación ecologista y la otra como cooperativa de suministro energético, con el propósito compartido de la transición a un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable participada por personas.

La participación de Greenpeace en la cooperativa Green Planet Energy se materializa desde entonces como la de un miembro más: De las diez acciones que anteriormente tenía Greenpeace Alemania, solo se ha conservado una acción simbólica, una de las más de 900.000 en poder de los miembros de la cooperativa, para permitir el acceso a la reunión anual de miembros.

¿Evitará eso que intereses ligados a la energía nuclear o al gas fósil ataquen a Greenpeace? Quienes defienden esos intereses, atacan a Greenpeace porque saben que la transición energética que impulsa es imparable. Justamente la historia de Green Planet Energy demuestra que es la determinación de las personas, tanto en su faceta activista como en su faceta de consumidores responsables, la que mueve el cambio. Ningún ataque ni amenaza, aunque llegue a la violencia extrema como llegaron los servicios secretos franceses cuando hundieron al Rainbow Warrior y asesinaron a Fernando Pereira, va a torcer la voluntad de quienes luchan con Greenpeace por un modelo energético libre de la amenaza nuclear y de la emergencia climática. Ni lograrán cambiar los hechos: Greenpeace no vende gas fósil, ni se lucra con su venta, ni pretende hacerlo, ni en Alemania ni en ningún otro lugar.