Este 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es obligado mirar hacia el interior de nuestras fronteras, no para mirarnos el ombligo, sino para señalar a nuestras empresas internacionalizadas que en no pocos casos son cómplices de la violación de los derechos indígenas, incluida la invasión de sus territorios. 

En Brasil, un país con fuerte presencia de empresas del IBEX35, los ataques contra los pueblos indígenas en Brasil se han incrementado casi en un 50% desde la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro. Y la destrucción de sus bosques sigue siendo el icono de la deforestación planetaria. El presente año 2022 está siendo (nuevamente) un año de récord en cuanto a deforestación amazónica. El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) informó a principios de este mismo mes de agosto que entre agosto de 2021 hasta julio de 2022 se han deforestado 8.712 km² de selva, la segunda mayor cantidad de deforestación anual jamás medida por el sistema de alerta DETER-B. 

Después de haber desmantelado las instituciones y legislaciones de protección ambiental, Bolsonaro y el congreso brasileño, están colando nuevos proyectos de ley que están incentivando la destrucción y la emergencia climática. Y este desmantelamiento del aparato institucional y legal que defendía el medio ambiente y a sus habitantes está afectando también a los pueblos indígenas.

[En Brasil] «los ataques contra los pueblos indígenas han aumentado un 50% y 135 líderes han sido asesinados en lo que va de año»

Como reconocía hace apenas unos meses la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Brasil vive una alarmante situación de guerra medioambiental, batiendo cada tanto tristes récords: la tasa de deforestación de la Amazonía se incrementó un 30% entre agosto de 2018 y julio de 2019, la tasa más alta registrada desde 2008; los ataques contra los pueblos indígenas han aumentado un 50% y 135 líderes han sido asesinados en lo que va de año.”

En este contexto, muchas de nuestras empresas “Marca España” no son ajenas a este problema. Venimos reiterando desde hace años que el Banco Santander financia la deforestación en Brasil. Lo saben y lo reconocen, pero se ha puesto como fecha límite 2025 para dejar de sostener a las grandes empresas cárnicas  (JBS, Marfrig, Minerva) que están detrás de la quema de los ecosistemas (selva amazónica, el Cerrado y el Pantanal). La mayor de estas empresas y cliente de Santander Brasil, JBS, afirma que eliminará la deforestación ilegal en la Amazonia en su cadena de suministro -incluidos los proveedores de sus proveedores- para 2025, y en otros biomas brasileños para 2030. Y prometen, no es la primera ni la segunda vez, que la empresa logrará la deforestación cero en toda su cadena de suministro global para 2035. Mientras estas promesas siguen llenando las memorias de sostenibilidad y páginas web, la deforestación sigue desbocada para aumentar la superficie de pasto y el cultivo de soja, afectando a los derechos de los pueblos indígenas.

«El Banco Santander financia la deforestación en Brasil. Lo saben y lo reconocen»

Mapfre y la riada tóxica que mató a 270 personas

Otro buen ejemplo de cómo las empresas españolas internacionalizadas siguen siendo un problema para los pueblos indígenas y su territorio es el caso de Mapfre. Esta aseguradora española formó parte del consorcio de empresas que dieron cobertura a la empresa minera brasileña VALE. En enero de 2019 la rotura de una balsa minera de esta gran empresa minera provocó una riada de 13 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que costó la vida a 270 personas, devastó una ciudad, provocó graves daños al río Paraopeba y afectación directa o indirecta al abastecimiento de agua y obtención de recursos a más de 600.000 personas, incluidas comunidades indígenas. 

El desastre de Brumadinho puso el dedo en la llaga de la mala praxis de esta empresa y en la enorme fragilidad de la “función social” de Mapfre, su responsabilidad social corporativa y su blablablá. Se suponía que su negocio se basaba en garantizar que las actividades en las que se implica son seguras para los trabajadores y la comunidad local, y que es limpia y no daña el medio ambiente. En el caso de la minería brasileña, con más empeño todavía ya que la empresa tenía antecedentes por otros accidentes parecidos, como el de Mariana en 2015. Mapfre, pese a su voluntariosa política de responsabilidad social corporativa, carecía de un proceso adecuado y riguroso de debida diligencia capaz de evitar un accidente como el de Brumadinho.

Los casos del Santander y Mapfre son solo dos ejemplos. Podríamos sumar a la lista el escándalo del Grupo Cobra (antes filial de ACS) en Guatemala o el caso del vertido de Repsol en Perú este mismo año.

Necesitamos leyes, la voluntariedad y la responsabilidad social empresarial han tocado techo hace mucho. Ya no valen. Por eso hay que apelar a nuevos marcos regulatorios, como han hecho ya en otros países europeos. 

¿Qué es la Debida Diligencia?

Para avanzar hacia estas nuevas legislaciones de obligado cumplimiento se abre paso el concepto de Debida Diligencia, que también puede castellanizarse como “deber de cuidado” o “deber de vigilancia”. Consiste en la obligatoriedad de las empresas de tomar todas las medidas razonablemente posibles para evitar la vulneración y daños a los derechos humanos y el medio ambiente, actuando de manera preventiva antes de que se produzca el daño. La debida diligencia en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente puede definirse como la forma en la que la empresa toma noción y afronta los riesgos potenciales y/o reales que surgen de sus actividades en un momento determinado y un contexto operacional dado, y que podrían infringir determinados Derechos Humanos o ambientales de los actores sociales relacionados. También considera las medidas que necesita adoptar la organización para prevenir y mitigar esos riesgos.

En el panorama europeo, en febrero de este año se ha publicado el borrador de la futura Directiva Europea sobre Debida Diligencia. Pero en Francia, Alemania y Noruega ya se han aprobado leyes nacionales, mientras que Austria, Luxemburgo, Finlandia o Reino Unido, tienen procesos legislativos en marcha. Y en España, el gobierno incluyó en el Plan Anual Normativo 2022 una iniciativa de ley de debida diligencia y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha realizado una consulta pública al respecto.

Para impulsar desde la sociedad civil esta legislación Greenpeace España forma parte de la Plataforma por Empresas Responsables, coalición de organizaciones del tercer sector constituida con el objetivo de demandar en España una ley de debida diligencia sobre empresas en materia de derechos humanos y de medio ambiente. 

En el Día de los Pueblos Indígenas, y mientras arden las selvas y las sabanas en Brasil, necesitamos dar impulso a esta nueva legislación. Los actores económicos no nos pueden seguir hablando de responsabildad empresarial, necesitamos leyes de obligado cumplimiento y con régimen sancionador.Para garantizar los derechos indígenas y la vida sobre el planeta.

Como nos recordaba la líder indígena Kreta Kaningang en una visita reciente a varios países de la UE para denunciar las graves violaciones de derechos que sufren y el expolio de sus territorios en el país desde la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, “la amenaza de la deforestación no es para los pueblos indígenas, es para el mundo. Es una guerra contra el mundo y el mundo la debe frenar”.

Retrato de Sônia Guajajara en el Campamento Terra Livre, encuentro indígena de 2019 en Brasilia.