Las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son demandas presentadas por actores poderosos, tales como grandes empresas o despachos, para acosar y silenciar a quienes denuncian alguna irregularidad en favor del interés público. Las víctimas más habituales de estas demandas son las que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en sistemas democráticos: periodistas, activistas, asociaciones, académicos, sindicatos, organizaciones de medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. 

© Nicolas Chauveau / Greenpeace

Estas “demandas mordaza” son el Goliat contra David de los tribunales, ya que utilizan sus cuantiosos medios para asfixiar a través complejos y costosísimos procesos judiciales a colectivos de activistas, periodistas independientes o investigadores, que en ocasiones se ven obligados a abandonar su labor para centrarse durante años en la defensa de un proceso que les podría arruinar. El resultado final es lo menos importante para estos demandantes, porque su objetivo principal es la amenaza y la anulación de la capacidad de reacción de quienes exponen sus críticas. Al fin y al cabo, estas demandas suponen un empleo indebido del sistema judicial con el que estas empresas o despachos amenazan y tratan de silenciar las voces críticas con sus actividades, en muchas ocasiones poco éticas, cuando no relacionadas directamente con la corrupción.

El caso europeo más conocido es el de la periodista y bloguera maltesa Daphne Caurana Galizia, asesinada en 2017 con una bomba lapa bajo su coche. Conocida por su análisis crítico de la realidad sociopolítica de su país, dedicó gran parte de su carrera a denunciar la corrupción institucional y su trabajo fue clave en la investigación sobre los Papeles de Panamá en Malta, que salpicaban al gobierno del primer ministro. Precisamente por este empeño, fue objeto de multitud de demandas por parte de figuras con gran poder en Malta, y en el momento de su asesinato tenía pendientes 47 SLAPP en su contra.

Otros ejemplos recientes de este tipo de “demandas mordaza” en Europa son la difamación de Paypal contra la organización SumOfUs por una protesta pacífica frente a su sede en Alemania, o los veinte juicios del Grupo Bollore contra las ONG Sherpa y ReAct en Francia para que dejen de informar sobre las violaciones de derechos humanos en Camerún relacionados con su actividad de extracción de aceite de palma.

Acción de apoyo a las oficinas de Greenpeace que fueron demandadas por Resolute Forests por su defensa del Bosque Boreal. © Fred Dott / Greenpeace

En Greenpeace conocemos por experiencia propia este tipo de hostigamiento, ya que nuestra propia organización y muchos de nuestros activistas ha sido demandados por muchas empresas de todo el mundo. Un reciente caso conocido es el de las sucesivas demandas que el gigante maderero canadiense Resolute Forest Products ha interpuesto en los últimos años contra varias oficinas y activistas de Greenpeace, en relación con su trabajo de protección de los bosques boreales. En 2019, gracias a las leyes de prevención de SLAPP del Estado de California, la última demanda que quedaba por resolver fue desestimada. Finalmente, este mismo año la empresa ha sido condenada a pagar cerca de 1 millón de dólares en concepto de costas judiciales.

Las SLAPP son una amenaza para la libertad de expresión y la democracia en los países en los que operan. Por ello, necesitamos una legislación que evite que los grandes poderes o corporaciones utilicen los tribunales para silenciar a periodistas, activistas o científicos. En este momento crucial para reconstruir una Europa verde, justa y solidaria, necesitamos reforzar todos los sistemas democráticos que impiden que algunos gigantes sin escrúpulos puedan silenciar a las personas y organizaciones que trabajan para el interés común.

Para conseguirlo, desde Greenpeace hemos promovido una coalición europea de organizaciones de sociedad civil muy diversas. Fruto de esta alianza, hace unos días lanzamos este documento de posicionamiento (en inglés) firmado por más de 100 organizaciones, en la que describimos los peligros que suponen este tipo de demandas y solicitamos a las instituciones europeas una directiva que les ponga coto. Ya en enero, junto a otro grupo de organizaciones, enviamos una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, mostrando nuestro interés de que esta futura legislación proteja también a activistas. 

Este camino acaba de comenzar, y no pararemos hasta lograr que la Unión Europea sea un espacio libre de “demandas mordaza”.

*Ilustración de portada de Electronic Frontier Foundation