Todas las crisis ponen a prueba los pactos sobre los que construimos nuestras sociedades. La crisis de la COVID-19 en la que estamos inmersos no está siendo diferente en este aspecto y, aspiraciones anteriormente indiscutibles como la sanidad universal o la igualdad social, están siendo cuestionadas por algunos discursos políticos y algunas prácticas institucionales.

Esto mismo sucede con respecto a las garantías democráticas que algunos gobiernos del mundo han aprovechado para erosionar, empleando una estrategia política conocida como “doctrina del shock”. Las dinámicas de vigilancia tecnológica y militarización urbana, de represión de voces críticas o de restricción de libertades han encontrado en la gestión de esta crisis sanitaria un vehículo de expansión para fortalecer la progresiva concentración de poder en muchos lugares de la geografía global.

La Unión Europea, habitualmente colocada en el tablero mundial como espacio de salvaguarda de los valores democráticos, no ha sido ni mucho menos ajena a esta tendencia, y las medidas que algunos de los gobiernos europeos han implementado durante la gestión de la pandemia han tensado las costuras que tejen la convivencia democrática en el seno de sus sociedades. En España, solo durante el estado de alarma, se ha impuesto más de un millón de sanciones al amparo de la ley mordaza. Además, la falta de claridad a la hora de permitir o prohibir concentraciones ha generado incertidumbre jurídica.

Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, o el acceso a la información, brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los gobiernos actúen en su mejor interés. No solo cuando enfrentan una crisis de salud pública como la que estamos viviendo, sino también para abordar la crisis climática y ecológica, que suponen el mayor desafío de nuestro tiempo.

Por ello, y con ocasión de la próxima publicación del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, Greenpeace y Liberties hemos publicado el informe Protesta en cuarentena, en el que analizamos cómo las respuestas de algunos gobiernos europeos a la pandemia de la COVID-19 están restringiendo indebidamente el espacio cívico y las libertades ciudadanas.

Es responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembro actuar de forma determinante para proteger y promover la calidad de nuestras democracias, como uno de los pilares sobre los que se debe asentar una Unión Europea que pretenda liderar un futuro mejor para todo el planeta.